Pide Canapat control vial ante el «boom» de motos en Edomex

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El aumento en el uso de motocicletas durante la última década y media ha desatado una severa crisis de movilidad y seguridad en el Estado de México. Ante este escenario, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, lanzó un firme llamado a las autoridades para frenar de inmediato la preocupante anarquía vial que caracteriza la circulación de estos vehículos.

El líder transportista reconoció que las motocicletas se han consolidado como una alternativa de transporte crucial para miles de ciudadanos. Pero manifestó su profunda preocupación por la falta de control legal, ya que una gran cantidad de conductores transita por las calles sin demostrar que cuentan con la capacitación formal requerida ni con el equipo de protección indispensable para salvaguardar sus vidas y las de los demás.

Desde la perspectiva del sector del transporte público, la problemática trasciende el ámbito vial y abarca la delincuencia. López Nava denunció que estos vehículos son utilizados de manera recurrente para perpetrar delitos de alto impacto como asaltos, homicidios, ejecuciones y actividades ligadas al narcotráfico, una situación que obliga a los choferes de autobuses a operar en un estado constante de alerta para protegerse tanto de percances viales como de agresiones criminales.

Esta tensión es especialmente visible durante los fines de semana en vías estratégicas como Avenida Las Torres, así como en otros puntos del estado, donde se registran constantes altercados.

De acuerdo con el delegado, se han documentado casos de automovilistas agredidos físicamente y ciudadanos cuyas unidades particulares han terminado destrozadas tras sufrir altercados o reclamos por parte de grupos de motociclistas.

Para revertir este desorden, el representante de la Canapat urgió la intervención de corporaciones de tránsito debidamente capacitadas y honestas, criticando con severidad el actuar de algunos elementos actuales.

Como ejemplo de estas fallas institucionales, relató un incidente ocurrido el pasado 15 de septiembre, en el que varios choferes de transporte público fueron esposados y remitidos al Ministerio Público junto con sus autobuses por el simple hecho de portar una copia fotostática de su tarjeta de circulación. A pesar de que las autoridades ministeriales determinaron finalmente que los operadores no habían cometido ningún delito, el proceso dejó graves afectaciones económicas. López Nava señaló que, además del daño moral a los choferes, los concesionarios se vieron obligados a pagar una suma de 30 mil pesos por cada unidad para poder liberarlas tras permanecer apenas dos días dentro del corralón.

Incidentes como este, dijo, son muestra de los problemas que enfrenta el sector en materia de tránsito y seguridad, por lo que están solicitando una reunión urgente con el presidente municipal de Toluca.