DENUNCIA LA REGIDORA SHANTALL ZEPEDA ABUSOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TOLUCA
Por Fátima Chávez
La Octava Regidora del Ayuntamiento de Toluca, Shantall Zepeda Escobar, denunció una serie de presuntas irregularidades al interior de la administración municipal durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, donde presentó diversos videos que, aseguró, evidencian abusos cometidos por elementos de seguridad pública y funcionarios del gobierno local.
Durante su intervención, la edil exhibió material audiovisual relacionado con presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales en detenciones de menores de edad, algunos de ellos sin haber cometido delito alguno. Asimismo, mostró grabaciones en las que presuntamente se observa a elementos de seguridad despojando de sus pertenencias a personas en estado de ebriedad. También señaló la existencia de múltiples quejas ciudadanas por presuntos actos de burocracia en la expedición de permisos y licencias municipales, así como por cobros que calificó como excesivos en diversos trámites administrativos.
Zepeda Escobar reconoció que dentro de la corporación policial existen elementos que cumplen adecuadamente con sus funciones; sin embargo, sostuvo que algunas de las conductas denunciadas responderían a instrucciones o presiones ejercidas por mandos superiores. En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para investigar los hechos y garantizar que las actuaciones de los servidores públicos se apeguen a la legalidad.
La regidora también abordó la situación que enfrentan habitantes de la colonia 5 de Mayo, en Toluca, quienes han manifestado preocupación por la aparición de grietas en diversas viviendas y en las instalaciones de la escuela de la comunidad. Según explicó, los vecinos consideran que estas afectaciones representan un riesgo para la seguridad de las familias y han solicitado la intervención de las autoridades municipales para realizar estudios técnicos que permitan determinar las causas del problema. Ante la falta de respuestas que consideran satisfactorias, los habitantes recurrieron a especialistas para obtener diagnósticos sobre las condiciones del suelo y de las construcciones afectadas, con el propósito de identificar si existe algún factor externo que esté provocando las fracturas.
Por su parte, Melissa Vargas Camacho anunció la conformación de una Red de Apoyo Jurídico dirigida a policías que enfrentan situaciones de acoso laboral, hostigamiento sexual, carencia de equipo y aditamentos para desempeñar sus funciones, así como retrasos en el pago de salarios o exposición a operativos sin las condiciones mínimas de seguridad. Indicó que esta red inició operaciones en Toluca y que posteriormente se extenderá a otros municipios de la entidad.
En el ámbito legislativo, la diputada local del PRI Leticia Mejía García cuestionó la eficacia de la política agropecuaria federal al señalar que, pese al incremento presupuestal destinado al sector en los últimos años, los recursos no se han traducido en programas efectivos ni en un aumento significativo de la producción nacional. Durante su participación sostuvo que programas como los precios de garantía y otros esquemas de apoyo no han generado resultados tangibles para los productores.
La legisladora afirmó que el debate sobre la soberanía alimentaria y la defensa de los maíces nativos ha ocupado un lugar central en el discurso público; sin embargo, consideró indispensable impulsar el uso de semillas mejoradas y tecnología agrícola para alcanzar niveles competitivos de producción. Señaló que actualmente los rendimientos promedio en diversas regiones del país apenas alcanzan entre tres y cuatro toneladas por hectárea, cifra que consideró insuficiente para satisfacer las necesidades nacionales.
Mejía García también acusó que, desde la llegada de Morena al gobierno federal, fueron eliminadas instituciones que anteriormente proporcionaban financiamiento, herramientas y respaldo económico a los productores del campo. Agregó que los campesinos han pasado de recibir apoyos directos para invertir de acuerdo con sus necesidades a obtener insumos limitados, situación que dificulta enfrentar los elevados costos de producción y las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos. Asimismo, cuestionó la ausencia de mecanismos oportunos para atender contingencias derivadas de sequías, inundaciones y otros desastres naturales, así como la falta de programas de aseguramiento y respaldo financiero para el sector.
A estas críticas se sumó María Mercedes Colín Guadarrama, quien señaló que los programas dirigidos a mujeres rurales, aunque buscan fortalecer su participación económica, resultan insuficientes para generar un crecimiento sostenido. Consideró que muchas de estas estrategias se limitan a fomentar actividades de subsistencia sin impulsar proyectos productivos con posibilidades reales de expansión y generación de ingresos.
Las representantes priístas coincidieron en la necesidad de establecer políticas públicas con reglas claras, mecanismos transparentes de evaluación, acceso a fertilizantes a precios accesibles y una estrategia nacional que promueva el uso de semillas mejoradas y tecnologías que incrementen la productividad agrícola.
En ese contexto, sostuvieron que México enfrenta niveles de producción insuficientes y requiere replantear sus políticas para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las oportunidades de desarrollo para los productores.
La dirigente del PRI y la legisladora señalaron que la dependencia de México respecto al maíz importado se ha incrementado de manera considerable durante la última década, al pasar de 13.9 millones a 27 millones de toneladas importadas desde Estados Unidos, volumen que representa más de la mitad del consumo nacional.
Asimismo, afirmaron que en el Estado de México la producción de maíz pasó de superar los dos millones de toneladas durante administraciones priistas a alrededor de 1.7 millones de toneladas en 2024, además de registrarse la pérdida de más de 15 mil hectáreas agrícolas.
Ante este panorama, exigieron mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, inversión efectiva en el campo y apoyos reales para mujeres y hombres dedicados a la producción agrícola.