+Manuel Vilchis en entredicho por una casa millonaria a cambio de permisos de construcción; Gentrificación en Zinacantepec: las patrullas vigilan propiedades del alcalde, pero no a la ciudadanía en cuanto a seguridad
La frase
Si un gobierno no puede combatir la delincuencia, es porque los delincuentes están en el gobierno.
NAYIB BUKELE
La incertidumbre y el temor se han apoderado de la comunidad de San Miguel, Zinacantepec, donde más de 200 familias enfrentan una amenaza directa contra su patrimonio tras una orden de desalojo que les otorga un plazo fatal de apenas cuatro meses, e incluso amenazas de incursión con maquinaria pesada en tan solo cinco días.
El conflicto escaló al centro del municipio, donde los afectados se manifestaron para denunciar un despojo injusto orquestado por la Inmobiliaria San Agustín, la cual pretende comercializar aproximadamente 148 hectáreas ubicadas en la vialidad Adolfo López Mateos, colindante con San Lorenzo y San Francisco Tlalcilalcalpan, espacio donde ya se ofertan 29 condominios y 36 lotes. Podríamos decir que se trata de una gentrificación rural.
Los vecinos defienden un arraigo de más de 60 años, argumentando que las tierras son herencia de sus antepasados ejidatarios y cuestionando la opacidad en el presunto cambio de régimen de suelo ejidal a propiedad privada, especialmente cuando cuentan con títulos de propiedad vigentes y comprobantes de pago de servicios como agua, predial y energía eléctrica.
En el centro de la polémica se encuentran Marisela Monroy Ponce, señalada como la supuesta dueña de la extensión territorial, y su representante legal, Joel Efraín Duarte Peraza, sobre quien pesan advertencias ciudadanas por un historial de presuntos fraudes consultables en redes sociales.
La postura del Ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por el alcalde Manuel Vilchis Viveros, ha sido blanco de duras críticas; aunque el edil afirmó haberse enterado recientemente del conflicto, los manifestantes denuncian que la autoridad municipal ya habría entregado las claves catastrales al proyecto inmobiliario, evidenciando una preocupante contradicción administrativa.
Incluso, ante las acusaciones, el presidente municipal ha tenido que negar públicamente el otorgamiento de permisos de construcción a cambio de una vivienda valuada en varios millones de pesos.
Tras una serie de movilizaciones y mesas de diálogo con resultados parciales, el proceso se ha visto empañado por la falta de coordinación institucional.
En una reunión previa en la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, donde participaron el Registro Agrario Nacional (RAN) y representantes estatales, se pactó un recorrido por la zona con el Procurador Agrario y el Comisariado Ejidal que finalmente no se cumplió.
Ante esta omisión y el desconocimiento inicial del caso por parte de la Procuraduría Agraria, los afectados solicitaron formalmente la intervención de todas las partes.
Bajo este clima de tensión y denuncias por represalias contra quienes colocan lonas de protesta, se fijó el pasado miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas como una fecha crucial para que las autoridades y la inmobiliaria den la cara ante la comunidad, pero no se concretó.
Los habitantes de San Miguel exigen una investigación exhaustiva a las áreas de Catastro y Licencias de Construcción para fincar responsabilidades y determinar si existió colusión o corrupción en la emisión de permisos sobre predios con dueños legítimos.
La tensión política y social en Zinacantepec ha alcanzado un punto de ruptura, se evidencia una fractura profunda entre la administración municipal y diversos sectores de la ciudadanía.
El alcalde Manuel Vilchis Viveros se encuentra en el centro de un torbellino de acusaciones que van desde el abandono sistemático y la discriminación hasta presuntos actos de corrupción y el uso discrecional de la fuerza pública.
Ante las crecientes manifestaciones y críticas en eventos oficiales, la postura del edil ha sido tajante: descalificar las movilizaciones como ataques con tintes políticos derivados de las aspiraciones electorales de sus detractores.
Sin embargo, esta narrativa de persecución política se ha visto empañada por acciones administrativas directas, como la destitución de Flor Díaz de la delegación de San Luis Mextepec tras su participación en una conferencia de prensa, un hecho que para muchos confirma una política de intolerancia a la disidencia dentro del ayuntamiento.
Como respuesta a lo que consideran una gestión fallida, ciudadanos y delegados de diversas comunidades han formalizado su resistencia a través de la agrupación Pueblos Unidos por Zinacantepec.
Durante un reciente pronunciamiento, líderes sociales como Jorge Romero Aldama han señalado que el argumento del alcalde sobre la supuesta orquestación política de las marchas es solo una cortina de humo para ignorar las demandas reales de una población que ve cómo los servicios públicos y la seguridad se degradan día con día.
La situación ha escalado al punto de exigir formalmente la destitución de Vilchis Viveros, apelando a instancias estatales ante la falta de diálogo a nivel municipal.
Uno de los conflictos más emblemáticos radica en la gestión de la Feria del Marisco, un estandarte de la identidad de San Luis Mextepec.
Flor Díaz ha denunciado públicamente que el alcalde y el director de Desarrollo Económico han robado esta festividad para trasladarla a pabellones ajenos, beneficiando a particulares y despojando a la comunidad del control de su principal motor económico.
A esto se suman señalamientos de lucro indebido con la necesidad de la gente, como la supuesta venta de espacios en el panteón local por costos de hasta 8,000 pesos, mientras los servicios básicos en la zona permanecen en el olvido.
La crisis no es solo económica, sino de derechos fundamentales, según lo expresado por Janet Dionisio Mejía de Santa María del Monte, quien acusó a la administración de discriminar a los pueblos indígenas mediante la retención de recursos para obras públicas.
La seguridad ciudadana es, quizás, el punto más alarmante de esta crisis institucional. De acuerdo con las denuncias de Pueblos Unidos por Zinacantepec, se vive una privatización de facto de la fuerza pública, donde las patrullas son utilizadas para custodiar las propiedades privadas del alcalde mientras comunidades enteras sufren un aumento crítico en delitos graves como el secuestro.
Este clima de inseguridad ha provocado el desplazamiento forzado de familias que ya no encuentran garantías para vivir en el municipio.
Ante este panorama de misoginia, violaciones a la libertad de expresión y opacidad administrativa, la agrupación ha solicitado la intervención urgente de la gobernadora Delfina Gómez, del secretario Horacio Duarte y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para auditar la gestión de Vilchis y frenar lo que describen como un atropello sistemático a la dignidad de Zinacantepec.