LA PENETRACIÓN DEL GOBIERNO EN ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, RIESGO PARA LA DEMOCRACIA
La intención del gobierno mexicano de intervenir a los organismos constitucionales autónomos a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores representa un riesgo para la vida democrática del país y la administración pública, ya que se corre el riesgo de caer en presiones para poner al frente de dichos organismos a personas que no tienen las capacidades técnicas, y a los cuales se les exige lealtad absoluta.
De permitir esta penetración, se pone en riesgo la supuesta independencia de este tipo de organismos, condición fundamental para su buen desempeño, coincidieron expertos durante la mesa de trabajo “Factores Determinantes para el Fortalecimiento de los Organismos Constitucionales Autónomos”, realizada por la organización México Justo A. C.
En su intervención, Alejandro Carrillo Castro, presidente de la Fundación Miguel Alemán, advirtió que resulta fundamental que los procesos de selección de sus directivos en los organismos constitucionales autónomos no se politicen “ya que de forma contraria y con base en el reparto de cuotas entre partidos políticos, la ciudadanización de estos organismos podría quedarse solamente en ficción”.
Cuestionó la tendencia internacional de algunos gobiernos de realizar proyectos de austeridad que vienen desde el ejecutivo, los cuales provocan que en todos los niveles de gobierno se realicen acciones similares “solo por quedar bien”, y con ello que se hagan “machetazos no razonables” a los presupuestos de los organismos independientes y no recortes quirúrgicos.
El especialista recomendó para el buen funcionamiento de estos organismos crear instancias que permitan analizar si estos cumplen de forma eficiente con su labor; que sus atribuciones estén bien definidas en leyes secundarias y no en el marco de la Constitución en donde únicamente debe estar considerada y garantizada su existencia.
Carrillo Castro afirmó que hoy en día tienen todo el sentido la existencia de estos organismos constitucionales autónomos, definir sus atribuciones para evitar duplicaciones y combatir desacreditaciones que puedan suscitar una depreciación de sus funciones.
En tanto, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, hizo hincapié en las necesidades de reforzar los aspectos presupuestarios, de integración, de funcionamiento y de rendición de cuentas en los organismos constitucionales autónomos del país.
Sugirió la creación de un Consejo Fiscal que pudiera evaluar las finanzas de todo el país, y que bajo criterios técnicos recomiende el establecimiento de presupuestos bien estudiados, tanto para dependencias de gobierno como para los organismos constitucionales autónomos.
En este contexto, añadió, es necesario revisar las formas en la que se integran los organismos constitucionales autónomos, en especial la forma en que se escogen a sus directivos y en la que se definen sus recursos, con el fin de evitar que haya una intromisión no sana por parte de los poderes de la federación.
Sugirió que los Organismos Constitucionales Autónomos deben estar integrados en el texto constitucional por lo menos en un capítulo con sus atribuciones y protecciones fundamentales, para evitar incluso el que haya excesos legislativos.
Pérez Góngora recomendó la posibilidad de que tengan incluso facultades para presentar iniciativas de ley que les permitan mejorar sus propias funciones y la opción de tener un Consejo Económico y Social que pueda intervenir en casos especiales como el actual y que se active para una eficiente toma de daciones en el país con apoyo de los propios Organismos Constitucionales Autónomos.
Finalmente, Sonia Venegas Álvarez directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, hizo diversas recomendaciones para mejorar la eficiencia de este tipo de organismos independientes, instancias medulares que deben protegerse ya que representan un contrapeso al poder ejecutivo
Sugirió otorgar mayor claridad en sus funciones, particularmente a los organismos autónomos reguladores, así como establecer dentro de la regulación mecanismos de sinergia con los órganos de gobierno con los que interactúan, además de establecer una eficiente evaluación de su desempeño.
Asimismo, se pronunció en favor de la creación de algún organismo constitucional autónomo que vigile la mayor y certera aplicación de la equidad de género en México.