+Atacar la extorsión seguirá siendo prioridad, dijo Delfina Gómez, la gobernadora, ante Claudia Sheinbaum, la presidenta del país; la inundaciones, otro tema; tareas inconclusas
La frase:
El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, aunque en el caso del Estado de México, está lleno de baches.
REFRÁN POPULAR ACTUALIZADO
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Estado de México dejó un mensaje que merece analizarse más allá del optimismo reflejado en los boletines oficiales y de las cifras presentadas durante la conferencia matutina.
Si bien el gobierno federal y el estatal destacaron reducciones en diversos indicadores delictivos, la instrucción pública dirigida a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer el combate a la extorsión, revisar la infraestructura hidráulica y consolidar los programas sociales deja entrever que la entidad continúa enfrentando problemas que todavía están lejos de resolverse.
Las palabras de la presidenta pueden interpretarse como una llamada de atención. Ningún mandatario solicita reforzar una estrategia que ya hubiera alcanzado plenamente sus objetivos. Por el contrario, cuando se pide fortalecer acciones, el mensaje implícito es que existen pendientes importantes que requieren atención inmediata.
En un Estado con más de 18 millones de habitantes y considerado uno de los más complejos del país por su densidad poblacional, su actividad económica y la presencia de grupos delictivos, las cifras positivas siempre deberán contrastarse con la realidad que viven diariamente los ciudadanos.
El gobierno estatal sostiene que la coordinación entre autoridades ha permitido disminuir delitos de alto impacto y homicidios, especialmente en la Región Oriente. Sin embargo, basta recorrer municipios como Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca o Nezahualcóyotl para escuchar un discurso muy distinto al oficial.
Comerciantes que siguen pagando cuotas para poder trabajar, transportistas que denuncian amenazas constantes, empresarios que prefieren guardar silencio por temor a represalias y familias que continúan viviendo con miedo; son parte de una realidad que difícilmente puede ocultarse detrás de porcentajes.
La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más deterioran la vida económica y social del Estado de México. No se trata únicamente del llamado derecho de piso. También existen amenazas telefónicas, cobros ilegales, intimidaciones y redes criminales que operan aprovechando el temor de las víctimas y, en muchos casos, la falta de denuncias derivada de la desconfianza hacia las autoridades.
Cuando un comerciante decide cerrar su negocio por miedo o un empresario deja de invertir porque considera que no existen condiciones de seguridad, las consecuencias trascienden el ámbito policial y afectan directamente el desarrollo económico de toda una región.
Resulta significativo que la propia gobernadora haya reconocido que la extorsión seguirá siendo una prioridad. Ese reconocimiento confirma que el problema permanece vigente y que aún no ha sido contenido pese a los operativos, cateos, aseguramientos y detenciones que constantemente son difundidos por las autoridades.
La pregunta inevitable es si las estrategias implementadas están atacando únicamente las consecuencias o si realmente están desarticulando las estructuras financieras y operativas que permiten a estos grupos mantenerse activos.
Uno de los casos que más cuestionamientos genera continúa siendo el de Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, identificados por autoridades estatales y federales como líderes de La Familia Michoacana.
Ambos permanecen prófugos pese a que durante años han sido considerados objetivos prioritarios. Su permanencia fuera del alcance de las autoridades alimenta la percepción ciudadana de que las organizaciones criminales mantienen una importante capacidad operativa y de movilidad, además de generar interrogantes sobre las dificultades que enfrenta el Estado para capturar a quienes encabezan estas estructuras delictivas.
Mientras tanto, las autoridades continúan informando sobre aseguramientos de armas, drogas, vehículos, inmuebles y miles de detenidos. Sin restar importancia a esos resultados, una parte de la sociedad sigue preguntándose por qué, si los golpes al crimen organizado son tan constantes, los principales líderes criminales continúan operando y la percepción de inseguridad permanece elevada en amplias zonas del territorio mexiquense.
Pero la seguridad no fue el único tema que dejó interrogantes durante la visita presidencial. Las inundaciones volvieron a colocarse en el centro de la discusión pública. El gobierno anunció inversiones multimillonarias dentro del Plan Integral para la Zona Oriente, recursos destinados a colectores, drenajes, cárcamos, plantas de bombeo y otras obras hidráulicas. Sobre el papel, el proyecto representa una de las mayores inversiones en infraestructura para esa región.
Sin embargo, la temporada de lluvias vuelve a mostrar escenas que los habitantes conocen desde hace décadas. Calles convertidas en ríos, viviendas anegadas, negocios con pérdidas económicas, escuelas afectadas y miles de personas intentando rescatar parte de su patrimonio. Municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y La Paz siguen apareciendo año tras año en los reportes por inundaciones severas.
Para quienes viven estas emergencias, las cifras de inversión poco significan cuando el agua continúa entrando a sus hogares. La percepción ciudadana suele construirse a partir de resultados visibles y no únicamente mediante anuncios presupuestales. La población espera que las obras reduzcan realmente las afectaciones y no que las lluvias continúen evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura urbana.
Las estadísticas oficiales también fueron uno de los principales argumentos presentados durante la conferencia presidencial. Se habló de una disminución del 19 por ciento en delitos de alto impacto, de una reducción del 40 por ciento en la incidencia mensual y de una baja del 53 por ciento en homicidios dentro de los municipios del oriente. Son datos relevantes que reflejan el trabajo institucional y que merecen ser considerados dentro del análisis.
No obstante, existe otro indicador igual de importante: la percepción ciudadana. Cuando miles de personas siguen modificando sus horarios por temor a ser víctimas de un delito, cuando comerciantes pagan por protección, cuando transportistas cambian rutas para evitar riesgos o cuando familias enteras viven con miedo, el desafío para las autoridades no consiste únicamente en reducir estadísticas, sino en recuperar la confianza de la población.
La seguridad no se consolida sólo con números. También se mide por la tranquilidad con la que una persona puede abrir su negocio, utilizar el transporte público, caminar por su colonia o regresar a casa al caer la noche. Esa sensación de seguridad continúa siendo una deuda pendiente para amplios sectores del Estado de México.
El mensaje de Claudia Sheinbaum puede entenderse, entonces, como un reconocimiento de que aún hay tareas inconclusas. Fortalecer el combate a la extorsión, reforzar la infraestructura hidráulica y mantener la coordinación institucional implica aceptar que todavía existen desafíos que demandan soluciones más profundas y sostenidas.
Porque, al final, ningún boletín oficial sustituye la experiencia cotidiana de millones de mexiquenses. Las conferencias terminan, las cifras cambian cada mes y los informes se actualizan periódicamente. Pero para quien pierde su patrimonio por una inundación, para quien cierra un negocio por las extorsiones o para quien vive con temor por la violencia en su comunidad, la evaluación del gobierno no depende de porcentajes, sino de resultados concretos que transformen su realidad.
Ese sigue siendo el gran reto para las autoridades estatales y federales: convertir los avances estadísticos en una mejora tangible de la calidad de vida de los ciudadanos. Mientras eso no ocurra, la distancia entre el discurso oficial y la percepción social continuará siendo uno de los principales desafíos del Estado de México.