¿Acaso Crisis Climática Planea Desafíos Ecológicos y Sociales?
Al abordar sobre los Derechos sociales en tiempos de crisis climática, Verhonica Zamudio Santos, quien es investigadora en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a cargo de la línea de investigación de riesgos socioambientales. Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, reconoce que repensar el Día Mundial del Medio Ambiente implica reconocer que la crisis climática plantea desafíos no solo ecológicos, sino también sociales. Fortalecer la coordinación entre políticas ambientales y sistemas de protección social es clave para garantizar una respuesta más integral y resiliente.
Explicó que en México la efeméride del Día Mundial del Medio Ambiente se celebra, casi siempre, con campañas de reforestación, recolección de basura y actividades escolares para promover el cuidado del planeta. “Son acciones valiosas, sin duda. Pero en el contexto de una crisis climática de creciente complejidad, cabe preguntarse si estas prácticas alcanzan a expresar lo que realmente está en juego: la conservación de los ecosistemas junto a la garantía de derechos sociales”.
El trasfondo es contundente. En las últimas dos décadas, el continente americano y los países insulares han estado entre los más expuestos a los efectos de los desastres relacionados con el clima y la seguridad hídrica. Entre 2000-2019, más de 247 millones de personas resultaron afectadas por desastres asociados con fenómenos de origen natural como sequías, inundaciones, huracanes, epidemias o terremotos, según datos de la Universidad de Lovaina. Para dimensionarlo, es como si una de cada tres personas en América Latina y el Caribe hubiera vivido, en menos de veinte años, el impacto directo de al menos uno de estos eventos.
En México aún no se ha consolidado un sistema de aseguramiento ni de protección social específicamente diseñado para responder de manera integral a los impactos de fenómenos climáticos o ambientales. Existen programas que se activan con fines compensatorios o de emergencia, pero que podrían fortalecerse desde una perspectiva preventiva, con mayor continuidad y alcance.
La seguridad social, como derecho humano, y la protección social, en tanto red complementaria basada en programas sociales, constituyen pilares fundamentales para garantizar el bienestar de las personas en todo momento, incluso durante situaciones de desastre. No obstante, en el país persisten retos de articulación institucional.
Por un lado, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) no integra de manera estructurada a las instituciones de seguridad y protección social. Por otro, muchas de las prestaciones contributivas, como las pensiones o los seguros de enfermedad e invalidez, enfrentan restricciones ligadas a la sostenibilidad financiera y muestran rigidez ante escenarios de crisis.
A pesar de que los programas de transferencias monetarias —como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las becas Rita Cetina, Benito Juárez y otros esquemas— no fueron concebidos para adaptarse con agilidad a contingencias ambientales o climáticas, en algunos casos, como en el de la Pensión para el Bienestar, se han registrado medidas de flexibilización en contextos de emergencia, como la aceptación de documentos alternativos para el ingreso de nuevos beneficiarios.
Llama, por lo tanto, a repensar el Día Mundial del Medio Ambiente, que implica reconocer que la crisis climática plantea desafíos no solo ecológicos, sino también sociales. Fortalecer la coordinación entre políticas ambientales y sistemas de protección social es clave para garantizar una respuesta más integral y resiliente. El desafío es dejar atrás la lógica fragmentaria de las respuestas actuales y avanzar hacia una política social que se piense, diseñe y ejecute en diálogo con el entorno climático y ambiental.
*Licenciado y Maestro en Periodismo
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