“EL TARIFAZO” PERPETÚA UN SISTEMA INEFICIENTE Y CORRUPTO, DICEN COLECTIVOS Y CIUDADANOS
Representantes de colectivos ciudadanos y organizaciones sociales denunciaron que el reciente aumento a la tarifa del transporte público en el Estado de México es injustificado y perpetúa un sistema “ineficiente y corrupto” que afecta directamente a los usuarios más vulnerables.
De acuerdo con las declaraciones dadas durante una manifestación, el Estado de México mantiene la tarifa más alta del centro del país, solo detrás de entidades del norte como Baja California, Nuevo León y Coahuila. Sin embargo, señalaron que la calidad del servicio no corresponde con el costo, pues el transporte mexiquense acumula más de la mitad de los delitos cometidos en el transporte público a nivel nacional.
“Cada día se registran alrededor de diez siniestros viales en los que están involucradas unidades del transporte público, dejando víctimas lesionadas, fallecidos y cuantiosas pérdidas materiales”, denunciaron los asistentes.
Los participantes acusaron al gobierno de la “Transformación” de traicionar al pueblo al mantener un modelo de transporte “basado en la corrupción” y sin una planeación real. Señalaron que los estudios tarifarios se sustentaron en información falsa, al asegurar que los operadores ganan 20 mil pesos mensuales, cuando en realidad la mayoría carecen de salario fijo y prestaciones laborales.
Asimismo, acusaron que la Secretaría de Movilidad realiza supuestos foros ciudadanos que en realidad son “simulaciones y conferencias de prensa”, donde no se escucha a los usuarios ni se toman en cuenta las demandas planteadas por las comunidades.
Entre las principales demandas, los colectivos insistieron en la implementación de tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores, como ocurre en otras entidades del país. Argumentaron que estos dichos carecen de ingresos suficientes y destinan la mayor parte de sus recursos a necesidades básicas o atención médica.
“Toluca es una de las pocas ciudades del país donde no se ha aplicado este modelo, a pesar de ser viable y necesario”, puntualizaron.
Los ciudadanos también denunciaron que el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez y el secretario de Movilidad Daniel Sibaja, está utilizando recursos públicos con fines electorales, mediante fideicomisos que canalizan miles de millones de pesos al sector transportista.
“Se están repartiendo hasta cinco mil millones de pesos a transportistas para garantizar el voto duro del gremio. Con ello, se perpetúan los vicios de un sistema plagado de unidades irregulares, como chimecos, vagonetas y taxis colectivos”, señalaron.
Ante este panorama, algunas organizaciones ya presentaron un amparo legal contra el aumento tarifario, mientras otros dos recursos jurídicos se encuentran en preparación. Los colectivos advirtieron que continuarán impulsando acciones legales y sociales para “echar atrás el tarifazo” y exigir un transporte digno, seguro y accesible.
“El pueblo tiene un servicio deficiente y las empresas son las únicas beneficiadas. No es justo que se les premie con dinero público mientras las víctimas del transporte quedan en el abandono”, concluyeron.