CONCAEM: Extorsión eleva precios de la canasta básica en Edomex
La extorsión se mantiene como uno de los desafíos más graves y complejos para el sector empresarial en el Estado de México, manifestó Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), toda vez que esta actividad criminal frena las inversiones, por lo que, entre otras cosas urgió a erradicar la colusión de servidores públicos para devolver la certeza al sector productivo, ya que advirtió “sin seguridad no hay desarrollo, inversión ni generación de empleo”.
Aunque las autoridades reportan disminuciones en ciertos índices delictivos, Massud explicó que en algunas regiones del Estado de México, los productos de la canasta básica presentan incrementos de entre 10 y 20% en comparación con otras zonas, un fenómeno inflacionario que estaría vinculado con el acoso y las presiones que sufren las cadenas de distribución y comercialización de mercancías.
Por esta razón, el líder de CONCAEM consideró urgente que los operativos y esfuerzos institucionales contra la extorsión se complementen con una rendición de cuentas mucho más transparente y detallada hacia la sociedad.
También hizo un llamado para que las corporaciones de seguridad informen con claridad sobre los avances reales de sus intervenciones, la cantidad de bienes incautados a las células delictivas y las estrategias específicas que se están implementando para desmantelar por completo a las bandas que operan en la entidad.
El representante empresarial detalló que mantienen canales de comunicación directa y permanente tanto con la Secretaría de Seguridad como con la Fiscalía General de Justicia estatal para canalizar de inmediato los reportes de los empresarios afectados.
Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo para erradicar este problema es el miedo profundo de las víctimas a sufrir represalias, de ahí que es necesario fortalecer la cultura de la denuncia legal. En este sentido, recordó que acudir ante el Ministerio Público y dar seguimiento a los procesos penales es una responsabilidad compartida indispensable para frenar la impunidad, lo cual incluye castigar con rigor a los servidores públicos que resulten involucrados en estos actos ilícitos.