+No eran mandos los empleados de la Fiscalía, pero ¿Cómo se les colaron?, hay que mejorar el cedazo del empleo; ¿Alguien sabe a qué se dedica Celina Castañeda?
La frase:
El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente.
LORD ACTON
Perdida la titular de Salud mexiquense
¿Alguien sabe a qué se dedica la titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza?
Pues en realidad a nada productivo, dicen los médicos y enfermeras de lo que antes era el Instituto de Salud del Estado de México, ahora transferido administrativamente al programa federal IMSS Bienestar.
La representación sindical del Hospital Mónica Pretelini dio a conocer este miércoles que la falta de pagos a médicos y enfermeras del sector Salud público en el Estado de México, asunto que ya afecta a más de 10 mil trabajadores, tiene origen simplemente que a la señora secretaria se le pasó su obligación de firmar los formatos de transferencia que el Gobierno del Estado de México debe hacer mes a mes para que el gobierno federal libere los recursos económicos necesarios para cubrir la nómina hospitalaria.
Así de simple, la señora secretaria de Salud del Estado de México tiene cosas más importantes –entre ellas irse de vacaciones— que garantizar el pago de todo el personal de Salud del Estado de México.
Tiene meses que la titular de Salud es una simple decoración, pues ya no administra ese importante rubro de la política estatal, no resuelve absolutamente nada que tenga que ver con la operación de clínicas y hospitales, pues éstos fueron transferidos al gobierno federal, entonces la pregunta es: ¿a costa de qué se le paga a ella sí puntualmente un salario que puede superar los 100 mil pesos quincenales? Le pagan por no hacer nada.
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México ha limitado sus funciones únicamente a la inspección de las condiciones sanitarias con que operan aquellos negocios que tienen que ver con el manejo de alimentos y las cadenas de distribución de medicamentos, y ni eso pueden hacer bien.
Es lamentable que un gobierno, como el del Estado de México, no cumpla con sus prioridades ante los ciudadanos, pero eso de no pagar a los médicos y enfermeras eso sí ya es el colmo de la actitud irresponsable y holgazana de quienes ocupan las amplias oficinas de la Secretaría de Salud para no hacer nada.
Quizá la función más importante para la secretaria Celina Castañeda de la Lanza sea manejar sus redes sociales y a través de ellas hacer algo como para que los mexiquenses vean que sí trabaja, pero de fondo no hace más que obstaculizar la operación de ese sector.
La crisis en el Sector Salud mexiquense es un asunto muy serio que merecería la atención de la titular del Ejecutivo estatal, pues no todo en esta entidad es plantar árboles para la foto y acariciar perros.
SUCEDE EN LA FISCALÍA
Hay instituciones cuya sola existencia debería representar una garantía para la ciudadanía. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debería ser una de ellas: el lugar donde se investigan los delitos, se persigue a los responsables y se construyen los expedientes que buscan llevar justicia a las víctimas.
Sin embargo, una vez más, la propia institución queda bajo la lupa luego de que cuatro de sus presuntos integrantes fueran detenidos por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro exprés.
Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43, quienes presuntamente se desempeñaban como agentes investigadores de la Fiscalía mexiquense, fueron detenidos durante un operativo coordinado por autoridades federales en Texcoco y Ecatepec.
Tres órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en Texcoco y una más en Ecatepec, dentro de una investigación dirigida contra servidores públicos señalados por su probable relación con actividades ilícitas.
El despliegue involucró a cerca de 200 elementos y se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de la Fuerza de Tarea Marina de Ecatepec, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de la FEMDO, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades establecieron perímetros de seguridad para evitar fugas y garantizar que las órdenes judiciales fueran cumplimentadas de manera simultánea.
Durante los cateos fueron aseguradas seis armas de fuego, algunas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargadores, cartuchos útiles, dosis de drogas sintéticas, teléfonos celulares, computadoras y diversa documentación.
Es decir, el asunto no se reduce a cuatro funcionarios acusados de delitos graves. Las diligencias también dejaron al descubierto la existencia de armas, posibles drogas y otros objetos que ahora forman parte de las investigaciones y cuyo contenido deberá ser analizado por las autoridades competentes.
Tras su captura, los cuatro fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde quedaron a disposición de las autoridades federales. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos que se les atribuyen.
Pero más allá de las detenciones y de los aseguramientos, lo verdaderamente preocupante es el contexto en el que ocurren.
En enero de este año, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que investigaba denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión presuntamente cometidos por personal de la institución en Tecámac y otros municipios de la región.
En aquella indagatoria aparecían un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores. El objetivo era determinar si funcionarios públicos o personas ajenas a la institución estaban involucrados.
Meses después, cuatro presuntos agentes investigadores son detenidos en Texcoco y Ecatepec precisamente dentro de una investigación relacionada con extorsión y secuestro exprés.
La coincidencia no puede pasar inadvertida. Mientras miles de mexiquenses enfrentan amenazas, cobros ilegales, extorsiones, secuestros y otras formas de violencia, quienes tienen la responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables aparecen también bajo investigación por conductas de esa naturaleza.
Y el caso de la Fiscalía no es el único que debería encender las alarmas.
El pasado 10 de agosto fueron detenidos Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, ex servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, dentro de una investigación por un presunto esquema de extorsión contra propietarios de verificentros.
Ambos fueron vinculados a proceso el 16 de agosto; uno por extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad. De acuerdo con la investigación, presuntamente exigían cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos a propietarios de establecimientos de verificación vehicular para permitirles continuar operando, además de otros cobros relacionados con líneas y vehículos verificados.
El expediente apunta a que el supuesto esquema habría generado cientos de millones de pesos de manera ilícita y que los involucrados pretendían obtener más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.
Hasta ahora, no existe relación entre ambos casos y los cuatro agentes detenidos en Texcoco y Ecatepec. Pero sí existe un elemento que los conecta en el terreno institucional: servidores públicos que presuntamente habrían utilizado sus cargos para obtener beneficios económicos mediante prácticas de extorsión o abuso.
Y ahí está el verdadero problema.
La delincuencia ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de quienes operan en las calles, utilizan vehículos particulares, amenazan comerciantes o trabajan desde establecimientos clandestinos.
También debe observarse qué ocurre cuando quienes tienen acceso a información privilegiada, expedientes, bases de datos, armas, recursos públicos y herramientas de investigación son señalados por utilizar precisamente esas condiciones para cometer delitos. Porque el poder que tiene un servidor público puede convertir una amenaza en algo mucho más peligroso.
Un delincuente común puede intentar intimidar a una víctima. Un funcionario corrupto, en cambio, puede conocer información que debería estar protegida, saber qué investiga la autoridad, identificar las vulnerabilidades de una persona y utilizar los recursos del Estado para ejercer presión.
Por eso, cuando una institución encargada de combatir la extorsión tiene que investigar y detener a sus propios integrantes por su presunta participación en actividades similares, la pregunta deja de ser únicamente cuántos delincuentes existen en el Estado de México.
La pregunta realmente incómoda es ¿hasta dónde ha penetrado la delincuencia en las instituciones que deberían combatirla?
También habría que preguntar ¿cuántas denuncias no avanzan, cuántas víctimas prefieren callar por miedo a represalias y cuántas personas han perdido la confianza en acudir ante una autoridad porque consideran que quienes deberían protegerlas podrían terminar siendo parte del problema?
No basta con detener a funcionarios cuando existen elementos para hacerlo. La ciudadanía necesita saber qué mecanismos de control interno fallaron, cómo fueron detectadas estas conductas, cuánto tiempo pudieron haber operado y qué medidas se tomarán para impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
La Fiscalía no puede combatir eficazmente la delincuencia si dentro de sus propias filas existen servidores públicos dispuestos a utilizar el cargo para obtener beneficios ilícitos, así sea el barrendero. Tampoco puede recuperar la confianza ciudadana sólo mediante operativos, cateos y detenciones. Necesita demostrar que tiene controles capaces de detectar a tiempo la corrupción, investigar a sus propios integrantes y sancionar, sin excepciones, a quienes traicionen la función pública.
Porque la corrupción dentro de una institución de procuración de justicia no es un delito cualquiera. Es una traición a la confianza de quienes acuden a ella buscando protección y justicia. Y cuando la Fiscalía tiene que detener a sus propios investigadores, el problema ya no sólo está afuera de las instituciones.
Está dentro, y esa debería ser una de las señales de alarma más graves para cualquier gobierno que pretenda recuperar la seguridad y la confianza de los mexiquenses.