AZUCENA AHORA, CONTRA EXGOBERNADORES

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Retirar a los exgobernadores mexiquenses privilegios con cargo al erario como bono, remuneración o personal a su servicio, que vayan más allá de lo señalado en la ley como pensión, liquidación o retiro, propuso la diputada Azucena Cisneros Coss (morena), presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura, a efecto de “contraponer a esa vieja cultura política, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”.

“Poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos, constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente”, expuso.

Lo anterior, al dar lectura a su iniciativa de abrogación del decreto 87 emitido por la 36 Legislatura del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta del Gobierno y con la cual, a su vez, quedaría sin efectos el decreto expedido por el titular del Ejecutivo estatal el 7 de mayo de 1993, en la Gaceta del Gobierno número 86, que establecen que los exgobernadores pueden recibir premios y recompensas, así como apoyos para la preservación de su seguridad y personal para el desarrollo de actividades.

Explicó que el citado decreto del Ejecutivo establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador contarán, al terminar su gestión, con la adscripción por parte del gobierno estatal, de un jefe de ayudantes con categoría de subdirector, un chofer ayudante, tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública y una secretaria.

“Sin duda, la existencia de ambos decretos ha favorecido un tratamiento contrario a derecho; de ningún modo se justifica que, una vez que los gobernadores del Estado de México han concluido con su gestión, se les destine, con cargo al erario, personal para desempeñar actividades ajenas al servicio público”, señaló Azucena Cisneros.

Indicó que en esa situación no solo se advierte un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento de una remuneración más allá de lo señalado por la ley como pensión, liquidación o retiro.

Dijo que la asignación de personal de seguridad para exmandatarios estatales conlleva un tratamiento desigual frente al requerimiento del resto de la ciudadanía, por lo que cuestionó si el personal destinado para esas tareas no sería más necesario para combatir actividades relacionadas con entornos violentos y delictivos de la entidad.

“Una actuación contraria a esto estaría contraviniendo el principio elemental de igualdad ante la ley y perjudicaría el acceso equitativo al derecho más fundamental de la ciudadanía, que es la seguridad”, agregó.

Respecto a la seguridad destinada a exfuncionarios relacionados con actividades de riesgo debido al desempeño de sus cargos, la legisladora consideró que se trata de situaciones excepcionales, las cuales están justificadas, aunque señaló que debe existir una motivación y regulación, como el acuerdo emitido el 3 de diciembre de este año por medio del cual la Fiscalía General del Estado de México actualizó los denominados ‘Lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta’.

En sesión del Primer Periodo Ordinario indicó que si los exgobernadores enfrentan alguna situación de riesgo es obligación del Estado asumir, a efecto de garantizar en condiciones de igualdad, la protección y seguridad como con cualquier ciudadano.

Subrayó que con el arribo de la nueva mayoría parlamentaria de morena representada en la 60 Legislatura, se establece la necesidad de contraponer, a la vieja cultura política que dominó el pasado, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de la igualdad, transparencia y  austeridad que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía.

La legisladora añadió que la exigencia ciudadana obliga a tomar acciones como la abrogación de los mencionados decretos, al considerar que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 2 mil 767 millones de pesos y que el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos.