Denuncian presunta corrupción de funcionarios municipales de Tultitlán

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Por: José Contreras Contreras

La presunta compra-venta de un local comercial, con papeles falsos, expuso presuntos actos de corrupción departe de la Jefa de Permisos y Licencias de zona oriente de Tultitlán, Karina González Gómez, y dos notificadores que trabajan bajo sus órdenes.

Jorge González Martínez, presunto afectado por la operación fraudulenta, denunció que, con el respaldo de la Jefa de Permisos y Licencias de la zona oriente de Tultitlán, Karina González Gómez, y sus subalternos, un sujeto identificado como Javier Varela Corona, se apersonó como dueño del local de su propiedad, donde hasta hace dos años operaba un negocio dedicado a la venta y reparación de mofles, donde extrajo ilegalmente artículos y autopartes, además de que ingresó con una camioneta, cuando no tenía permiso para hacerlo

Explicó que el local lleva más de dos años clausurado precisamente porque existe un juicio en proceso por la posesión del inmueble, por lo que el inmueble permanecía clausurado, con sellos, los cuales fueron violados por Javier Varela Corona, con el apoyo de la funcionaria municipal de Tultitlán y sus subalternos.

El local en disputa se ubica en Eje 3, número 78, esquina Matamoros, colonia San Pablo de las Salinas, en Tultitlán, y a pesar de los sellos de clausura los servidores públicos de Tultitlán abrieron el local sin notificarle, para permitir que Varela Corona sacara artículos y metieran otras cosas, incluyendo una camioneta.

El agraviado relató que existe una grabación en la que se observa a la funcionaria municipal de Tultitlán saliendo del local, junto con el presunto abogado de quien intenta apropiarse del local, y se escucha cuando ella le dice: “fue un gusto hacer un buen trato con usted”, lo que puede evidenciar un acto de corrupción.

Jorge González Martínez, legítimo propietario del local en disputa, exigió a la autoridad estatal y municipal de Tultitlán investigar a fondo el presunto acto de corrupción, evitar que esa persona se apodere ilegalmente del local, y que se aplique la ley en contra de quienes evidentemente violan todo principio de legalidad y honestidad en el servicio público.