+ La madurez de los alumnos de Ciencias Políticas y Sociales; Cinco Facultades rechazan el paro: La próxima bronca: el transporte público

La frase:

Madurez y sensatez mostraron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para no irse al paro.

GARBANZO DE A LIBRA

CINCO FACULTADES NO VAN AL PARO EN UAEMéx

Concluyó la etapa de promoción de las seis aspirantes a la rectoría de la UAEMéx y, con ello, el arranque de una nueva fase que incluye la recepción del voto de la comunidad universitaria. Los próximos días serán clave.

Por ahora, el hecho de que cinco facultades se hayan negado a irse a paro representa un voto de confianza al actual proceso que sigue su marcha con las reglas que hasta ahora funcionan, aunque otros digan lo contrario. Se ha visto que urge una reforma que responda a los tiempos modernos, pero eso será en la siguiente administración.

Las injerencias externas, pese a magnificar todo tipo de descalificaciones, no han logrado incidir entre la comunidad universitaria, que reconoce avances en diversos rubros. Una universidad en conflicto afecta no sólo a su comunidad, por ello, debe mantenerse en marcha y participativa por el bien de la sociedad.

La madurez de la comunidad de Ciencias Políticas

Alumnos, trabajadores administrativos y el personal docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dieron un ejemplo de legalidad y de madurez al realizar de forma ordenada y muy prudente un ejercicio de consulta para determinar si ese plantel se iba o no a paro de labores, como mecanismo de protesta por las presuntas irregularidades que se han registrado en el proceso de elección de la próxima rectora.

Prácticamente votaron todos los miembros de la comunidad de Ciencias Políticas y Sociales y el resultado, por increíble que parezca, fue en contra del paro, y a favor de mantenerse activos tanto académicamente como en el proceso de elección de la próxima Rectora universitaria.

Había muchos que aseguraban que el resultado sería totalmente contrario, que se respaldaría el paro de labores, la exigencia de renuncia del actual rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, así como exigencias que tienen que ver con la mejora urgente de distintas instalaciones en el plantel, pero no fue así, los alumnos, trabajadores y profesores votaron en contra del paro.

Eso demuestra que los universitarios no se dejan llevar por la corriente, que todavía hay madurez suficiente para saber que un paro de labores no le hace bien absolutamente a nadie, y que la mejor forma que existe para defender a la democracia dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México es precisamente respaldar la continuidad de las actividades y respaldando la toma de decisiones apegadas a la legalidad, y la legalidad indica que el proceso de sucesión es la mejor forma de garantizar que la ley se respete en esa instancia, como debe respetarse en todos los aspectos.

La pregunta que hoy se hacen muchos dentro y fuera de las aulas universitarias es ¿qué pasaría si en realidad se echara abajo la elección de la próxima rectora? ¿Quién saldría ganando en esa decisión? Y la verdad es que la respuesta no es tan difícil, pues la Ley Orgánica, a pesar de establecer una serie de variables que prácticamente nunca han ocurrido para tomar esa decisión, se indica que el Consejo Universitario, que es el máximo organismo que guía la vida institucional en la UAEMéx, sería el encargado de nombrar un Rector temporal; es decir, el poder de los universitarios es que ellos mismos designarían a su autoridad, pero eso no dejaría de ser un acto plagado de intereses diferentes a la voluntad de los universitarios.

Nombrar un Rector de transición y luego reponer el proceso electoral, además de sumir a la institución en la indefinición daría lugar a que fuerzas externas que están al acecho e intentaran inmiscuirse en esa decisión que no compete más que a los universitarios, y al final cualquiera que resulte ganador o ganadora habrá surgido de cualquier cosa, menos de la voluntad democrática de los universitarios.

Por eso, qué bueno que haya alumnos, maestros y trabajadores como los de Ciencias Políticas y Sociales que saben y demuestran su calidad y su capacidad de decisión, y que, de manera democrática, están preparados para conducirse por la menor vía, la de la legalidad y el respeto a la norma. Que así sea.

El transporte público, la bronca que se viene

Por si no fuera suficiente con los problemas que ya enfrenta actualmente el gobierno mexiquense, en los próximos días estallará una crisis que se ha convertido en cíclica en el Estado de México, la cual, la mayoría de los gobiernos, sin importar sus colores, han tenido que hacer frente y la verdad es que todos han salido más o menos raspados, en cuanto al costo político, social y económico que esto representa. Nos referimos ahora al estira y afloja por las tarifas del servicio de transporte público.

Desde hace algunas semanas las unidades del transporte público de pasajeros han comenzado a pintar en los medallones de los autobuses leyendas que hacen referencia a la exigencia de los empresarios de este sector de que la autoridad, en este caso la Secretaría de Movilidad, les autorice un incremento a los precios que cobran por el servicio que prestan al público en general.

La aspiración actual de los permisionarios y de los operadores es que, para el caso del Valle de Toluca, se establezca una tarifa de 16 pesos por el recorrido normal, lo que llaman la ruta. Actualmente se cobra 12 pesos por viaje.

En el Valle de Toluca actualmente operan alrededor de 5 mil unidades del transporte público agrupadas en 29 empresas que tienen la concesión del servicio, con lo que se cubre prácticamente la demanda del servicio en las diferentes regiones de esta localidad.

Trascendió que por lo menos veinte de esas 29 empresas concesionarias están de acuerdo en realizar movilizaciones y paros en el servicio si la autoridad estatal no cede a sus pretensiones de una nueva tarifa para la prestación del servicio. Los argumentos de los transportistas se basan en el incremento que ellos han registrado no sólo en los precios de los combustibles, principalmente el diesel, sino además las refacciones y el mantenimiento de sus mismas unidades.

De acuerdo con los cálculos de los concesionarios, los gastos operativos consumen más del 50 por ciento de los ingresos, a lo que tienen que añadir los salarios de los operadores, lo que invierten en trámites administrativos de las mismas concesiones y ahora hasta las cuotas que cubren por derecho de piso, pues si no lo hacen tienen que enfrentar lo que la delincuencia organizada les hace a sus choferes y unidades, por lo que el margen de ganancia queda reducido a casi cero, en el mejor de los casos, a no más allá del 10 por ciento, lo que ya no les representa un negocio viable.

Por supuesto que la autoridad ha cerrado el paso firmemente a esta demanda de los concesionarios, pues todo el mundo sabe que autorizar cualquier incremento en ese sentido desatará una carrera inflacionaria, pues, al incrementar la tarifa del transporte público prácticamente se da un banderazo de salida para que todo lo demás incremente su precio, con ello la clase trabajadora reduce su poder adquisitivo y así la larga cadena que a todos afecta.

Por ello, la Secretaría de Movilidad ha procurado actuar con mesura, ha pospuesto la autorización para incrementar la tarifa desde hace prácticamente un año, con argumentos como el de que sería el Instituto del Transporte de realizar los estudios técnicos necesarios sobre los cuales sustentar el posible incremento, pero obviamente el famoso Instituto del Transporte no ha dado una respuesta clara y contundente, pues esa instancia sabe perfectamente que tendría que darla a favor de los concesionarios, pues los incrementos que ellos han enfrentado son evidentes, nadie puede negarlos, son públicos, y basta con darse una vuelta a cualquier refaccionaria y preguntar cuánto cuesta un kit de afinación o, peor, cuánto se necesita para ajustar un autobús.

Por ello, los argumentos del Instituto del Transporte, como representante de la autoridad, han sido con base en criterios políticos y sociales, no técnicos, pues saben perfectamente que no hay argumentos técnicos para defender lo que desde el punto de vista económico es evidente, pues cada día se requiere más para sostener el servicio que brindan los transportistas.

Sin embargo, pues la razón política de la autoridad también tiene un sustento. Primero fue la cercanía del proceso electoral del año 2024, pero, una vez que pasaron las elecciones, el argumento fue más social que político, y se tuvo que recurrir al espérame tantito para evitar una espiral inflacionaria.

Ahora los argumentos se le agotan al Gobierno del Estado de México, aunque desde el punto de vista social y económico tenga razón, pues prácticamente a nadie conviene librar el fantasma de la inflación y provocar un incremento de precios en el cual todos salgamos afectados, por más que tengan razón los que dependen del sistema público de transporte para sostener sus negocios.

Esperemos que se llegue a un acuerdo lo más conveniente posible para todos los involucrados, pues el transporte público en un tema tan sensible que prácticamente afectaría a todos los sectores de la sociedad si éste se autoriza, pero también hay que tomar en consideración que detrás de cada unidad que se mueve en ese sector existe una familia y esa familia representa a varias bocas que alimentar, y ellos también tienen derecho.