+ 9 mujeres en el gabinete de Patricia Zarza; Los mil y un intentos de Donald Trump para que los mexicanos dejen de ir a Estados Unidos de América; Los fraudes institucionales, ahora hasta para morirse tranzan a los mexiquenses
La frase:
En la doctora Patricia Zarza y en los integrantes de su gabinete, está la esperanza de que las cosas cambien en la UAEMéx.
QUE ASÍ SEA
EL DETALLE: Un total de 13 personas integran el gabinete inicial de la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, de los cuales nueve son mujeres y cuatro son hombres. De ellos, destaca Bernardo Almaraz Calderón, Jefe de la Oficina de la Rectoría, quien trabajó con la rectora durante toda la campaña.
En el caso de María de las Mercedes Portilla Luja, quien ahora es Secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, la única que repite en el gabinete, ya que con el anterior rector fungió como Secretaria de Cultura, en donde realizó un magnífico papel.
Otro personaje destacado es Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, quien ocupa la cartera de la Secretaría de Gobernanza Universitaria. Se puede decir que él se ganó a pulso dicha posición, por su destacada participación, al lado de la rectora, en busca de la reconciliación y la unidad con el movimiento estudiantil.
En el caso de Comunicación Social Universitaria, aparece María Fernanda Valdés Figueroa, quien tiene doctorado en Diseño y que podría realizar un papel relevante, como la segunda mujer en la historia que dirige la comunicación universitaria, después de Ginarely Valencia.
En fin, paso a paso la rectora Zarza va en busca de la transformación de la Máxima Casa de Estudios Auriverde.
LOS MIL Y UN INTENTOS DE DONALD TRUMP
Más buenas noticias para los mexicanos que anhelan visitar los Estados Unidos de América con motivos vacacionales, de negocios o incluso para ir a ejercer alguna actividad empresarial o de negocios. El Departamento de Estado de Estados Unidos propuso exigir una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares a ciertos solicitantes de visas de negocios y turismo.
Esta medida formaría parte de un programa piloto que durará un año y tiene como objetivo reducir las estadías prolongadas más allá del tiempo permitido en la visa.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha marcado un nuevo capítulo en la historia migratoria del país. Y es que, aunque el mandatario dijo que todos eran bienvenidos a entrar legalmente, la realidad es que han impuesto una serie de requisitos y cambios al trámite de visa americana.
Los cambios no sólo redefinen quién puede ingresar al país, sino también bajo qué condiciones.
El costo de la visa americana de turista aumentará de 185 a 435 dólares debido a una nueva ley federal llamada The One Big Beautiful Bill, impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump.
Este incremento incluye una nueva tarifa de 250 dólares conocida como Tarifa de Integridad, que se aplicará a todas las visas de no inmigrante, como las de estudiante y trabajo. El objetivo de esta tarifa es reforzar los controles migratorios y administrativos en el proceso de solicitud.
Los viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados pueden tener derecho a un reembolso una vez que expire la visa. Sin embargo, no se han dado detalles de cómo se haría tal reembolso.
Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México ha actualizado las formas de pago para la solicitud de visa. Ahora se puede pagar en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia electrónica SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío. Esta última opción se presenta como más práctica, ya que evita filas y se habilita al agendar la cita.
Además, desde el 11 de julio de 2025 ya no se aceptan pagos en Banamex, por lo que los únicos bancos autorizados son Scotiabank y BanBajío.
Ya no es posible agendar el mismo día la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista en el consulado para la visa americana. Ahora, los solicitantes deben acudir al CAS al menos 48 horas antes de su entrevista consular.
Desde el 1 de mayo de 2025, los solicitantes de visa americana deben asegurarse de que el número de confirmación del formulario DS-160 —un código que comienza con AA— coincida exactamente con el número registrado en su perfil de cita.
Si no hay coincidencia al menos dos días hábiles antes de la entrevista, la cita será cancelada automáticamente. Además, presentarse sin haber actualizado el código de barras impedirá que se realice la entrevista.
Ahora, además del costo de la solicitud de visa americana, los solicitantes deberán pagar un cargo adicional por el envío del documento. Antes, el pago de 185 dólares cubría todo el proceso, incluida la entrega.
Sin embargo, con la nueva medida se cobrará 400 pesos mexicanos si se desea recibir la visa en el domicilio, o 320 pesos si se recoge en una sucursal de DHL. Esta tarifa aplica sólo si la visa es aprobada y enviada. Recoger la visa en el CAS no tendrá costo extra.
Uno de los principales cambios es que todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular.
Es decir, si el solicitante obtuvo una visa de turista cuando era niño o menor de 14 años, ahora será obligatorio que pase por una entrevista consular. Ya no podrá renovarla automáticamente. Lo mismo con adultos mayores de 79 años.
La verdad detrás de todos esos requisitos, trámites y nuevos costos, no es otro que impedir la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, sea por trabajo o turismo; sin embargo, eso no va a quitarle las ganas a nuestros connacionales y ellos seguirán buscando alternativas, legales o no, para colarse al norte del río Bravo.
Somos nosotros, los mexicanos, quienes alentamos que el señor Trump le ponga cada vez mayores dificultades a la migración, lo que hace pensar aquel concepto de Un Día Sin Mexicanos, tal vez así nos respetarían aunque sea un poco más.
Los fraudes funerarios, el colmo de la desfachatez
En el colmo de la ilegalidad los fraudes se multiplican. Primero fueron a cualquier ciudadano haciéndole creer en remedios mágicos o grandes negocios que supuestamente les brindarían ganancias millonarias, luego vinieron los muchos fraudes inmobiliarios en los que mucha gente ha caído y que les ha costado su patrimonio en distintas partes del Estado de México, pero ahora, en el colmo de las cosas, ya son los muertos las víctimas de los fraudes funerarios.
Ayer, en Toluca, alrededor de 250 jubilados del gobierno estatal marcharon desde el Monumento al Maestro hasta el Palacio de Gobierno en Toluca, para pedir la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante lo que denuncian como una estafa cometida por una empresa que les ofreció seguros funerarios fraudulentos.
Los manifestantes expusieron que la compañía prometió servicios funerarios integrales a cambio de pagos vía nómina, descontados directamente de sus pensiones.
Sin embargo, afirman que nunca recibieron los servicios prometidos, y que los contratos resultaron ser falsos o incumplidos.
Los jubilados exigieron justicia y apoyo legal, además de que se revise la participación de autoridades o intermediarios en la autorización de los descuentos, que aseguran se realizaron sin transparencia, entre los que citaron a la propia secretaría de Administración de pasadas gestiones estales y al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
Los afectados piden a la gobernadora que se abra una investigación y se detenga cualquier otro intento de fraude contra adultos mayores y jubilados del servicio público.
Y esta es una gran verdad, ya que la empresa involucrada durante muchos años tuvo el aval del gobierno mexiquense, primero, para negociar directamente sus planes funerarios, luego, aprobaron hacer los descuentos de nómina a trabajadores en activo, y finalmente, no cumplieron los de la empresa y la administración estatal desconoció cualquier trato con ésta, a pesar de ser el promotor principal de ese negocio.
Es cierto que el gobierno actual de Delfina Gómez Álvarez no puede ser responsabilizado de esa transacción en la que seguramente alguien de otra administración participó activamente, pero sí tiene la responsabilidad de investigar a fondo y aplicar la justicia en todos sus términos para revertir los daños de ese fraude millonario que hoy afecta a muchas personas, principalmente jubilados.