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Elevar a rango Constitucional la Seguridad Pública

jueves, 24 de mayo de 2007
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Presentaron en rueda en prensa las conclusiones y propuestas del Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública.

Las 158 conferencias se concentrarán en una memoria, las conclusiones y propuestas se turnarán a las dependencias para que las consideren.

El derecho humano a vivir seguro debe ser garantizado por el Estado Constitucional y Democrático, en un marco de respeto a la pluralidad y la dignidad de las personas.

Elevar a rango constitucional la Seguridad Pública para que sea reconocida como un derecho fundamental del hombre, es una de las principales conclusiones del Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública, organizado por la Facultad de Derecho de la UAEM, informó el director del organismo académico, Enrique Vega Gómez, al dar a conocer las propuestas emanadas de este encuentro que reunió a especialistas nacionales y extranjeros.

En rueda de prensa, acompañado del magistrado del Poder Judicial Federal, José Nieves Luna Castro y el representante de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Roberto Serrano Herrera, Vega Gómez señaló recibieron el voto de confianza para dar a conocer a la opinión pública los resultados surgidos del esfuerzo académico al que se sumaron 18 instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación de Jueces y Magistrados Federales y el Tribunal Superior de Justicia.

De las conferencias y ponencias, dijo el director de Derecho, se estableció que la seguridad pública debe comprenderse como el derecho fundamental de los habitantes a vivir libres y exentos de riesgos, es decir, el derecho humano a vivir seguro garantizado por el Estado Constitucional y Democrático, en un marco de respeto a la pluralidad y la dignidad de las personas.

Al destacar que otra de las propuestas es que el Estado Mexicano adopte políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y desarrollo humano de los habitantes, a fin de prevenir y erradicar la victimización para la obtención de una justicia satisfactoria, el director abundó que las 158 conferencias se concentrarán en una memoria que en breve será editada, al tiempo que las conclusiones y propuestas se turnarán a las dependencias para que las consideren.

En este sentido, el especialista del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, Enrique Uribe Arzate señaló que de acuerdo con los resultados del Congreso celebrado en abril, las funciones que realiza el Ejército deben ceñirse a lo que expresamente marca la Constitución, es decir, a la preservación de la seguridad nacional.

Añadió que los temas de seguridad requieren del auxilio de la fuerza policial del estado; “los gobiernos en el ámbito federal y estatal tienen que ser cautelosos en el uso de la fuerza del Ejército y la Armada de México, porque éste es exclusivamente para la preservación de la seguridad nacional, y no es la vía para combatir el crimen organizado”.

Lo anterior, subrayó el director de la Facultad de Derecho se desprende de los resultados del encuentro, que plantean la atención de aspectos correctivos y preventivos; los estudiosos del Derecho, dijo, consideraron que hace falta que los gobiernos lleven a cabo tareas de carácter preventivo, reflejándose en políticas públicas de readaptación social y correctivos.

En el acto se agradeció el esfuerzo del comité organizador integrado por los académicos Luis Fernando Ayala Valdés, José Dolores Alanís Tavira, Raúl Horacio Arenas Valdés, Juan David Pastrana Berdejo y Jesús Víctor Nava Torres, quienes registraron a cerca de 130 asistentes originarios de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Distrito Federal y municipios de territorio mexiquense.

 

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