CAMPO MEXIQUENSE ABANDONADO, APENAS PRODUCE 25% DE LO QUE SE LOGRABA CON HANK
El campo mexiquense vive una crisis derivada del abandono institucional, la caída de la producción y el incremento de las importaciones de maíz transgénico, denunciaron productores de maíz del Estado de México, quienes hicieron un llamado al gobierno estatal a escuchar las demandas de los productores y mejorar las condiciones de producción y comercialización de este grano, vital para la alimentación de los mexicanos.
«Pedimos a la gobernadora que por favor le ponga énfasis al campo, nosotros estamos tratando de luchar por que nuestro México tenga una buena alimentación», fue el llamado de los productores a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Vicente Álvarez Delgado, presidente del Sistema Producto Maíz y Triticale en el Estado de México aseguró que en los últimos años, la entidad pasó de pelear el tercer o cuarto en producción nacional de maíz, con rendimientos de hasta 2.2 millones de toneladas anuales, a una situación alarmante en la que difícilmente alcanzará las 500 mil toneladas en este ciclo agrícola.
“El Estado de México llegó a ser líder en la producción de maíz en la época del gobernador Carlos Hank González ; hoy, apenas producimos una cuarta parte de lo que lográbamos hace unos años. Esto es catastrófico. Estamos dejando de ser autosuficientes y nos volvimos dependientes del extranjero”, declaró.
Destacó que México importa actualmente más de 25 millones de toneladas de maíz, tanto amarillo como blanco, procedentes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Sudáfrica: “Hoy en la mesa de los mexicanos hay maíz transgénico, aunque muchos no lo sepan. Dejamos de producir lo nuestro y estamos comiendo granos fabricados para la industria pecuaria, de menor calidad alimenticia”.
Refirió que la importación de maíz de baja calidad y transgénico ha generado competencia desleal y la caía en el precio del maíz: “Hace apenas tres años vendíamos el kilo en 10 pesos; hoy el mercado está saturado con grano barato, importado, lo que hunde el valor nacional”.
El dirigente advirtió que de no tomar acciones, México enfrentará una crisis alimentaria y laboral en los próximos años, y es que actualmente, solo el 30 por ciento de la población vive actualmente en zonas rurales, y de ese grupo, menos del 12 por ciento son jóvenes, lo que pone en riesgo el relevo generacional en el campo.
“Estamos matando la producción nacional, mientras el país crece en población, reducimos la inversión agrícola. En seis años el presupuesto al campo cayó de 75 mil millones a 45 mil millones de pesos, así no hay forma de alimentar a 140 millones de mexicanos”, dijo.
Por ello, piden que el gobierno impulse la creación de centros de acopio, infraestructura de almacenamiento y esquemas modernos de comercialización para que los productores puedan conservar su cosecha y venderla en mejores condiciones. “El verdadero valor del maíz se pierde por falta de infraestructura. Muchos productores pierden hasta el 30 por ciento de su cosecha por no tener dónde almacenarla”.
El dirigente propuso establecer un precio base de 7 mil 200 pesos por tonelada, como punto mínimo para garantizar la rentabilidad del productor, ya que “mientras una tortilla se vende entre 22 y 28 pesos el kilo, el campesino recibe apenas una fracción de ese valor. Nos están asfixiando económicamente”, lamentó.
Vicente Álvarez también cuestionó la distribución del presupuesto federal, pues el 90 por ciento de los recursos del campo se destinan a programas asistenciales, en lugar de fomentar la productividad, la innovación tecnológica o la modernización de maquinaria: “Hoy el campo no se puede trabajar como hace 20 años, se requiere tecnología, investigación, semillas de calidad genética y maquinaria moderna, sin eso, estamos condenados al rezago”.
Vicente Álvarez también criticó las recientes reformas que “criminalizan” la producción agrícola, tanto en el uso de semillas genéticamente modificadas como en la gestión del agua. “Se está castigando al productor mientras el país consume transgénicos importados. No se puede producir sin agua, y con las nuevas reglas el Estado decidirá quién puede y quién no acceder a este recurso”, advirtió.
En este sentido, apuntó a la propuesta del diputado Gerardo Pliego, quien en la Legislatura local, planteó penalizar con hasta 8 años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y con hasta 20 años por su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento, iniciativa que aseguró, refleja un total desconocimiento del diputado.
Finalmente, el dirigente hizo un llamado a las autoridades estatales y federales, y a la sociedad, a reconocer la importancia del trabajo del campo y la urgencia de implementar políticas públicas que garanticen precios justos, soberanía alimentaria y condiciones dignas para los productores.
“No pedimos limosnas, pedimos oportunidades para trabajar y producir. Si el campo muere, México muere con él”, subrayó.