Recibe Congreso dos iniciativas para expedir nueva Ley de la UAEMEX
El Congreso mexiquense analizará las iniciativas para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), presentadas por separado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado Octavio Martínez Vargas (morena). Entre otros aspectos, ambas propuestas plantean ampliar la participación de la comunidad universitaria en los procesos electorales internos y avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos.
La iniciativa de la gobernadora, presentada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (morena) durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, fue aprobada por el Consejo Universitario el pasado 17 de julio, tras un proceso de consulta en el que participaron estudiantes y personal académico y administrativo. La propuesta busca actualizar los modelos de representación y elección de autoridades, eliminar progresivamente los cobros y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.
En la exposición de motivos, el documento aclara que su contenido reproduce íntegramente los términos aprobados por la UAEMEX, sin modificaciones por parte del Ejecutivo. Establece que la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. Los votos se contabilizarán por sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario.
El nombramiento sería otorgado por el Consejo Universitario, con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario, que se constituiría como un espacio garante de la democracia universitaria, dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, encargado de organizar, conducir, vigilar y validar la legalidad de los procesos electorales de la titularidad de la rectoría y de direcciones de espacios académicos, así como de personas consejeras universitarias.
De aprobarse, esos criterios se aplicarían a la elección y nombramiento de la persona directora para un periodo ordinario de cada espacio académico, en cuyo proceso participaría la comunidad universitaria del espacio correspondiente, mientras que las personas consejeras del Consejo Universitario también ocuparían su cargo por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada persona integrante del sector de la comunidad correspondiente.
Cabe señalar que la ley vigente, que data de 1992, establece que el Consejo Universitario elige por mayoría de votos a la persona rectora para un periodo ordinario, previa opinión de las partes componentes de la comunidad universitaria, a través de procesos de auscultación cualitativa y cuantitativa.
El proyecto contempla la representación, con voz y voto, en el Consejo Universitario de los centros universitarios y unidades académicas profesionales, pues actualmente este órgano únicamente cuenta con representación efectiva de planteles de la escuela preparatoria, facultades e institutos.
La propuesta prevé que la eliminación progresiva de los cobros por concepto de inscripción y reinscripción se realice en términos de la Ley General de Educación Superior. Para tal fin, la UAEMEX conformaría un plan de acción para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas.
Además, proyecta la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria para prevenir, conocer, resolver y sancionar, de forma integral y bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas disciplinarias cometidas por quienes integran la comunidad universitaria, para lo cual contaría con independencia en su actuación.
Reconoce a la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos fundamentales y busca preservar el sentido social de la producción científica, tecnológica, artística y de innovación.
Adicionalmente, plantea que la investigación fortalezca la soberanía epistémica nacional mediante la generación, preservación y difusión del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y comunitario con pertinencia social y compromiso público. Lo anterior, a través del acceso abierto, la circulación libre y el aprovechamiento público del conocimiento.
Promueve el diálogo de saberes como principio fundamental para la generación y transmisión del conocimiento, reconociendo el valor científico, cultural, lingüístico e histórico de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios con apego a los principios de interculturalidad, inclusión y justicia social.
Sobre el uso de los diferentes tipos de inteligencia artificial en actividades académicas, administrativas, de investigación, innovación y extensión universitaria, señala que sería responsabilidad de quien la utilice, y que deberá observar los principios de ética, integridad y honestidad académica, transparencia, responsabilidad y propiedad intelectual, así como lo establecido en la normatividad universitaria, ya que bajo ninguna circunstancia deberá reemplazar el trabajo personal, la ética universitaria, el razonamiento crítico ni las capacidades cognitivas.
También propone la incorporación, como eje transversal del quehacer institucional, del bienestar y cuidado universitario integral, que comprenderían, de manera complementaria e interdependiente, la salud física y mental, la seguridad y protección ante riesgos y violencias, el fomento de la cultura física y la participación en el deporte, la salud alimentaria, espacios universitarios adecuados y accesibles, apoyo a situaciones de vulnerabilidad y promoción de una convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias. Para tal fin, se dispondría de un sistema de bienestar y cuidados universitarios.
Sobre el Consejo Universitario, dispone que estará conformado bajo el principio de paridad, constituido como la igualdad en número entre el alumnado y el personal académico, que incluye en este último sector a la persona titular de la dirección de cada espacio académico, además de que prevé supuestos para la remoción o destitución de las personas consejeras.
A este órgano se le añadirían atribuciones relacionadas con la emisión de criterios para el uso y destino de los recursos propios y de aquellos provenientes de fuentes alternas; el control y la rendición de cuentas sobre los recursos que no sean competencia del Órgano Interno de Control; la integración de las instancias y los órganos del Sistema de Ética y Justicia Universitaria; la incorporación y desincorporación de estudios, así como el otorgamiento y la revocación de reconocimientos, estímulos e incentivos.
Respecto a los requisitos para ser persona rectora, se añadirían los de no estar sancionada por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no estar condenada, mediante sentencia firme y ejecutoriada, por delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, ni estar inhabilitada para el servicio público. Tampoco deberá estar inscrita o inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y presentar una propuesta de plan de trabajo universitario. Los mismos requisitos aplicarían para la persona titular de cada espacio académico.
Igualmente prevé supuestos para la remoción y destitución del cargo de la persona titular de la rectoría, ausencias o licencias, la elección o designación de la persona rectora sustituta, así como el nombramiento de una persona encargada.
De aprobarse la ley, el Congreso mexiquense deberá implementar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al ordenamiento, además de que se deberán considerar los recursos y medios en la integración del presupuesto universitario para el Ejercicio Fiscal 2027, aunado a que los sistemas, programas y servicios señalados se implementarían de forma progresiva y conforme a la suficiencia presupuestal.
Asimismo precisan que el Consejo Universitario, en un término no mayor a 365 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, tendría que expedir el Estatuto Universitario.
Las personas titulares de rectoría, dirección de facultad, centro universitario, plantel de la escuela preparatoria, escuela profesional e instituto, así como personas consejeras electas y cargos de representación ante órganos de gobierno, continuarían desempeñándolos hasta la terminación del periodo para el cual fueron electas.
Por otro lado, se detalla que las personas coordinadoras de unidades académicas profesionales continuarían en su cargo en términos de la normatividad vigente al momento de su nombramiento. Las elecciones de consejeras y consejeros representantes del alumnado y del personal académico de los centros universitarios ante el Consejo Universitario se realizarían en un término no mayor a seis meses contados a partir de que inicie la vigencia de la ley, mientras que las personas titulares de las unidades académicas profesionales se integrarían al Consejo Universitario con voz y voto a la entrada en vigor del decreto.
La iniciativa del legislador Octavio Martínez plantea la elección universal, libre, secreta y directa de las autoridades universitarias. Asimismo, propone que los comicios universitarios se rijan por los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad de género. También plantea reconocer el principio de voto ponderado, conforme al cual el sufragio del sector estudiantil tendría un peso equivalente al doble del correspondiente al personal académico o administrativo.
Entre otros aspectos, el proyecto pretende la ampliación de la representación del sector estudiantil y del personal académico en el Consejo Universitario, establece el compromiso de avanzar hacia la eliminación progresiva de cuotas y cobros escolares, e introduce la obligación de la alternancia de género en la rectoría y direcciones, así como el de paridad en la integración de órganos colegiados, comisiones y consejos.
Promueve el presupuesto participativo en la comunidad universitaria, reconoce autonomía técnica a la Defensoría de los Derechos Universitarios e incorpora un catálogo de derechos universitarios, como el de la libre asociación, la protesta pacífica, la manifestación de ideas, el acceso en condiciones de equidad, la participación informada y la representación democrática.
Además de prohibir expresamente cualquier forma de discriminación por género, orientación sexual, etnia, discapacidad, condición socioeconómica u origen territorial hacia las y los integrantes de la comunidad universitaria, busca otorgar facultades al Consejo Universitario para ordenar auditorías internas y recibir informes públicos del ejercicio presupuestal, y la aplicación de auditorías externas, obligatorias y periódicas.
Considera faltas graves aquellas conductas vinculadas al acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, corrupción o conflicto de interés; integra a la sostenibilidad financiera como principio rector y a la vinculación con la sociedad como una obligación estructural; además, contempla un proceso de descentralización y la regulación del proceso de incorporación de establecimientos educativos.
La iniciativa propone una reforma a la Constitución estatal para establecer que la UAEMEX tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma atendiendo a los principios de democracia, humanismo, legalidad, equidad de género, inclusión, justicia social, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
Además, la carta magna precisaría que entre los fines de esta institución estaría el de impartir educación media superior y superior, respetando la libertad de cátedra, libre examen y discusión de las ideas; desarrollar investigación científica y tecnológica que coadyuve al bienestar social, y difundir el conocimiento y la cultura humana en todas sus manifestaciones, garantizando su acceso universal, libre y equitativo.
Adicionalmente, plantea reformar la Ley de Educación estatal en materia de observancia del régimen jurídico de las universidades con autonomía, para establecer que cualquier iniciativa o reforma a sus leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad, a los órganos de gobierno competentes y que deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Para tales efectos, el Poder Legislativo deberá remitir de manera íntegra y formal las iniciativas a la persona titular de la rectoría u órgano equivalente de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, quien se encargaría de presentarlas y difundirlas entre sus órganos de gobierno y su comunidad, para su análisis y discusión mediante foros, mesas temáticas y otros mecanismos participativos que estime pertinentes.
Finalmente, su máximo órgano de gobierno colegiado sería el responsable de formular y remitir al Congreso mexiquense un dictamen, debidamente fundado y motivado, que refleje el resultado de la consulta, así como las observaciones, recomendaciones u opiniones técnicas que considere oportunas.
La reforma especifica que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio.
Expresa Octavio Martínez solidaridad con madres buscadoras
Tras reconocer el esfuerzo y compromiso de los gobiernos federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estatal, a cargo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, respecto a la generación de esquemas, programas y acciones para la localización de personas desaparecidas, el diputado Octavio Martínez expresó su solidaridad con los colectivos de madres y familiares buscadores, quienes mantienen un bloqueo en la autopista México-Toluca para exigir seguimiento a las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.