PROPONE LABASTIDA CREAR LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

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Para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, la diputada Karina Labastida Sotelo presentó, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la entidad.

Al presentar la propuesta, dio a conocer que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, en el Estado de México existen 24 mil 217 casos registrados de personas desaparecidas entre el 1 de enero de 2012 y el 28 de enero de 2019, además de 5 mil 868 personas pendientes de localizar, de las cuales 2 mil 812 son mujeres y 3 mil 56 son hombres.

“Esta ley persigue, de manera fundamental, la aplicación de la justicia y el castigo de las personas responsables”, subrayó la legisladora en sesión del Segundo Periodo Ordinario, ante familiares de víctimas de desaparición, presentes en el recinto legislativo.

Al afirmar que la desaparición de personas ha sido definida como un crimen de lesa humanidad, Karina Labastida señaló que es difícil saber la magnitud del problema debido a las escasas denuncias, investigaciones y registros oficiales fiables.

Dijo que, tratándose de fosas clandestinas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó, del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016, la localización de cuando menos 18 fosas en nuestro territorio, de las que se exhumaron 76 cuerpos sin que existiera un registro oficial de ello.

En tanto, datos de la Secretaría de Gobernación estiman que en el país existen 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, lo que resume la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que México enfrenta.

Los balances estadísticos, dijo, reflejan un déficit en términos de justicia para las víctimas y sus familias, un vacío intolerable de acción gubernamental y también social.

Precisó que esta iniciativa busca armonizar la legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017, dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados por el país en este renglón y sistematizar las normas existentes en un solo cuerpo normativo.

Prevé establecer el Sistema Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas, regular la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la entidad.

Asimismo, incluye la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y establecer, a favor de las víctimas, los derechos a la ayuda, atención, asistencia, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Esta iniciativa, agregó, busca dar solución legislativa a la grave situación que enfrenta nuestra entidad y que afecta a miles de personas y familias, y ofrecer una alternativa para que se les restituyan sus derechos vulnerados, se les otorgue justicia y reciban protección y seguridad.

Karina Labastida agradeció la colaboración en esta propuesta de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, todas del Estado de México; de la doctora Leonor Guadalupe Delgado Guzmán, coordinadora de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM; del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos Asociación Civil y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Asimismo, de la Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C., cuya presidenta, Lety Mora y asociadas, estuvieron presentes en la sesión.

Suscrita por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PES, a través de las legisladoras María Mercedes Colín Guadarrama, Brenda Escamilla Sámano, Araceli Casasola Salazar y Julieta Villalpado Riquelme, respectivamente, la iniciativa fue remitida para su dictamen las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.