+ Las Mujeres, Más Castigadas en Cadena de Suministro de Drogas
La frase:
Es un error hablar de la adicción como un fallo moral o un estilo de vida que se escoge.
NORA VOLKOW
Las Mujeres, Más Castigadas en Cadena de Suministro de Drogas
Daniela Cuéllar Sánchez y Regina Flores Lemus, sostienen que desde la declaración de la llamada Guerra contra el Narco, la política de drogas en México ha privilegiado enfoques punitivos que criminalizan a los grupos históricamente marginalizados, siendo las mujeres uno de los grupos más castigados cuando participan en las cadenas de suministro de drogas.
Daniela Cuéllar Sánchez es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y egresada de la especialidad en Estudios de Género en la misma institución. Regina Flores Lemus es estudiante de la Licenciatura en Derecho por la UNAM. Se encuentra prestando su Servicio Social dentro del área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia, A. C.
Desde la declaración de la llamada Guerra contra el Narco, la política de drogas en México ha privilegiado enfoques punitivos que criminalizan a los grupos históricamente marginalizados, siendo las mujeres uno de los más castigados cuando participan en las cadenas de suministro de drogas.
Detallan que desde MUCD resaltamos que, de los 64 tipos de presuntos delitos cometidos por mujeres que ingresaron a prisiones federales en 2024, el 34.4% fueron delitos contra la salud relacionados con narcóticos. Mientras que, en centros penitenciarios estatales y centros especializados, de los más de 14 mil delitos presuntamente cometidos por mujeres el mismo año, 24.4% fueron contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo.
Las cifras son reveladoras sobre los principales delitos por los que las mujeres permanecen en prisión, pero no muestran las trayectorias por las que se vieron involucradas en delitos relacionados con drogas. Aunque una parte de la literatura dedicada a entender la participación de las mujeres en actividades relacionadas con el narcotráfico ha documentado que en ocasiones ellas ocupan puestos de liderazgo y control dentro de las organizaciones criminales, lo cierto es que se trata de excepciones. En este sentido, se propone que las mujeres se han involucrado en estas actividades como parejas de hombres líderes de grupos delictivos o como herencia familiar.
Otra parte de la literatura propone que las mujeres privadas de la libertad –en proceso o con sentencia– por delitos relacionados con drogas, llegan a este negocio como un reflejo de las condiciones estructurales que limitan sus opciones de vida, como la pobreza, falta de acceso a servicios básicos, carencia de oportunidades laborales y excesivas cargas de cuidado. Por ello, la participación en el mercado de las drogas en estos casos surgiría como una posible vía de escape para obtener ingresos de la forma más rápida posible.
De acuerdo con Insight Crime (2020), las mujeres pueden encontrarse en distintos niveles de involucramiento dentro de la cadena del narcotráfico. En principio pueden ser jornaleras que se dediquen a las labores de cuidado de los hogares rurales en donde los hombres siembran y cosechan plantas como amapola y cannabis. También son cocineras, es decir, preparan los alimentos para los hombres que se dedican a la fabricación de drogas –sobre todo sintéticas–. El eslabón más bajo de esta cadena es aquel en donde las mujeres son utilizadas como correos humanos que transportan estupefacientes de un punto a otro –las mal llamadas mulas–. Sobre ello, son utilizadas […] debido a su bajo perfil, pero enfrentan penas más severas que los hombres por delitos no violentos (Arana Aguilar y Camarena Romero).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), en ese año había 12,407 mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios estatales. Únicamente el 54% contaba con una sentencia condenatoria, de ellas 7% estaban relacionadas con posesión ilegal y 3.4% con comercio ilegal de drogas. Por otro lado, 46% de las mujeres en prisión seguían en proceso, es decir, no tenían una sentencia, sin embargo, entre los delitos por los que se encontraban el 10% estaba por posesión ilegal y 5% por comercio ilegal de drogas. Es decir, en proporción para ese año había más mujeres en proceso que con una sentencia por los mismos delitos relacionados con drogas.
En México, estos delitos están tipificados en la Ley General de Salud (art. 473 al 482) y en el Código Penal Federal (art. 193 al 199). Al ser considerados como delitos graves implican penas elevadas y una restricción casi total de medidas alternativas al encarcelamiento. Esta clasificación rígida ignora las condiciones específicas –edad, origen étnico, carga de cuidados, situación socioeconómica, violencias de género– que las mujeres tienen al enfrentar sus procesos penales, generando una profunda desigualdad en el acceso a la justicia. Como apuntamos anteriormente, la prisión preventiva oficiosa no garantiza justicia para las mujeres, por el contrario, al estar en contacto con el sistema de justicia penal son afectadas por la falta de la aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género.
Desde MUCD apostamos por la búsqueda de alternativas a la política de drogas que desde sus inicios ha priorizado medidas punitivas, que lejos de reducir los riesgos y daños causados por el consumo de sustancias, se ha encargado de castigar a los grupos más vulnerables involucrados en toda la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes.
Como sucede con otros grupos, las mujeres se ven afectadas por las condiciones de desigualdad estructural que las orillan a involucrarse con grupos delictivos que se perfilan como opciones viables que les sacarían de la pobreza, las alejarían de situaciones de violencia doméstica y proporcionarían condiciones necesarias para ejercer sus labores de cuidado.
Además, puntualizamos que es urgente la revisión y reducción del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que lejos de garantizar el acceso a la justicia es otra medida que castiga las desigualdades, sobre todo cuando se trata de delitos que llevan una carga social específica, como sucede con los relacionados con drogas. Solo si reconocemos las desigualdades que llevan a las mujeres a involucrarse en delitos relacionados con drogas, podremos impulsar cambios en una política que ha legitimado las violencias y exclusión a diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Es hora de ver por las mujeres, ¿no le parece a usted, estimado lector?