¿En qué momento se jodió el Perú?

Hay una pregunta que los peruanos aprendimos a hacernos sin esperar respuesta. La pregunta aparece en las primeras páginas de Conversación en La Catedral, publicada por Mario Vargas Llosa en 1969. Santiago Zavala o Zavalita, sale de La Crónica, mira una Lima gris y camina preguntándose cuándo ocurrió aquello que parece imposible fechar, ¿En qué momento se había jodido el Perú?, aquella pregunta escrita en pasado pluscuamperfecto no es un detalle menor, ya que designa una acción anterior a otra acción pasada un tiempo que mira hacia atrás desde un pasado que ya ocurrió. Zavalita no pregunta cuándo se jode el Perú, sino cuándo se había jodido, como si la ruina fuera un hecho consumado, irremediable, anterior a cualquier intento de comprensión. La novela entera es el intento de rastrear ese momento anterior, ese instante que nunca se encuentra porque, como sospecha Zavalita al final, quizá siempre estuvo ahí, siempre, desde el principio, nunca dejó de joderse. 

He decidido cambiar el tiempo verbal para titular esta columna ¿En qué momento se jodió el Perú? porque el presente exige otra conjugación, ya no preguntarse desde la distancia de quien busca un instante perdido, eso implicaría que el desastre pertenece al pasado, que ya ocurrió y que nosotros llegamos tarde a la escena. Por eso conviene volver a formularla desde el presente.

Empiezo esta columna con esa frase, porque hay días en que el presente adquiere una extraña consistencia, no exactamente porque el futuro pueda conocerse, sino porque ciertas señales comienzan a repetirse con una insistencia que vuelve difícil mirar hacia otro lado. La violencia se normaliza, la mentira se administra como discurso público, la impunidad encuentra nuevas formas jurídicas y los Estados aprenden a pronunciar la palabra orden mientras sus fronteras se llenan de cadáveres. En algún momento, la incertidumbre deja de parecer una ausencia de conocimiento y comienza a sentirse como la conciencia de que algo está siendo construido delante de nuestros ojos.

No sé qué augura el futuro, y profundamente desconfío de quienes hablan del porvenir como si poseyeran una certeza profética, pero también de quienes nos exigen tranquilidad mientras las condiciones materiales de la vida se deterioran. Hay una diferencia entre el pesimismo y la lucidez, el primero puede convertirse en una forma de inmovilidad; la segunda obliga a identificar aquello que está ocurriendo, sus responsables, sus estructuras y las posibilidades de intervenir en ellas.

En el Perú, la violencia ya no se presenta únicamente como una sucesión de hechos criminales, además, se introduce en la vida cotidiana mediante la extorsión, los cobros de cupos, las amenazas, el miedo a transitar por determinadas calles y la sensación de que la protección estatal llega tarde, cuando llega, si es que llega. La expansión del crimen organizado convive con una fragilidad institucional que no puede explicarse sólo por la existencia de delincuentes. La violencia también se vuelve política cuando las instituciones son incapaces de garantizar derechos, cuando quienes denuncian quedan expuestos y cuando el miedo empieza a organizar las decisiones de la ciudadanía.

En ese escenario, el asesinato de la periodista y candidata regional Susy Aponte Polo, conocida como La China Polo, adquiere una gravedad que excede su dimensión individual. 

El sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:40 del mediodía, Susy Aponte Polo caminaba por un mercado de abastos en Caraz, Áncash, repartiendo propaganda electoral. Tenía 43 años. Era periodista y candidata a la gobernación regional, se acercaba a un puesto, saludaba a una vendedora, sonreía para una foto. Un hombre se aproximó y le disparó a quemarropa, varias veces, en la cabeza, la mataron a plena luz del día, en un espacio público, frente a testigos. Este asesinato trae reminiscencias de un guion que los peruanos conocemos bien, cuando el silencio que se impone por la fuerza y la advertencia que se convierte en ejecución. La China Polo, como la llamaban, dirigía un portal informativo donde denunciaba corrupción, minería ilegal, crimen organizado y complicidades policiales en Áncash. Nueve días antes de su muerte, había denunciado públicamente que un alto mando policial había ordenado su asesinato, mencionó al general de la PNP Víctor Revoredo. Había recibido amenazas desde tres penales, y había presentado la denuncia, sin embargo, aun así, caminaba sola por ese mercado, porque en el Perú, denunciar no te protege como se creería, por el contrario te señala. Lo que dijo en el vídeo fue: He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo (…), el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (…), indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista. (Silva Renato, INFOBAE, 2026).

La Fiscalía cambió la calificación del caso porque primero lo investigó como feminicidio, luego como sicariato. Hay dos detenidos, ambos de nacionalidad venezolana, empero, la pregunta que debería perseguirnos no es quiénes apretaron el gatillo. Es quién dio la orden, y por qué el Estado peruano, que conocía las amenazas, no hizo nada para protegerla. Pero, hay un detalle que debería helarnos la sangre, y es que en el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), la muerte de Susy Aponte Polo aparece registrada como NO SE CONOCE/IGNORADO, pese a que la necropsia establece lesiones por proyectil de arma de fuego. Mientras permanezca bajo esa categoría, su asesinato no se incorpora al conteo de homicidios cuando se consulta la base filtrando por ese tipo de muerte. El analista Juan Carbajal lo dijo con una claridad brutal: Lo que no se mide, no se combate; borrar el rastro de la violencia armada en los sistemas del Estado maquilla la gestión de las autoridades y nos condena a vivir bajo una amenaza que el Gobierno se niega a reconocer en el papel indicó en su reporte en su cuenta de X (twitter).

Podríamos leer este asesinato como una tragedia individual, pero eso sería un error, porque esto evoca la reactivación de una gramática que se creía enterrada con el fin del fujimorismo, pero  la verdad es que nunca dejó de operar. Pero bien, no pretendo decir que solo pasó en el fujimorismo, la represión, los asesinatos no tienen impuesto un partido político, es simplemente la hazaña por tocar a quien ejerce poder, no obstante es bien sabido que diversos periodistas sufrieron atentados, asesinatos y desapariciones en el contexto de represión y control de la información en los noventas y dosmiles, durante el régimen de Alberto Fujimori. En aquella época el periodismo crítico fue perseguido, amedrentado y, en varios casos, asesinado. 

Melissa Alfaro Méndez, periodista del semanario Cambio, asesinada en 1991 mediante un atentado con dinamita dirigido contra el director del medio. Está Fabián Salazar, quien sufrió torturas después de haber obtenido y difundido información vinculada con el aparato de inteligencia del régimen. Están los periodistas, fotógrafos y comunicadores que fueron amenazados, perseguidos o asesinados por investigar aquello que el poder necesitaba mantener oculto. Otro caso emblemático es el de Pedro Yauri Bustamante, periodista de Radio Universal, asesinado en 1992 en Huacho. Su muerte fue vinculada al Grupo Colina, el escuadrón de la muerte que operaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En 2005, cincuenta y siete personas vinculadas al Grupo Colina, incluido Vladimiro Montesinos, enfrentaban juicios por asociación ilícita, secuestro agravado, homicidio calificado y desaparición forzada en relación con los casos de La Cantuta, Barrios Altos y el asesinato de Yauri. Recordarlos no significa afirmar que el presente reproduce de manera idéntica el fujimorismo, significa reconocer que la democracia peruana carga con una historia de violencia contra la prensa y que sus mecanismos de impunidad no desaparecen simplemente porque cambie el calendario.

La historia regresa, a veces, como una posibilidad que adquiere nuevas formas, por eso resulta insuficiente hablar de la libertad de expresión como si fuera un principio decorativo inscrito en una Constitución. La libertad de prensa necesita condiciones materiales, con periodistas que puedan investigar sin ser asesinados, medios que puedan sostener su independencia, instituciones que protejan a quienes reciben amenazas, jueces que no conviertan la denuncia en delito y una ciudadanía capaz de reconocer que la violencia contra un periodista también constituye una agresión contra su propio derecho a conocer. El periodismo no es una actividad externa a la democracia. Es una de las prácticas mediante las cuales una sociedad puede observarse a sí misma, identificar sus conflictos y disputar las versiones oficiales que intentan clausurar la discusión pública. Allí, donde se amenaza a quien investiga, no se busca únicamente silenciar a una persona. Se intenta reducir el campo de lo que puede saberse.

En las últimas semanas, César Hildebrandt y Eloy Marchán, director y reportero de Hildebrandt en sus Trece, fueron querellados por el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer después de publicaciones del semanario sobre sus antecedentes y vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. La querella por difamación agravada solicita una pena privativa de libertad y una reparación civil millonaria. El Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas han advertido sobre el posible efecto intimidatorio de la acción judicial. El motivo es un reportaje que reveló los antecedentes de Valenzuela y su relación con Fujimori. Valenzuela sostiene que se le presentó como empresario sentenciado por estafas millonarias cuando, según él, los procesos en su contra son de naturaleza civil, no penal. Hildebrandt respondió con la lucidez que lo caracteriza: 

No tiene que intimidarnos, señor Valenzuela. En efecto, los procesos civiles iniciados contra usted no se han convertido en fallos penales. Aunque sí hay causas civiles que terminaron en sentencia. (…) Mientras eso suceda aquí estaremos pisando callos, visitando spas y descubriendo relaciones comprometedoras.

Aquí la precisión importa, porque una querella no demuestra por sí misma que exista censura, del mismo modo que una investigación periodística no queda automáticamente validada por ser incómoda, a pesar de ello se repite el eterno patrón, donde se usa el sistema judicial para ahogar económicamente a los medios independientes. No seamos ingenuos, una demanda de un millón de dólares no busca reparar un daño, lo que busca es destruir al demandado, y esa, es la misma lógica que el fujimorismo aplicó en los 90, pero ahora con abogados en lugar de sicarios. Por eso la defensa del periodismo exige proteger tanto la integridad física de los comunicadores como las condiciones jurídicas y materiales de su trabajo. La censura no siempre necesita prohibir una publicación, a veces como este caso evidencia, le basta con volver demasiado costoso producirla.

Y mientras todo esto ocurre, el Perú participa en el escenario internacional con decisiones que también deben ser interrogadas. El 17 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permitía la participación virtual de la delegación palestina durante el debate de alto nivel, después de que Estados Unidos negara visados a miembros de esa delegación. La resolución obtuvo 152 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Paraguay) y cuatro abstenciones: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Muchos dicen que una abstención no equivale automáticamente a una adhesión política a todas las posiciones de quienes votan en contra, lo que es válido, pero tampoco carece de significado, en un contexto de devastación palestina, desplazamiento forzado y denuncias internacionales sobre graves violaciones del derecho internacional humanitario, cada decisión diplomática debe ser examinada por sus implicancias políticas. La política exterior también produce efectos sobre la vida de personas que no participan directamente en sus deliberaciones, la distancia entre un voto y un cuerpo destruido puede parecer inmensa, y precisamente por eso la responsabilidad política exige no utilizar esa distancia como refugio moral. Por lo que abstenerse parece una decisión útil, mejor, neutra, pero en política internacional, la neutralidad es complicidad por omisión. Es la decisión de no ensuciarse las manos mientras otros matan. Es la postura del que prefiere mirar hacia otro lado para no tener que explicar por qué no condena un genocidio.

Lo que ocurre en Palestina y lo que ocurre en el Perú no puede confundirse como si fueran fenómenos equivalentes. Sus historias, escalas, actores y estructuras son diferentes. Sin embargo, ambos escenarios obligan a preguntar por el modo en que los Estados administran la vida, la violencia y la responsabilidad. ¿Qué vidas merecen protección efectiva? ¿Qué sufrimientos reciben condena diplomática y cuáles se convierten en un asunto secundario? ¿Qué ocurre cuando el lenguaje de los derechos humanos convive con decisiones que dejan a poblaciones enteras expuestas a la devastación?

Estas preguntas también acompañan una escena que, en medio de la oscuridad, fue evocadora, Los Mirlos en Tiny Desk Concert, llevando su música a un espacio internacional y dedicando palabras a los defensores ambientales y a los pueblos indígenas que protegen la Amazonía incluso a costa de sus propias vidas. Hay algo profundamente conmovedor en escuchar la selva convertida en música y, al mismo tiempo, en denuncia. La cultura puede abrir una puerta que la política institucional suele mantener cerrada, puede hacer visible una memoria, una sonoridad y una lucha que han sido históricamente relegadas. Pero la emoción también merece ser examinada. Es posible celebrar a Los Mirlos, conmoverse con la defensa de los territorios indígenas y reconocer la belleza de una denuncia ambiental mientras se apoyan proyectos políticos que debilitan derechos, normalizan la violencia o protegen estructuras de poder responsables de esa misma devastación. Las contradicciones no invalidan automáticamente una emoción, pero sí nos obligan a pensar qué hacemos con ella después de sentirla. La sensibilidad política no puede agotarse en la identificación momentánea con una causa. Tiene que convertirse en una práctica sostenida de responsabilidad, defender la Amazonía cuando su música llega a un escenario internacional debería llevarnos también a preguntar por las políticas extractivas, la violencia contra sus defensores, el abandono estatal y las condiciones económicas que obligan a tantas comunidades a defender la vida desde posiciones de extrema vulnerabilidad. Una causa no se protege únicamente cuando se vuelve una experiencia estética, también se protege cuando exige incomodidad, organización y perseverancia.

No sé qué augura el futuro. Sería una impostura escribir como si pudiéramos conocer de antemano el desenlace de este tiempo, lo que sí podemos reconocer es que ninguna sociedad se deteriora únicamente por la existencia de personas violentas o de políticos corruptos. Se deteriora cuando la violencia encuentra normalización, cuando la impunidad se vuelve costumbre, cuando la mentira se administra como estrategia y cuando la ciudadanía comienza a aceptar que ciertas vidas están destinadas a sufrir las consecuencias del orden establecido.

Tampoco habría que mentirnos con la ilusión de que un cambio electoral, por sí solo, habría resuelto estas contradicciones. No sabemos qué habría ocurrido bajo otro gobierno, y atribuirle a una sola elección la capacidad de transformar estructuras históricas sería una forma de ingenuidad política. La justicia, la seguridad, la redistribución de la riqueza, la protección de los territorios y la defensa de la libertad de expresión requieren instituciones, organización colectiva, memoria, voluntad y conflicto político sostenido. Ningún gobierno puede sustituir completamente esa tarea; ningún gobierno debería utilizar esa dificultad como excusa para eludir su responsabilidad. La historia no está cerrada, pero tampoco se transforma por voluntad ni por consuelo. Se transforma cuando quienes padecen y observan la violencia dejan de ser únicamente sus víctimas y comienzan a reconocerse como sujetos capaces de enfrentar las estructuras que la reproducen. La vida no necesita una promesa de salvación, lo que necesita es organización, memoria y lucha. Y esa tarea, aunque dolorosa, sigue estando en nuestras manos.

SINTONÍA: Que la música que nos acompañe en esta columna sea la banda sonora de estos días que es el ruido silencioso de las muertes que no entran en los conteos oficiales, de los expedientes que se archivan con una categoría errónea, de las demandas que buscan agotar a quien denuncia, de los votos que se abstienen para no tener que nombrar un genocidio. Violencias que no se escuchan, pero que pesan. La música de esta semana es la que no suena. Una frecuencia baja que el poder prefiere inaudible, porque lo que no se oye no se reclama, y lo que no se mide no se combate.

Breves referencias 

Amnistía Internacional. (1992). Los derechos humanos durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori (AMR 46/18/92/s). https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/018/1992/es/ 

Amnistía Japón. (2005). Peru/Chile: Fujimori facing justice. The victims’ right. https://www.amnesty.or.jp/ 

Asociación Nacional de Periodistas del Perú. (2026). ANP rechaza acción intimidatoria de amigo de Keiko contra «Hildebrandt en sus trece». Crónica Viva. https://www.cronicaviva.com.pe/ 

El País. (2026). Asesinada en Perú una candidata regional y periodista que había denunciado amenazas. https://elpais.com/america/2026-09-20/asesinada-en-peru-una-candidata-regional-y-periodista-que-habia-denunciado-amenazas.html 

Gestión. (2026, 18 de septiembre). ONU respalda participación de Palestina en Asamblea General: Perú se abstuvo en votación. https://gestion.pe/mundo/internacional/onu-respalda-participacion-de-palestina-en-asamblea-general-peru-se-abstuvo-en-votacion-noticia/ 

Ground News. (2026, 20 de septiembre). Peruvian journalist and candidate shot dead at campaign event days after warning of death threats. https://ground.news/ 

Infobae. (2026, 18 de septiembre). La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina. https://www.infobae.com/

 

Infobae. (2026, 19 de septiembre). Susy ‘China’ Polo hizo grave denuncia poco antes de ser asesinada. https://www.infobae.com/ 

Instituto Prensa y Sociedad. (2026). Perú: empresario allegado a la presidenta querella por difamación a director y reportero de Hildebrandt en sus Trece. https://ipys.org/ 

La República. (2026). Fiscalía ya no investigará el asesinato de «La China Polo» por feminicidio sino por sicariato. https://larepublica.pe/ 

La República. (2026). «La China Polo» aparece como muerte «ignorada» en SINADEF. https://larepublica.pe/ 

LatAm Journalism Review. (2026). Exasesor de Fujimori condenado por el asesinato de periodista en 1991 https://latamjournalismreview.org/es/articles/exasesor-de-fujimori-condenado-por-el-asesinato-de-periodista-en-1991/ 

LatAm Journalism Review. (2026). Reo asegura que fotoperiodista peruano fue asesinado por investigar nexos de político con el narcotráfico. https://latamjournalismreview.org/es/articles/reo-asegura-que-fotoperiodista-peruano-fue-asesinado-por-investigar-nexos-de-politico-con-el-narcotrafico/

 

Swissinfo. (2026, 28 de agosto). Empresario argentino amigo de Fujimori demanda a medio peruano y pide un millón de dólares https://www.swissinfo.ch/spa/