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Conclusiones del Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública; Rango Constitucional piden para seguridad

jueves, 24 de mayo de 2007
Por: Rosalba Flores Vargas
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Se debe elevar a rango constitucional la seguridad pública, para reconocerla como un “derecho fundamental”, adoptar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida y desarrollo humano de los habitantes, para prevenir y erradicar la victimización y una reforma integral del artículo 102 constitucional para reorientar los alcances de las comisiones públicas de los derechos humanos y el ministerio público.

Estas, son algunas propuestas derivadas del Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo fue recabar propuestas de solución a la problemática nacional, estatal y municipal en la materia, donde también resaltó la necesidad de unificar la Justicia Penal para Adolescentes, la profesionalización universitaria de los policías y el servicio civil de carrera de éstos; adoptar las políticas públicas para el control electrónico y telemático de la ejecución de la pena, es decir, el uso del brazalete, que se afirmó no es violatorio de los derechos humanos; se recomendó también que el estado Mexicano ponga énfasis en la cultura de paz y acudir a los medios alternativos de solución de conflictos.

En conferencia de prensa, encabezada por el director de dicha facultad, Enrique Vega Gómez y especialistas como el magistrado José Nieves Luna Castro; el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas José Dolores Alanís; el responsable de la mesa I “Sistemas de Seguridad Pública”, Raúl Arenas; el de la mesa “Justicia Penal, Juan David Pastrana Berdejo; el de la Mesa “Sistemas Penitenciarios”; Jesús Víctor Nava Torres y el de la mesa IV “Derechos Humanos”, Enrique Uribe Arzate, dio a conocer que se concluyó que la seguridad pública “es un derecho fundamental de los habitantes a vivir libres y exentos de riesgos y es una garantía que el Estado debe brindar”.

Otras conclusiones se refieren a los aspectos preventivos y medidas correctivas que se deben aplicar, además de que la “victimización tácita” tiene lugar cuando las políticas públicas erráticas vulneran a los habitantes, aún sin existir delito, por tanto, las tareas de prevención del delito deben incluir políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Urge rediseñar las políticas públicas, dijo Vega Gómez, para establecer un plan detallado que defina responsabilidades, metas y plazos para readecuar las políticas de seguridad pública, aunque para ello es imprescindible la coordinación de los niveles de gobierno para garantizar mayores y mejores resultados.

También mencionó la necesidad de homogeneizar en términos, propósito y modo de operar que vayan desde uniformar la cromática de las policías y códigos, pues “la policía debe ser una sola”, aunque esto incluiría la reforma del marco normativo en los diferentes niveles de gobierno y un nuevo diseño estructural que incida en la recuperación de la confianza en las instituciones y autoridades.

Es impostergable crear una verdadera carrera policial que se eleve incluso a nivel licenciatura; recuperar la credibilidad en las funciones del Ministerio Público, instancia que debe ser autónoma; además, como novedad, es pertinente introducir el “principio de oportunidad” que permitirá que los agentes del MP y jueces suspendan, interrumpen o renuncien al ejercicio de la acción penal; la investigación de los delitos debe apoyarse con un fiscal auxiliar en materia de criminalística; mientras que otro apoyo invaluable de los Agentes del MP será la política ministerial altamente calificada.

 

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