+El viacrucis de la jubilación ante el ISSEMyM que viven más de 30 mil ex servidores públicos del Estado de México; La justicia en la época de la Cuarta Transformación
La frase:
La vida empieza en la jubilación, aunque esto para quienes dependen de ISSEMyM.
NO ES CIERTO
ISSEMyM NO RESPONDE NI ACLARA LA NO JUBILACIÓN
Hay más de 30 mil ex empleados del gobierno mexiquenses y de municipios en espera de la resolución de sus trámites de jubilación por la ineficiencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y para ellos, a la fecha, no hay ninguna respuesta sólida.
El ISSEMyM sigue acumulando demandas de personas que llevan más de dos o tres años tratando de que la administración estatal les haga justicia, pero el Instituto no es capaz de otorgarles ni siquiera una aclaración.
Son vueltas y vueltas para las personas, la mayoría de la tercera edad, para ir en busca de una alternativa de solución al problema que todos los días suma más días y nadie es capaz de solucionar.
No ha habido quien les ofrezca ni una disculpa, salió igual la profesora Trinidad Franco Arpero que la actual oficial Mayor del gobierno estatal, pero ambas personas han resultado igual de ineficientes, pues nadie, absolutamente nadie puede resolver algo que antes se hacía como un fácil trámite administrativo, pues todo era comprobar los años trabajados y los derechos acumulados, suma que, en el mejor de los casos, implicaba dos meses, pero, al final, se autorizaba y todo el mundo feliz y contento.
Pero desde hace algunos sexenios eso de jubilarse comenzó a ser una monserga que echó por la borda todos los años de trabajo y esfuerzo que cientos de personas dedicadas al servicio público en esta entidad.
Quizá por eso ahora se ha convertido en un gran negocio eso de los despachos de asesoría jurídica dedicados a tramitar las jubilaciones de los ex empleados de gobierno. Ahí. Con un 10 ciento del total de lo que se está demandando al Gobierno del Estado de México, el equipo de abogados dedicado a hacerles justicia y exigir los derechos de las personas busca lograr las pensiones.
Es todo un misterio quién está detrás de esos despachos de abogados, pues hay quien asegura que son los mismos directivos del ISSEMyM quienes tienen intereses guardados para autorizar las liquidaciones de esas pensiones por las que luchan los trabajadores.
El caso es que, extrañamente, ahí todos los casos se resuelven, no así lo que se demanda por la vía normal del Instituto, esas demandas simplemente se van acumulando y pueden pasar años y años sin respuesta, pues a nadie, al parecer, le conviene que esos casos se resuelvan, por el contrario, parecería que a los directivos implicados del ISSEMyM, comenzando por su director general, le conviene ir haciendo su ahorro personal para cuando a ellos les toque eso de dejar la administración pública estatal.
¿Cuánto hay que pagar para conseguir una jubilación? En promedio, el trámite cuesta de 10 a 15 mil pesos, sin importar la posición que se ocupaba al dejar la vida activa de servidor público, el chiste es sólo pagar esa cuota, la cual, es evidente, está sirviendo para que alguien más haga su negocio a costa de quienes anhelan retirarse dignamente, lo cual se obstaculiza por la ineficiencia no de las secretarias y empleados que están a cargo de los trámites, sino de quienes lo dirigen.
La justicia en la época de la Cuarta Transformación
Rafael León Segovia, periodista mejor conocido como Lafita, especialista en nota roja. Quien recientemente, durante las inundaciones registradas en el estado de Veracruz, quedó vinculado a proceso penal porque la autoridad de esa entidad lo encontró sospechoso de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, con lo que quedó libre de la acusación que en su contra pesó durante unos días de terrorismo.
Esto no porque la autoridad judicial veracruzana se haya dado cuenta que estaba en un tremendo error de procedimientos, sino porque alguien le corrigió la plana desde la capital del país, recordándoles que en este país no existe el terrorismo, se pueden hacer explotar vehículos cargados de explosivos frente a cualquier estación de policía municipal, comunitaria o de cualquier tipo, pero nada que tenga que ver con terrorismo, porque en México esa palabra está prohibida.
Se trata de una prueba más de que la Reforma Judicial en este país sirvió para lo que se le unta al queso; es decir, para nada, absolutamente para nada, pues cualquier gobernador o gobernadora, como es el caso, puede hacer y deshacer con las leyes, y, sobre todo, en su aplicación, cuando se trata de sentenciar a alguien a alguna pena que implique acallar la libertad de expresión.
El caso de Lafita deja de manifiesto que a los señores de la Cuarta Transformación la libertad de expresar las ideas a través de los medios de comunicación es una más de las cosas que les molestan de sobremanera cuando en realidad se trata de mantener a un poder público, como lo es la Prensa, callada, calladita, para que no le juzgue y mucho menos le cuestione sus ideas que simplemente, de fondo, se tratan de ocurrencias de los reyezuelos que hoy nos gobiernan.
Además, no se le perdonó al periodista al ver que se había cometido un error garrafal en los procedimientos judiciales, sencillamente se le asignó una supuesta causa legal por una razón que es muy difícil de explicar, tan difícil que ni ellos la comprenden y mucho menos la saben informar a quienes les preguntan sobre a lo que se refieren con eso de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública.
Sólo la señora gobernadora Rocío Nahle García sabe a qué es a lo que se refiere con la sanción aplicada al periodista, pues no necesita nada de eso de respetar la ley, y mucho menos explicarla, sobre todo si se trata de alguien que desciende directamente se aquel que salía con eso de no me salgan con que la ley es la ley.
Pues así de cruel es el mundo de la fantasía en que se vive en la época de la Cuarta Transformación, a esto tendríamos que irnos acostumbrando, sobre todo si no hay alguien que se atreva a hacer las cosas diferentes para intentar dar un rumbo nuevo a este bodrio legal en el que les gusta vivir ahora a la mayoría de los mexicanos a cambio de unos cuantos pesos mensualmente en sus tarjetas del bienestar.