Cardo o ceniza: la política de sobrevivir entre las cenizas
Hay semanas en las que escribir una columna se parece a redactar un acta de defunción. Esta es una de ellas. Mientras Lima procesaba los resultados de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre, el Cusco ardía. Y no era una metáfora. En la provincia de Espinar, los incendios forestales habían consumido más de 15.000 hectáreas entre los distritos de Alto Pichigua y Pichigua. Los comuneros de la sierra alta perdían sus pastizales y su ganado. Rosmeri, de 11 años, y su hermano Clinton, de 18, morían tras sufrir quemaduras por el incendio forestal en Acomayo. Sus familias los sepultaron el lunes, en medio del dolor.
Al 12 de octubre, los incendios forestales continúan afectando distintos territorios del Perú. El medio regional El Búho reportó 33 incendios activos en doce regiones, seis personas fallecidas y cientos de animales muertos. En Cusco, la Agencia Andina informó que se habían registrado 289 siniestros durante el año y alrededor de 9.000 hectáreas afectadas hasta el 11 de octubre. En Junín, el incendio que alcanzó el territorio de la comunidad asháninka de Cutivireni arrasó más de 250 hectáreas de bosque y amenazó viviendas y cultivos. Las cifras varían según el ámbito y la fecha de cada reporte, pero la dimensión de la emergencia es innegable. Las estadísticas, indispensables para comprender la magnitud del desastre, tienen también cierta limitación, ya que pueden acostumbrarnos a la devastación. Se contabilizan hectáreas, focos de calor, viviendas dañadas y personas fallecidas; detrás de cada indicador hay vidas concretas, relaciones comunitarias y ecosistemas que sostienen formas enteras de existencia. Un animal calcinado no es un daño colateral abstracto. Una chacra destruida puede comprometer la alimentación de una familia. Un bosque incendiado pierde parte de sus funciones ecológicas y deja a las comunidades expuestas a consecuencias que se prolongan mucho después de que desaparecen las llamas.
La emergencia ecológica exige, por ello, una mirada capaz de reconocer las relaciones materiales entre la vida humana y el territorio. El bosque no constituye un decorado exterior a la sociedad, una reserva de recursos disponible para la explotación o una superficie vacía a la espera de un propietario, es una trama de interdependencias, suelo, agua, vegetación, animales y poblaciones humanas cuya existencia depende de equilibrios que la actividad económica puede alterar y destruir. Pero, cuando el fuego devora un territorio, también pone al descubierto las condiciones políticas bajo las cuales unas vidas quedan expuestas al desastre.
Ley anti forestal
En enero de 2024, el Congreso aprobó la Ley N° 31973, conocida por organizaciones ambientales y por la propia Defensoría del Pueblo como la «Ley Antiforestal». La norma establece que los predios privados que no tengan masa boscosa y que realicen actividad agropecuaria quedan exceptuados de realizar
estudios de clasificación de suelos y de solicitar autorización para cambiar el uso del suelo La consecuencia es tan sencilla como brutal, si el bosque ya fue eliminado, la ley «perdona» la deforestación pasada y facilita la titulación de la tierra para uso agrícola. Quemar el bosque se convirtió en el método más rápido y económico para hacer desaparecer la cobertura boscosa y luego reclamar la tierra como «agrícola». Como señala la Defensoría del Pueblo, la norma «facilita la conversión de bosques en tierras agrícolas, fomentando la quema de bosques y pastizales para convertirlas en tierras agrícolas».
El abogado especialista en temas ambientales César Ipenza lo dijo con claridad ante Servindi: la Ley Antiforestal «genera incentivos perversos para que la gente se haga de más tierras», motivando así la quema y deforestación de bosques. «La gente señala que simplemente tiene las autorizaciones y condiciones para poder deforestar. Entonces, definitivamente, esta ley impulsa, motiva y facilita la deforestación y los incendios». (2024)
La Defensoría del Pueblo (2024) advirtió además que la norma fue aprobada sin considerar que la conservación y el uso sostenible de los bosques son pilares fundamentales para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el bienestar de los pueblos indígenas. Y el presupuesto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para prevención y atención de emergencias fue reducido de 7,5 millones de soles a solo 2,6 millones, de los cuales se ejecutó apenas el 67,5%. Menos prevención, menos información, más fuego.
Entonces conviene preguntarnos: ¿Existe una relación directa entre los incendios actuales y la aplicación de esta ley? Esa conclusión exige investigaciones específicas, evidencia territorial y análisis de cada caso. La coincidencia entre una norma controvertida y una emergencia forestal no demuestra, por sí misma, que los incendios hayan sido provocados para obtener tierras, aunque a juicio personal, considero que están involucrados muchos factores en busca de poder. Lo que sí corresponde exigir es transparencia. Allí donde existan indicios, las autoridades deben investigar el origen de los incendios, posibles quemas ilegales, eventuales actividades de tráfico de tierras y cambios posteriores en el uso o la titularidad de los terrenos afectados. Los registros catastrales, las imágenes satelitales, los expedientes administrativos y las investigaciones fiscales pueden contribuir a esclarecer responsabilidades. La protección del territorio requiere que ninguna hipótesis se convierta en una acusación automática y que ninguna línea de investigación se descarte por anticipado.
Las comunidades combaten solas
Las comunidades asháninkas del valle del Ene están en primera línea, combatiendo el fuego con sus propias manos. Huber Ccayas, representante de la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, informó
que la zona enfrenta dos incendios forestales de gran magnitud desde el pasado 4 de octubre, afectando los anexos de Tsyapo y Tivoreni. (RPP, 2026) «El gobierno regional y el gobierno provincial no nos atiende. Estamos haciendo un llamado, pidiendo apoyo, pero no nos atiende hasta el momento», señaló Ccayas en diálogo con RPP. Los comuneros y brigadistas continúan trabajando para contener el fuego, pero resulta insuficiente frente a la magnitud de los incendios y su rápida propagación. «Han venido bomberos de Oxapampa, de Lima y de Satipo, hoy llegaron tres bomberos más, pero no es suficiente con el personal de bomberos, no se puede evitar ese incendio porque es de una escala fuerte».
Según la periodista Valeria Mendoza en una nota para Infobae (2026) el incendio en Cutivireni ha arrasado más de 250 hectáreas de bosque y amenaza viviendas, cultivos y animales de las familias asháninkas. El ingeniero forestal Julio Acosta advirtió que los esfuerzos iniciales para controlar la emergencia resultaban insuficientes frente a la magnitud del incendio. Alrededor de 80 personas, entre bomberos, brigadistas y pobladores organizados, participan en las labores para contener el fuego. Pero la respuesta estatal sigue siendo, cuando llega, tardía y fragmentaria.
En Cusco, quienes combatieron el fuego en Alto Pichigua fueron los propios comuneros organizados junto a estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El representante del COER explicó a La República que durante los últimos días no se contó con el apoyo del Ejército y la Policía debido a su participación en el proceso electoral. El Estado estaba ocupado contando votos mientras el país ardía. (La República 2026)
¿Se apagan los incendios con promesas?
Recién para el día de hoy 12 de Octubre (última actualización), siguiendo la nota de El peruano, el Gobierno ha desplegado tropas, aeronaves y sistemas de descarga de agua. La presidenta Keiko Fujimori supervisó las operaciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y anunció el envío de dos helicópteros equipados con helibaldes y un avión Spartan con capacidad para transportar 1.000 litros de agua. El Ministerio de Defensa informó que el Ejército del Perú, con el apoyo de la Segunda Brigada de Infantería y el batallón Los Cabitos N.° 51, realiza labores para controlar el siniestro en Ayacucho. La Fuerza Aérea desplegó un avión Beechcraft King Air 360C para reconocimiento aéreo y helicópteros MI-17 con sistema helibalde. Pero estas acciones llegan después de que el fuego haya consumido miles de hectáreas, después de que las comunidades hayan perdido sus pastizales y su ganado, después de que seis personas hayan muerto. La presidenta anunció además que el Gobierno ha comprado más helibaldes «sobre todo para el próximo año, que se pronostica difícil por el fenómeno El Niño». La prevención, una vez más, es una promesa diferida (El Peruano). El Senamhi emitió una alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales en ocho regiones, debido a la falta de lluvias, las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento. Las condiciones
climáticas seguirán siendo propicias para el fuego. La pregunta es si el Estado estará a la altura.
Coda
Los incendios forestales en el Perú son el resultado de una política deliberada que convirtió la destrucción ambiental en un negocio rentable. La Ley Antiforestal sigue vigente en su parte más dañina. Las comunidades indígenas siguen siendo las primeras en responder y las últimas en recibir apoyo. El presupuesto para prevención sigue siendo recortado. Y el Estado, una vez más, llega tarde. La crisis forestal del Perú interpela nuestra idea de responsabilidad colectiva. Nos obliga a pensar qué entendemos por desarrollo cuando la transformación del territorio compromete las condiciones que hacen posible la vida, qué significa la protección estatal cuando las comunidades deben exponerse para defender sus medios de subsistencia; y qué lugar concedemos a los animales y a los ecosistemas dentro de una organización social que suele reconocer valor a la naturaleza principalmente cuando puede convertirla en mercancía. La indignación, por sí sola, no apaga incendios. Debe convertirse en exigencia pública, investigación, prevención y vigilancia de las instituciones. Debe sostener la demanda de recursos suficientes, protocolos efectivos, protección de las comunidades y sanciones cuando se acrediten responsabilidades. Debe impedir que las pérdidas humanas y ecológicas se incorporen a esa contabilidad de catástrofes que terminamos aceptando como parte inevitable de nuestra época. Mientras el fuego continúe, hay vidas que necesitan protección, cuando se extinga, habrá territorios que necesiten reparación y responsabilidades que deberán esclarecerse. La emergencia nos exige mirar ambas cosas a la vez.
Porque defender un bosque es defender las condiciones materiales de la vida. Y una sociedad que aprende a convivir con la destrucción de esas condiciones termina aceptando, también, que algunas vidas pueden quedar a merced de las llamas.