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DECLARATORIA DE TOLUCA ALIENTA LA DIFUSIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

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La Declaración de Toluca, emanada del Congreso Internacional “Derechos Humanos, Estado Constitucional y Democracia: Los desafíos en un mundo globalizado” organizado por la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de México (Codhem), tiene el objetivo de alentar la difusión, protección y resignificación de los derechos humanos y es la primera aportación de muchas que culminarán en decisiones constructivas cuya ejecución modelará a las instituciones del mañana, destacó el primer Visitador General José Benjamín Bernal Suárez en representación del ombudsperson, Jorge Olvera García.

El documento reconoce la necesidad de solventar la contradicción entre el discurso y la realidad que enfrentan las sociedades, la relación asimétrica entre leyes y asuntos cotidianos; así como fortalecer, ampliar y diversificar los derechos humanos, crear marcos normativos eficaces, políticas públicas pertinentes, prestación de servicios públicos óptimos y priorizar la atención a grupos vulnerables; hace un exhorto respetuoso al gobierno venezolano para que sus leyes salvaguarden la vida, el tránsito, la salud, la libertad y el desarrollo de hombres y mujeres; y al de México para dar urgente atención al fenómeno del feminicidio, adecuado trato a los migrantes y erradicar la discriminación.

Durante la ceremonia de clausura del encuentro internacional, Bernal Suárez señaló que es una iniciativa pionera en su tipo organizada por la Codhem que será refrendada por el Acuerdo firmado por Jorge Olvera García al instituir de manera anual el Congreso, que permitió conocer de la mano de expertos nacionales e internacionales, los derechos humanos desde un punto de vista proactivo y reflexivo, al tomar como parámetro el proceso de globalización.

Durante dos días explicó, se analizaron procesos, modelos de organización, resultados de los sistemas internacionales y regionales y su desarrollo en países como  Francia, España, Colombia, Venezuela y México; se abordaron cuestiones históricas, metodológicas y jurídicas,  y se reflexionó sobre temáticas novedosas de los derechos humanos contemporáneos como el derecho al desarrollo,  laicidad, solidaridad, crímenes de lesa humanidad y la migración.

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, María de los Ángeles Guzmán García, leyó los 17 puntos de la Declaratoria de Toluca, signada por el presidente de la Codhem, y los especialistas participantes Enrique Uribe Arzate, Ramiro Contreras Acevedo, Antonio Colomer Viadel, Carolina León Bastos, Ricardo Zuluaga Gil;  Isidro de los Santos Olivo, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez y Flor María Ávila Hernández.

La Declaratoria destaca que la dignidad humana debe ser el centro de los trabajos del poder público; exhorta a los gobiernos a establecer lineamientos claros de política pública para atender mediante programas de contenido social, los problemas más acuciantes de los habitantes; pide desarrollar un sistema completo y adecuadamente articulado de control de constitucionalidad y de convencionalidad para garantizar las prerrogativas; y las autoridades deben realizar sus actividades públicas con la clara directriz de los derechos humanos.

Ante la violación cotidiana a esos derechos, la Codhem se pronuncia a favor del incremento en las acciones para su atención en la entidad, con acciones preventivas, a través de la educación, promoción y difusión de la cultura de paz; indica también que los distintos gobiernos deben prestar servicios con máxima diligencia y honestidad para garantizar el derecho a una buena administración pública; y el lenguaje debe ser claro para que los habitantes se los apropien.

Precisa que la democracia debe considerar la rendición de cuentas; se requiere un Estado Constitucional fuerte, democrático y solidario por tanto, deben fortalecer los procesos que auspician la pluralidad y diseñar tareas de carácter solidario; el Estado debe impulsar la protección del medio ambiente sano y una acción concreta es el suministro del agua; y exhorta a las autoridades mexicanas a adoptar con carácter urgente, programas para el adecuado tratamiento de migrantes centroamericanos y mexicanos en esa situación de vulnerabilidad.

Los tribunales nacionales y jueces locales deben aplicar con extrema congruencia el control de convencionalidad; los gobiernos deben poner especial atención en los derechos en riesgo como el de debido proceso y a la intimidad, para salvaguardar el honor de las personas; solicita a los gobiernos de América Latina privilegiar la libertad e integridad de los ciudadanos;  y hace un exhorto respetuoso pero firme a Venezuela para que el orden legal sea bajo el derecho del ser humano.

Se pronuncia a favor de la igualdad de trato, oportunidades sin distinción de raza, origen, sexo e ideología, y la urgente atención oportuna y eficaz a grupos vulnerables y grupos minoritarios; llama a México a erradicar todo acto de discriminación, maltrato y agresión y atender el fenómeno del feminicidio, cuya solución está en el ejercicio cultural y educativo; finalmente condena toda ofensa que atente contra la vida en todas sus formas y pugnaron por el diálogo, la reflexión y el entendimiento social.