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DETRÁS DE LA NOM 237 HAY INTERÉS ECONÓMICO MÁS QUE EDUCATIVO DICEN ALIANZAS DE ESCUELAS

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Representantes de instituciones particulares de educación consideraron que detrás de la imposición del proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 que se encuentra sujeto a análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), hay un interés comercial más que educativo, y advierten que su aplicación generaría un costo social, esto debido a la sobrerregulación que implicaría hasta el 35% de los ingresos anuales de instituciones educativas, lo que a su vez provocaría el incremento de colegiaturas dejando sin posibilidad de educación a miles de niños y jóvenes, y obligando al cierre de al menos 18 mil escuelas particulares.

Con ello, la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM), Educación con Rumbo (ECR), hicieron un llamado al comisionado presidente de CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, para que una vez cumplido el plazo de análisis el próximo día 15 de noviembre y “en virtud de las justificadas objeciones, anule la posibilidad de que el proyecto de Norma 237 sea publicado por ser dañino para la sociedad mexicana en su conjunto”.

En conferencia de prensa, Norma Leticia León, directora de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, señaló que se quiere ver la educación como un negocio y no como un servicio social para aquellas familias que desean que sus hijos tengan una educación de mayor calidad.

Advirtió que el sector educativo ha sido uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19 y que ha implicado un esfuerzo e inversión considerable la implementación de la educación en línea, así como la implementación de medidas sanitarias en centros escolares donde ya se han retomado clases presenciales.

“Las certificaciones implican costos y no va a ser sencillo. Como instituciones educativas nos corresponde que seamos vigilados por la Secretaría de Educación Pública, estamos regulados y todo se sustenta en el Artículo 3º Constitucional y en la Ley General de Educación a nivel Federal o Estatal”, dijo.

Asimismo, consideró que la implementación de la NOM-237 podría incluso prestarse a corrupción: “las sanciones que implican un costo y este costo puede ser aprovechado, se desprotege a las instituciones educativas pero se fortalece a la PROFECO y a la Secretaría de Economía que no tienen injerencia en nuestro sector educativo, y esto por consecuencia, se prestaría para corrupción, porque pretenden hacer esta certificación cada cinco años, pero el número de escuelas particulares es demasiado grande como para que esto quede regulado y bien certificado con base en estudios, tiempo y demás”, explicó.

Añadió que las certificaciones resultan inciertas, pues no se sabe exactamente qué organismos las van a realizar: “Son sanciones, certificaciones, es aumento en el costo de colegiaturas y es afectar la economía de los padres de familia, y algunas veces consideramos que se presta para la corrupción. Es una regulación que ven de manera comercial y que no tiene sentido”.

ESTUDIANTES, LOS MÁS AFECTADOS

Por su parte, José Luis Romero Castañeda, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en el Estado de México región Toluca, coincidió en que la sobrerregulación que puede generar la NOM 237 a las Escuelas Particulares, implicaría un mayor costo en su servicio el cual se vería reflejado en las colegiaturas afectando el bolsillo de los padres de familia, ya que dadas las condiciones en que se encuentre la economía, muchas familias han tenido que llegar a convenios con la escuela y recurrir a becas para continuar sus estudios. “En otros casos eligen cambiarlos a una escuela oficial toda vez que no les ha sido posible costear sus estudios en estos colegios, lo que ahora vendría a comprometer la libertad que tienen aún los padres de familia de elegir la educación que mejor convenga a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y presupuesto”.

“Comprendemos que durante esta pandemia, los colegios particulares han sido los espacios educativos que han sobrellevado de la mejor manera la educación a distancia de sus estudiantes y contando con las instalaciones que han garantizado mejor seguridad sanitaria para la comunidad escolar, y lejos de incentivar su servicio subsidiario en materia educativa, la NOM 237 pondría en riesgo a diversas escuelas al verse afectadas en su economía y posible deserción en su  matrícula de alumnos al no poder cubrir los padres de familia un incremento en el pago de colegiaturas”, comentó.