GANA AMPARO EDUCACIÓN CON RUMBO PARA QUE SEP REALICE LA PRUEBA PISA
Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo el Poder Judicial de la Federación ordenó mediante una suspensión definitiva a la Secretaría de Educación Pública llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.
La titular de la Secretaría de Educación Pública por primera vez ha declarado que la Prueba Pisa será realizada en México, iniciando su proceso en el mes de octubre de 2024.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez, refirió que durante el sexenio que está por concluir, la sentencias emitidas por la Poder Judicial de la Federación en juicios de amparo promovidos por Educación con Rumbo beneficiaron a más de 22 millones de niños a través de resoluciones que impidieron la eliminación de grados escolares, la eliminación de la facultad de los maestros para evaluar a los alumnos y la instrumentación de una prueba piloto del modelo educativo que atentaba contra el derecho humano a una educación científica y de calidad.
En virtud de lo anterior, el abogado refirió que el común denominador de las resoluciones dictadas en juicios de amparo en materia de derechos humanos radicó en el nivel técnico que entraña el conocimiento del régimen de defensa de los derechos humanos de la Constitución, los Tratados Internacionales y la experiencia que deriva de la carrera judicial, lo cual es incompatible con la elección popular de jueces y magistrados, “la tutela de los derechos humanos mediante la carrera judicial es una vocación que no se consigue en una campaña, una elección popular ni en una tómbola”, expresó el abogado de la Organización.
Por su parte Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo exhortó a los Senadores de todas las bancadas del Senado a votar en conciencia en contra de la Reforma Judicial, al resultar un acto que tendrá un impacto en cada niño y niña en México al quedar vulnerables frente a actos que atenten contra sus derechos más elementales y en particular, a contar con jueces y magistrados que dicten sentencias garantizando el interés superior de los menores a una vida digna, entendiendo que el derecho a la educación es la herramienta que les permitirá acceder a una vida digna, autónoma y de oportunidades fuera de ideologías y cálculos políticos.