LAS BONDADES DE LA DEMOCRACIA Primera de dos partes
“Quien no conoce la historia está condenado a repetirla.” La frase se atribuye con frecuencia a George Santayana y conserva una vigencia inquietante: mirar el pasado no evita por sí solo los errores, pero ignorarlo nos deja menos herramientas para reconocerlos.
Los acontecimientos de esta semana invitan a volver la mirada a la historia. En noviembre de 1964, médicos residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre iniciaron un paro después de que se les informara que no recibirían el aguinaldo esperado. El conflicto se extendió a otros hospitales y dio origen a un movimiento nacional que reclamaba mejores condiciones laborales y atención a sus demandas. La protesta fue reprimida y el movimiento concluyó en 1966. En los años siguientes, otros sectores también expresaron su inconformidad; en 1968, el movimiento estudiantil enfrentó una represión brutal, cuyo episodio más trágico ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco. No son hechos idénticos ni una secuencia inevitable, pero sí forman parte de una historia de demandas sociales y respuestas autoritarias que merece ser recordada.
La lección no consiste en afirmar que la historia se repite de manera exacta. Consiste en reconocer las señales de alerta: cuando la protesta se trata como una amenaza y no como una forma legítima de participación; cuando el poder desacredita a quienes exigen respuestas; cuando las instituciones pierden autonomía y la ley deja de ser un límite para convertirse en instrumento de conveniencia.
Una democracia puede conservar elecciones y, al mismo tiempo, deteriorarse en sus prácticas. Cuando se debilitan los contrapesos, se hostiga a quienes discrepan y se pone en duda la independencia de jueces y autoridades, la convivencia pública se vuelve más frágil. La violencia no aparece de un día para otro: suele abrirse paso donde el diálogo se clausura, la legalidad se aplica selectivamente y la ciudadanía deja de confiar en que sus demandas serán escuchadas.
Por eso conviene decirlo con claridad: un país menos democrático es también un país menos capaz de resolver sus conflictos por vías pacíficas. ¿Qué país queremos heredar a nuestros hijos: uno donde las diferencias se atienden mediante la ley y el diálogo, o uno donde prevalecen la imposición y el temor?
Una de las grandes virtudes de la democracia es que ofrece mecanismos para procesar el desacuerdo sin recurrir a la violencia. No elimina los conflictos ni garantiza gobiernos perfectos; establece reglas, derechos e instituciones para que el poder tenga límites y las diferencias puedan resolverse sin que nadie quede a merced de la voluntad de otro.
La democracia tampoco se reduce al acto de votar. Se expresa en la posibilidad de participar, exigir cuentas, acceder a la justicia y ejercer derechos. Su calidad se mide también en la vida cotidiana: en las oportunidades, la seguridad, la salud, la educación y el trato digno que reciben las personas. Cuando esas promesas no se cumplen, la decepción ciudadana puede convertirse en indiferencia o en disposición a aceptar soluciones autoritarias.
La polarización alimenta ese deterioro. Cuando la política divide a la sociedad entre leales y enemigos, y la mentira se presenta como verdad con tal de fortalecer una identidad o un proyecto, se debilita la capacidad de escuchar y deliberar. Un electorado enfrentado puede terminar justificando acciones antidemocráticas de sus propios liderazgos o restando importancia al debilitamiento de las instituciones, siempre que parezca favorecer a “los suyos”.
En mi próxima entrega abordaré con mayor profundidad la crisis de apoyo a la democracia liberal en América Latina, a partir de los datos de Latinobarómetro. Por ahora, adelanto una cifra que debe llamarnos a la reflexión: en el informe de 2026, el 48% de las personas encuestadas en la región consideró que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En México, esa proporción fue de 45%. No significa que el resto de la población apoye automáticamente una dictadura: también hay quienes se muestran indiferentes ante el tipo de régimen o expresan preferencia por una opción autoritaria. Pero sí revela una tarea urgente: hacer que la democracia responda mejor a las necesidades de la gente y proteger sus reglas e instituciones.
El respaldo a la democracia en América Latina alcanzó uno de sus puntos más altos en 2010 y descendió durante la década siguiente. El informe de 2026 describe ese proceso como una recesión democrática; no atribuye el fenómeno a una sola causa ni permite reducirlo a una consigna. La insatisfacción con los resultados de los gobiernos, las desigualdades y la percepción de que las instituciones no responden a las demandas ciudadanas forman parte de un panorama más amplio.
Entre los países con mayor apoyo a la democracia en 2026 se encuentran Uruguay y Argentina; entre los de menor respaldo, Guatemala y Honduras. México también se ubicó por debajo del promedio regional como ya se mencionó. Las cifras no son una sentencia sobre el futuro: son una advertencia sobre la confianza pública y una invitación a preguntarnos qué debemos corregir para que la democracia vuelva a ser una promesa creíble.