Estado de México
7 horas antes - El Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), puso en marcha el Comité Consultivo “Transparencia, rendición de cuentas y cultura de la legalidad”, acto que encabezaron Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría, y Efrén Rojas Dávila, Presidente del IAPEM. Con el propósito de contribuir a los ejes rectores del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, el IAPEM tiene el objetivo de encontrar áreas de oportunidad para que los gobiernos estatales y municipales mejoren sus prácticas y puedan servir de mejor manera a la sociedad, a través de Comités Consultivos. Este organismo tiene como objetivo impulsar la transparencia en el manejo de recursos públicos, mediante esquemas claros y precisos de rendición de cuentas, así como proponer la participación de la sociedad civil, mediante el fomento del respeto a las normas a partir de un gobierno abierto, además de servir como mediador para la creación de espacios, dinámicas y debates en cuestión de transparencia, como un reto necesario en la modernización del gobierno. También se desarrollarán propuestas para la mejora de competencias de alto nivel en los servidores públicos, así como en leyes y reformas, servicios de investigación, consultoría, asesoría y asistencia técnica a los diferentes órdenes de gobierno. Los integrantes tienen entre sus funciones elaborar diagnósticos en materia de políticas de gobierno, así como proponer la participación del Comité en asuntos estatales y nacionales con injerencia en temas de transparencia, rendición de cuentas y cultura de la legalidad. También enfocará sus esfuerzos en generar consciencia en los funcionarios públicos, para que se apeguen a las normativas que la ley indica, a través de la actualización de conocimientos y habilidades, mecanismo en el que el IAPEM brindará asesoría, a efecto de potenciar la cultura de la legalidad. Los integrantes del comité son Sylvia Pérez Campuzano, Presidenta de la Fundación por lo Derecho, A. C., Rosario Arzate Aguilar, Directora General de Información, Planeación y Evaluación de la Secretaría General de Gobierno, Palmira Tapia Palacios, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Así como Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, José Gabriel Carreño Camacho, Subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, Óscar Diego Bautista, Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEMéx y Samuel Espejel Díaz González, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.

INVADEN COMPETENCIALMENTE DIPUTADOS LOCALES LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: ALANIS TAVIRA

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La autonomía universitaria no puede ser legislada por las autoridades locales, porque es una disposición constitucional”, por tanto, “hay una plena invasión competencial” de parte del congreso local, por lo que en la hipótesis de que fuera aprobada la iniciativa de reforma a la Ley Universitaria presentada por diputados del partido de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), “carecería de validez, porque ellos no están legitimados para el procedimiento de iniciación de normas internas de la Universidad”.

Lo anterior fue expresado por el doctor en Derecho José Dolores Alanís Tavira, quien es además director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En principio, explicó sobre la reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que permitirá homologar sus disposiciones al orden constitucional, pues “a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2011, se establecieron ciertas cuestiones en nuestro sistema jurídico, entre ellas el reconocimiento de los Derechos Humanos”.

Sin embargo, hoy por hoy el tema en discusión es la autonomía universitaria, y es que el congreso local “no es competente para legislar en materia de autonomía ni en dar las propias reglas internas. Entonces, creo que es oportuna la reforma, pero también es oportuno concientizarnos, y saber qué es lo que queremos para la Universidad, porque no está en juego ni un partido político ni un cargo, está en juego la autonomía universitaria, que es un tema delicado”, estableció.

Alanís Tavira realizó un análisis de las iniciativas de reforma a la Lay Universitaria, la presentada por el rector Alfredo Barrera Baca, y la presentada en el congreso local por la bancada de Morena.

INICIATIVA UNIVERSITARIA: APEGADA A LA AUTONOMÍA

Subrayó en primera instancia que la iniciativa que emana de la Universidad “sí lleva un procedimiento interno, un procedimiento de consulta, está apegada a la autonomía, siguiéndose los procedimientos internos”.

“Sigue reconociendo a la Universidad como un organismo público con plena autonomía en su régimen interior. “El artículo 3º de la Constitución señala la parte de la autonomía universitaria, esta emana de una facultad que le da la propia Constitución y como tal, la autonomía no puede ser ni restringida ni suspendida por nadie que no sea la Constitución”.

Por otro lado, “el artículo 14 constitucional nos señala que nadie puede ser privado de sus derechos, incluyendo las instituciones, sino mediante un procedimiento adecuado donde se cumplan las formalidades, y si la Constitución señala cierta formalidad para crear la norma constitucional conforme al 135 de la propia Constitución, luego entonces, el procedimiento de autonomía no le corresponde al organismo local”.

Entre las disposiciones que establece la propuesta de Ley presentada por el rector, Alanís Tavira destacó que “la Universidad y sus órganos de gobierno se deberán abstener de realizar todo acto que implique cuestiones políticas o partidistas”, y que “la Universidad adopta las formas de organización y funcionamiento de la academia, de gobierno y de administración”.

“Dentro de los órganos de gobierno universitario ya se destaca que puede ser rector o rectora, o director o directora; y es importante precisar que el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la Universidad”, explicó.

Este tiene las atribuciones de expedir y modificar el estatuto universitario, reglamentos y demás disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de la Universidad. “Es el único que puede designar y remover al rector es el consejo Universitario y ninguna otra autoridad, por eso es autónoma, en donde se rige por reglas del autogobierno”.

Otra cuestión que tiene la reforma es que, con base en esa autonomía, la Universidad puede nombrar a su contralor y establecer las auditorías necesarias. “En la figura del rector se establece precisamente la representación de la Universidad, es el que se encarga de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Universitario”.

“También señala en su artículo 30, en la ley vigente y en la propuesta, que el Consejo Universitario reunido en sesión extraordinaria especialmente, convocará para la elección de rector. Es el único que lo puede nombrar y no lo puede remover nadie, salvo que sea por causas justificadas; igualmente el Consejo Universitario como máxima autoridad elegirá a los directores y será el que dé cumplimiento a darse sus propias reglas y normas”.

En esencia eso es, a parte de la producción científica, tecnológica, artística, lo que puede destacarse de esta propuesta, es decir, sí está apegada a la autonomía, siguiéndose los procedimientos internos

INICIATIVA DE MORENA: CONTRADICTORIA

Por otro lado, en el análisis a la iniciativa presentada en el congreso local para la reforma a la Ley Universitaria, José Dolores Alanís señaló que en principio reconoce la autonomía, es decir que la Universidad tiene atribuciones para expedir las normas y disposiciones en su régimen interior y el autogobierno, pero es contradictoria en su acción.

La propuesta de los legisladores de Morena pretende crear un Tribunal Universitario “para sancionar y juzgar, esta figura no está actualmente en nuestra Universidad, aquí el Consejo Universitario es el que se encarga de todas las cuestiones, incluidas alguna sanción que pudiera haber por alguna de las faltas de responsabilidad de algún integrante de la comunidad universitaria”.

También pretende la creación de la figura del Consejo Electoral. “Lo asimilo a un órgano electoral que será el encargado de organizar la elección de rector y de directores, pero mediante un sufragio, y esto es lo que no coincide y se aparta totalmente de la legislación universitaria”.

Explicó que según la norma universitaria vigente, el rector y directores de los organismos académicos son elegidos mediante un proceso democrático, de auscultación, “una de carácter cualitativo”, es decir la calidad académica, “para ver qué características tiene quien se está postulando como rector, su trayectoria académica, reconocimientos, estudios”.

“Eso lo elimina completamente con un Colegio Electoral, y es totalmente contradictorio porque podría llegar alguien, pensando de manera extrema, que no tenga esas cualidades, esas características o esa solvencia moral, por una cuestión política y no académica, esa es la gran diferencia. Entonces si hacemos lo que ellos dicen mediante un sufragio directo, podríamos tener ese problema de no escoger a la persona tal vez idónea para dirigir los destinos de un organismo académico”, subrayó.

También señala que la votación deberá ser cuantitativa, es decir, de manera directa. “Nosotros aquí lo hacemos también pero por sectores. La forma como está organizada la Universidad no es contraria a la Constitución, porque es un procedimiento claro de elección. No lo asemejamos a ningún partido político ni a ninguna elección civil porque en la Universidad es otro tipo de elección y bajo otras condiciones”.

La iniciativa presentada en el congreso local también atenta a la autonomía universitaria en el sentido de que “se atribuye facultades para nombrar y remover al contralor universitario”. Por otro lado, “establece que se apegará a la Ley  del Sistema Anticorrupción. Yo estoy de acuerdo que la Universidad deba establecer esos mecanismos de regulación, pero en su régimen interior”.

Otro señalamiento de Alanís Tavira a la iniciativa de los legisladores, está en los artículos transitorios, que señalan que el Consejo Universitario convocará en un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la iniciativa, a la elección del rector. “De la interpretación que yo hago aquí es que lo están destituyendo por una norma creada, y la constitución prohíbe expresamente crear leyes y tribunales especiales para juzgar a alguien, en este caso, pretenden juzgar la acción de un rector sin que existan motivos demostrables”.

VALIDEZ DE LA NORMA

Bajo estos términos, el doctor en derecho se refirió a la validez de la norma condición que sí cumple la iniciativa de reforma presentada por el rector Alfredo Barrera Baca, no así la presentada por los legisladores. “Una norma es válida cuando cumple los procedimientos que la ley establece para su creación, en este sentido la propuesta del señor rector cumple con ese procedimiento de validez y la iniciativa del congreso local, carece de esta cuestión; entonces al ser inválida una ley pues no te obliga.

Y agregó que “así como estamos obligados a cumplir la ley, también estamos obligados de exigir su cumplimiento y en ese orden, creo yo que la Universidad está en la posición de exigir el cumplimiento de la Ley y el respeto a la autonomía”.

José Alanís agregó que el congreso local debe escuchar a la UAEMéx para aprobar la norma emanada de la propia Universidad y por otro lado, no se debe exceder.

“Considero que se puede dialogar, se puede sacar una Ley adecuada a los intereses de la Universidad, de nadie en particular; pero el tema de excesos y de abuso en el poder puede ser combatido por vías jurisdiccionales, que lejos como están las posiciones de beneficiar a las partes considero yo que va haber un desgaste mayor”, advirtió.