AMBULANTES DE LA CHE GUEVARA DENUNCIAN ABUSOS DE MARIO MEDINA
Un total de 987 comerciantes de la organización llevara, muchos de ellos con 30 años de antigüedad en el ambulantaje en torno a la terminal-mercado, denunciaron los abusos del director de gobierno municipal Mario Alberto Medina para retirarnos del lugar, al violentar a varias comercantes y quitarles su mercancía.
Primero lo acusan de desacato por no respetar el amparo vigente que lograron ante la justicia Federal para que los dejaran trabajar y segundo lo acusan de robo también, de su mercancía la que les fue quitada si nada a cambio es decir sin recibo.
Comerciantes informales que integran la organización “Ernesto Che Guevara”, que ejercen su actividad en la zona Terminal de Toluca desde hace tres décadas, denunciaron actos de abuso de autoridad, robo y desacato judicial realizados por inspectores del Ayuntamiento durante operativos para reordenar el comercio en vía pública.
Acompañados de su abogado, Juan Antonio Muñiz, los comerciantes refirieron que han sido objeto de hostigamientos, pasando por alto un amparo federal vigente que permite a los 987 comerciantes continuar con su actividad comercial.
Detallaron que el pasado 15 de julio, sin presentar identificación o documentación alguna previamente, inspectores municipales decomisaron mercancía de al menos ocho comerciantes informales, sin levantar actas circunstanciadas, lo que consideran un robo.
«No dejaron constancia de nada. Se llevaron comida, tanques de gas, mesas y otros insumos sin presentarse ni seguir protocolo alguno», dijo una de las comerciantes, quien compartió que su actividad como comerciante le permite sostener a su familia, ya que es madre soltera de cuatro hijas, y dos de ellas con discapacidad.
El abogado Juan Antonio Muñiz presentó copias del amparo otorgado por un juez de distrito y concede suspensión definitiva contra actos de molestia por parte de autoridades municipales.
“El amparo está vigente y protege el derecho de los comerciantes a seguir trabajando. Las acciones de decomiso y amenazas constituyen un desacato directo a la resolución judicial”, dijo.
Además del desacato, los denunciantes señalaron que existen carpetas de investigación por los delitos de abuso de autoridad y robo, aunque advirtieron que cuatro de los ocho comerciantes afectados se abstuvieron de denunciar formalmente por temor a represalias.
Si bien ha habido mesas de diálogo con integrantes del Ayuntamiento, no ha habido resultados pues refirieron que han recibido amenazas directas y se ha presionado a la organización para reducir el número de comerciantes autorizados a laborar de 987 a 30, lo que dejaría a cientos de familias sin su fuente de ingresos, además de que no se les ha ofrecido reubicación, ni se han dado a conocer los criterios con los que definirían qué comerciantes podrían continuar trabajando.
Según testimonios, entre los afectados se encuentran madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes dependen directamente del comercio informal para subsistir: “No estamos violando la ley. Lo único que pedimos es que se nos permita ganarnos el pan de cada día”, refirieron.
Consideraron que durante los operativos se ha hecho uso excesivo de la fuerza por parte de personal no identificado y para probarlo, presentaron fotografías y videos.
El abogado refirió que en el artículo 68 del Bando Municipal, se establece que cuando un comerciante cuenta con permiso federal vía amparo, está legalmente facultado para operar, “lo grave es que la autoridad municipal niega conocer el procedimiento judicial, a pesar de que ya han sido notificados formalmente e incluso han emitido informes dentro del expediente de amparo”.
En este tenor, exigieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades municipales para frenar lo que consideran, es una campaña de persecución contra el comercio popular.
Al momento, el Ayuntamiento de Toluca no ha emitido una postura oficial sobre el asunto.