Denuncian posible desvío de recursos y usurpación de identidad en la SC; advierten esquema masivo
Por Fátima Chávez
Una presunta red de corrupción en la nómina del Gobierno del Estado de México fue expuesta en conferencia de prensa por el abogado y extrabajador Óscar Chávez Espinosa, quien detectó que la administración estatal ha emitido recibos de sueldo a su nombre de forma ininterrumpida desde 2021, año en que fue separado de su cargo como chofer asistente en la Secretaría del Campo (antes SEDAGRO) tras más de 17 años de servicio.
El afectado, cuyo despido ocurrió en el contexto de la pandemia por COVID-19 mediante un acta administrativa por inasistencia, pese a contar con justificante médico por diabetes e hipertensión, descubrió la anomalía hace un mes al consultar las plataformas gubernamentales y la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En dichos portales comprobó la existencia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) timbrados y sellados por el gobierno mexiquense correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, dinero que asegura jamás haber cobrado.
Además de los sueldos devengados sin su consentimiento, la revisión fiscal sacó a la luz cobros indebidos y descuentos quincenales por créditos no solicitados con firmas como Credicon y Verifone, SAPI, cuyas gestiones de cobro han derivado en llamadas de hostigamiento al teléfono de su cónyuge, seguros de vida con MetLife, aportaciones a la mutualidad, cuotas al SUTEYM e historial de movimientos ante el ISSEMyM.
La cuantía del desvío operado con su identidad se estima en unos 500 mil pesos en sueldos directos, aunque los registros fiscales globales bajo su nombre arrojan un saldo que supera los 10 millones de pesos.
Frente a este escenario, Chávez Espinosa promovió denuncias formales ante el SAT, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Contraloría estatal, sumadas a solicitudes de acceso a la información dirigidas a las instituciones sindicales y de salud implicadas.
Asimismo, entregará un expediente detallado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para exigir una indagatoria exhaustiva que abarque a las áreas administrativas, de recursos humanos y de dispersión de pagos.
Acompañado por el abogado Ricardo Martín Rojo Domínguez, el denunciante sugirió que esta práctica podría ser sistemática dentro de los cerca de 15 mil litigios laborales asentados en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, donde su propio expediente, el 421/2021, suma más de dos años paralizado.
La defensa planteó que la red de usurpación de identidades para el cobro de plazas congeladas u omitidas podría involucrar esquemas de triangulación como los operados en el sexenio de Alfredo del Mazo a través de la firma Enomina, vicio que sostienen ha persistido en la presente gestión.
Ante ello, hicieron un llamado a la comunidad de exservidores públicos en litigio para auditar su estatus en el SAT y verificar si sus nombres continúan siendo utilizados para el desvío de recursos públicos.