El olvido del derecho al olvido

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Hace un lustro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estremeció al mundo con el primer caso significativo en el que la industria tecnológica tuvo que responder frente a la justicia sobre las consecuencias de los tratamientos automatizados en la vida de las personas, en la sentencia dictada contra Google Inc. y Google Spain, respecto a una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de Mario Costeja.

A través de esta decisión se sujetó a la jurisdicción de la Unión Europea las acciones por parte de las tecnológicas que realizan tratamientos de datos personales, en muchos casos sin rendir cuentas a nadie, no como una consecuencia de acciones premeditadas sino por la complejidad que representa a las empresas globales a los requerimientos de cada país.

En concreto, el derecho al olvido como fue concebido a partir de dicha sentencia, se refirió a la prerrogativa particular de que los motores de búsqueda de internet como Google o Bing, omitan en sus resultados aquella información relativa a una persona en particular, supuesto que se genera previa solicitud del interesado.

Este derecho surge a partir de los derechos de cancelación y oposición de datos personales, ya que implica que el responsable del tratamiento (Google, Bing, como motores de búsqueda) dejen de realizar el tratamiento (indexar los datos de las personas) y eliminarlos de sus registros al no existir finalidad que justifique su conservación.

La sentencia de manera particular, estableció las bases siguientes:

Que la mecánica realizada por los motores de búsqueda constituye tratamiento de datos personales, supuesto que en principio representan una complejidad conceptual grande, por las características de intermediación sobre la información, lo que también impacta con otras herramientas análogas.

Que cuando una empresa multinacional cuenta con representaciones en terceros países, éstas deben ser sujetas del cumplimiento de obligaciones previstas en los Estados en los que operan y tienen relaciones con habitantes del mismo, más cuando esta tiene carácter comercial.

Que los motores de búsqueda constituyen responsables de tratamiento de datos personales y por ello ante la solicitud que les realicen los titulares y existan las condiciones establecidas para que sea procedente el ejercicio, deben desindexar de los resultados de búsqueda la información relativa a dicho ejercicio de derechos (oposición y cancelación).

Que el ejercicio de este derecho debe realizarse considerando los demás factores involucrados y derechos de terceros que pudieran resultar afectados, ya qué tal como se analizó, mientras no es posible solicitar la eliminación en un medio de comunicación, si en el motor de búsqueda que únicamente permite filtrar y presentar la información.

Esta sentencia no está desprovista de grandes críticas en cuento a su determinación y alcance, y si bien, ha sido ampliamente analizada, consideró que constituye apenas un bosquejo de los Derechos digitales que se empiezan a manifestar, ya que el internet por sí mismo, así como ha llegado a revolucionar y mejorar la vida de las personas también genera afectaciones que son susceptibles de magnificarse por el medio y efectos de la publicidad. Por tanto, no basta con considerar al derecho al olvido como una simple oposición al tratamiento de datos personales, puesto que este derecho se vincula directamente con el consentimiento del afectado, situación que generalmente en este medio es difícil acreditar y/o exigir.

Más allá los conflictos ideológicos creados en las empresas o la pureza de la teoría sobre protección de datos, los efectos de la sentencia no se limitaron a advertir a las grandes tecnológicas sobre la importancia de cuidar los derechos de las personas que en la era digital se presentan como nuevos paradigmas, sino que a partir de ahí se presentaron una serie de medidas de las tecnológicas que implementaron formularios simplificados para ejercer el derecho al olvido de manera generalizada e inclusive, se consideró el derecho al olvido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos desde la perspectiva de la supresión, quedando reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 de la siguiente manera: “2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y este obligado, en términos de lo dispuesto por el apartado 1, a

suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos”.

Sin embargo, en nuestro país nuestra exigencia no se encuentra todavia cerca del alcance que tuvo en el ámbito europeo, ya que además de una mayor sensibilización como sujetos de protección de datos también requerimos una mayor consciencia como consumidores digitales, con la finalidad de que como en Europa, seamos capaces de exigir nuevos derechos donde otros nos los ven.

A través de ello estos nuevos derechos puedan ser comprendidos y expandidos en la colectividad mexicana.