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Elevar a rango Constitucional la Seguridad Pública (24/05/2007)
Por: Guadalupe Rosas Suárez
Entre las principales aportaciones de los expositores para combatir el flagelo de la inseguridad pública y que fueron presentadas durante las relatorías de las cuatro mesas de trabajo, sobresalen: En materia de seguridad pública, es indispensable que se trabaje en la recuperación de la dignidad y prestigio de las autoridades policíacas y de seguridad pública.
Se debe fomentar la capacitación policial, incrementar la remuneración económica del personal, dotarle de vivienda digna y prestaciones adicionales, entre otros.
Ver al policía como un ser humano que requiere también de seguridad y estabilidad laboral y personal.
Crear institutos de capacitación para el personal encargado de la seguridad pública, a fin de que los ascensos se otorguen con base a esta profesionalización.
Resulta imprescindible reformar al Ministerio Público para hacerlo ágil, expedito y confiable.
Es menseter rediseñar las políticas públicas establecer un plan detallado que defina responsabilidades, metas, plazos para readecuar la política de Seguridad Nacional.
Asimismo, debe revisarse el catálogo de delitos graves e incluir otras conductas antisociales que agravian a la población.
Se deben fomentar los medios alternativos para la solución de controversias. Hay que dotar a los órganos encargados de la seguridad pública del presupuesto suficiente para que trabajen de forma eficiente.
Se sugiere fortalecer la coordinación de los tres ámbitos de gobierno, para garantizar mayores y mejores resultados.
Reformar la legislación en materia de Seguridad Pública. Modificar el paradigma de actuación del Derecho Penal, a fin de que las normas permitan no sólo la posibilidad de castigar a las conductas acaecidas, sino anticiparse a la comisión de posibles delitos a futuro.
Fortalecer, concretizar y homogeneizar un verdadero Sistema de Seguridad Nacional, a fin de concretizar la coordinación de los tres ámbitos de gobierno en materia de seguridad.
Se pide que para la modificación de leyes, se debe tomar en cuenta las necesidades y exigencias de los actores involucrados.
Se destacó también, la demanda que se tiene de acercar al policía la sociedad, para que la gente recupere la confianza en los cuerpos policíacos, fundamentalmente a través del acceso y estímulo de la participación ciudadana en este rubro.
En materia de Procuración de Justicia, se propuso como novedad en México, que se implemente el principio de oportunidad, que si bien se considera en ocasiones como un medio alterno de solución de conflictos, éste se lleva a cabo ante la autoridad ministerial o, en su caso, judicial.
El principio de oportunidad permitiría al Ministerio Público suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, en las causales que expresamente se contemplaran en la Ley, bajo el debido control de legalidad.
Se habló también de la necesidad de crear un fiscal auxiliar en materia de criminalística, en el Ministerio Público investigador, con lo que se adecuaría la labor investigadora a las nuevas necesidades y exigencias de la Seguridad Pública en nuestro país y se mejoraría la actividad investigadora de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, tratando de hacer a un lado la corrupción.En cuanto a la investigación policial ministerial, se propuso acabar con las detenciones ilegales, para lo cual es necesario preparar y profesionalizar adecuadamente a los integrantes de la policía ministerial, para perseguir los delitos de manera correcta, no permitiéndose las prácticas extorsionadoras de los policías, quienes serían responsables penalmente en dichos casos.
En lo que corresponde a la impartición de justicia, los congresistas se pronunciaron, entre otras cosas, por transitar del procedimiento tradicionalmente escrito, al predominantemente oral, resaltando sus ventajas.
Se debe incluir en este proceso tanto al Poder Judicial como al Legislativo, para que la reforma sea integral, además se debe incluir una revisión a todo el marco jurídico que regula el procedimiento penal, así como una revisión minuciosa de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, adopción de mecanismos de apoyo al programa de rotación de personal judicial.
Cabe mencionar que las 155 ponencias que fueron presentadas en este Congreso, serán integradas a una memoria, que se hará llegar a las autoridades estatales y organismos interesados en la procuración y administración de justicia.





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