EXIGENCIA DE ABRIR EL GOBIERNO ABIERTO: LA LECCIÓN DE LAS GASOLINAS

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El Gobierno Abierto es cada vez más un recurso conceptual que invocan las administraciones públicas en torno a su actuación, que implica desde ejercicios de transparencia de recursos públicos, evaluación del desempeño y rendición de cuentas, hasta la participación ciudadana, la inclusión, uso de tecnología de uso común, descentralización de trámites y procesos, así como colaboración directa por parte de la ciudadanía en los temas de la agenda pública.

No cabe duda que todas estas expresiones forman parte de dicho concepto, el cual es producto de las inquietudes de la era contemporánea y postmoderna, por dos vertientes, por una parte, la participación ciudadana y su inclusión dentro de la agenda pública que surgió en varias latitudes impulsadas por el derecho de acceso a la información, con expresiones concretas a partir de 1970, como en el caso de Inglaterra en donde se empezó a hablar del gobierno abierto; y, en otra vertiente en esa misma época, con el uso de tecnologías de la información y comunicación en actividades de la administración pública, las cuales empezaron a ser cada vez más comunes en la década de 1980 y socializados a través de un uso extendido y comercial del internet.

A la par de los primeros resultados de modelos de nueva gestión pública, se empezaron a generar las primeras propuestas de gobierno electrónico, las cuales a su vez dieron lugar a las primeras convenciones internacionales del nuevo milenio en materia de conectividad, dado lugar posteriormente a espacios como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Foro de Gobernanza en Internet, con lo que el internet también empezó a intervenir en los modelos de gobierno y gobernanza pública.

Sin embargo, no fue sino hasta 2009, cuando este nuevo modelo de gobernanza empezó a adquirir una dimensión concreta con el gobierno de Barack Obama, que el 21 de enero emitió el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto, en el cual se establecieron la transparencia, la participación y la colaboración como los pilares de actuación de una nueva manera de gobernar, principios que posteriormente serían desarrollados ese mismo año a través de la Directiva para el Gobierno Abierto.

Esta corriente adquirió rápidamente popularidad e interés, llegando a su punto más importante en el año 2011, en el cual se creó la Alianza para el Gobierno Abierto por parte de ocho países fundadores, entre ellos México, que a través de planes de acción promovieron que las políticas públicas tuvieran resultados de impacto en las naciones integrantes, tales como el mejoramiento de servicios públicos; incrementar la integridad pública; la gestión efectiva y eficiente de recursos públicos; creación de comunidades más seguras y el incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector privado, que se vieron traducidos en los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación.

En nuestro país, el gobierno abierto se institucionalizó a partir de su incorporación en el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al establecer que los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Así mismo, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-05, propuso el modelo de gobierno abierto, y mediante el diverso CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/10/2017-06, estableció Criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, así como su Catálogo como referente para los integrantes del Sistema.

El gobierno abierto implica el más alto nivel de apertura hasta el momento, el cual es colaborativo e instrumental, es decir, pretende empoderar a la ciudadanía a partir del aprovechamiento de la información y la habilitación de la tecnología para múltiples aplicativos, disminuyendo la brecha entre la actuación pública y privada en un solo frente que tenga como finalidad y causa común el interés público.

No obstante, a pesar de la institucionalización del gobierno abierto en nuestro país, su método no logra permear en la gobernabilidad cuando las circunstancias lo exigen,  para lo cual tomo el ejemplo de la desorganización causada con motivo de la estrategia de combate a la venta ilegal de combustible implementada por el Gobierno Federal, hecho en el cual, más allá de la planeación de los impulsores de la estrategia, ha revelado la capacidad de organización de nuestra población frente a la contingencia.

Las redes sociales y tecnologías de información y comunicación han representado un papel fundamental para que esta situación que se empezó a tornar complicada, no haya sido crítica, puesto que a través de estos medios, la población ha podido identificar los lugares para abastecerse de combustible y las condiciones en las cuales se presta el servicio, con lo que se ha podido hacer frente a dicha eventualidad.

No obstante, considerando la tecnología disponible ¿no existen alternativas que permitan una adecuada organización frente a esta situación?, considero que sí. Si bien, las acciones realizadas por la sociedad civil han apoyado y que los gobiernos estatales y municipales, como en el caso de Toluca, han aportado propuestas de solución a dicha problemática, no dejan de ser escenarios parciales para la solución del problema, por lo que las acciones implementadas difícilmente podrán adquirir un alto grado de eficacia.

En caso de que el abasto sea regularizado a la brevedad, esta nota solamente quedará como una anécdota, sin embargo, si la estrategia de combate que ha causado desabasto todavía no cuenta con fecha cierta de solución, puede ser una excelente oportunidad de implementación de mecanismos de gobierno abierto, aunque no se les denomine oficialmente así conforme a la metodología aprobada.

A través de la transparencia, el gobierno puede dar la certidumbre de las fechas de suministro de combustible y cantidades, así como obtener reportes por parte de las gasolineras en servicio, horarios en los que volverán a operar en caso de haber suspendido la venta, a través de la participación, los ciudadanos pueden actualizar las condiciones en las gasolineras, tales como tiempo de espera, el lugar que ocupan en la fila para ingresar a la estación de servicio, así como el estimado de consumo, que permita establecer la probabilidad de que quienes lleguen alcancen combustible; finalmente, la colaboración se brindaría a través de las acciones a implementar por cada involucrado, e inclusive establecer políticas para el suministro de combustible y evitar riesgos a la población, así como establecer las acciones de coordinación con los niveles estatal y municipal, todo a través de los un mismo cana que tenga efecto multiplicador.

Supuestos a través de lo cual estaríamos hablando de una verdadera gobernanza colaborativa, que importa más en los hechos que en el papel. Hasta la próxima.