EDOS y EFOS
Uno de los principales problemas que enfrente el gobierno mexicano es precisamente la venta de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI’s) que amparan operaciones simuladas, esto así porque las utilizan como un medio de comprobar un supuesto gasto que se deducen las empresas para reducir la carga de impuestos a pagar, aprovechar esquemas de Outsorcing fraudulento o incluso para dar cierta legalidad y colocar recursos procedentes del crimen organizado. En este orden de ideas, las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), son empresas (comúnmente conocidas como empresas fantasmas), que se encargan de vender la factura que ampara una operación simulada.
Es decir, que las EFOS, regresan los recursos en efectivo que se obtuvieron de una supuesta operación a las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), quienes como su propio nombre lo indica, van a dar efectos deducibles a dicho comprobante para disminuir la carga tributaria, situación que puede darse a través de efectivo o una serie de movimientos financieros. Esto mete en grandes problemas a quien compra una factura, por lo que es muy poco recomendable acudir a este tipo de esquemas, además de que se trata de un delito.
Las responsabilidades en materia fiscal y empresarial son como una enfermedad que se contagia, dado que se castiga tanto a quien vende la factura como a quien la compra, por lo que al dudar de una operación de una empresa, el Servicio de Administración Tributaria duda de todas las operaciones, incluso las que efectivamente se realizaron, por lo que si una empresa contrato con otra que a su vez realizaba operaciones simuladas, esta va a caer en la lista negra y va a ser objeto de las facultades del Estado en materia de contribuciones e incluso de responsabilidades penales.
Por tanto, es necesario detectar con quien contratamos, para evitar posibles responsabilidades, lo cual no es del todo difícil dado que estas empresas tienen un modus operandi bastante fácil de detectar para las autoridades, por ejemplo, al establecer prestanombres que no tienen ninguna preparación para dirigir una empresa, que ellos mismos sean los administradores, que realicen operaciones que vulneren su objeto social en distintos lugares del país sin trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y sin registrar gastos de viaje, que oculten datos a las autoridades, y la más común que es no estar localizables en nuestros domicilios fiscales.
Por tanto, la autoridad no esta dando más opción a los contribuyentes que fiscalizarnos entre nosotros al momento de contratar para evitar posibles responsabilidades para nosotros o terceros.