HAY QUE REPLANTEAR LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS SOBRE LA BASE DEL FEDERALISMO Y LA GOBERNANZA

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El municipio mexicano necesita de un replanteamiento de sus atribuciones y de los recursos que necesita para atenderlas, ser partícipe de un nuevo federalismo integrador que distribuya corresponsabilidades y del ejercicio de la gobernanza como un paso delante de la gobernabilidad, que supone gobernar con la sociedad, así como mejorar su capacidad recaudatoria con la transparencia y la aplicación de los recursos a obra pública, afirmó César Camacho, presidente de El Colegio Mexiquense.

            En su participación en la mesa final «Desafíos y oportunidades del municipio mexicano» del congreso nacional «Municipio, buen gobierno y desarrollo sostenible. Homenaje al Dr. Reynaldo Robles Martínez», organizado por la Facultad de Derecho de la UAEMéx, hizo diversas propuestas a partir de la idea de que el verticalismo atropellador del siglo XIX dio paso a finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI a la redistribución del poder y de las responsabilidades.

            Incluyó a la política social en la lista de oportunidades para los municipios y que estos sean ejecutores de programas nacionales; la modernización administrativa y el servicio profesional de carrera, la ampliación de los periodos a cuatro años, una mayor y más profunda participación en el diseño de sus presupuestos y adecuar el tamaño de su aparato administrativo al número de habitantes.

Integrante del seminario Gobernabilidad y gobernanza democráticas y sistemas políticos locales de El Colegio Mexiquense y colaborador del cuerpo académico Derecho parlamentario del organismo universitario, hizo una revisión histórica del municipio y se pronunció por un municipalismo que contribuya al federalismo.

A la vez, detalló que la gobernanza supone gobernar con las personas y no solo para las personas, sean individuos u organizaciones de los sectores empresarial, social, el mundo académico, ejidos y comunidades.

La generación de gobernabilidad participativa supone que el gobernarte sea un facilitador, no un tomador unilateral de decisiones, y un generador de consensos, entendidos como sesiones mutuas y renuncias sobre la base de reconocer la otredad, a fin de generar terceras vías u opciones que sumen más de una posición, con el talento, la inteligencia y la emoción social de todos los participantes, apuntó.

            En la misma mesa, Édgar Alfonso Hernández Muñoz, profesor-investigador de El Colegio Mexiquense, aseguró que en estos momentos la defensa de la democracia es la defensa del Estado democrático de derecho y de la legalidad, ante el evidente desdén que hay por el derecho, cuya defensa es la de la voluntad de vivir en sociedad regulada por la ley.

Expuso que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación viven un tiempo de abierto acoso del primero hacia las instituciones jurídicas de la república, y los órganos y poderes constitucionales se ven obligados a asumir su desplazamiento, que es el del arbitraje y la medición y la mesura, para hacerse actores de la polarización.

Hernández Muñoz dijo que el control constitucional es compatible y complementario con el diálogo entre los órdenes de gobierno como una forma de control procedimental y se refirió a la necesidad de apostar a que puede haber un entendimiento entre los actores dentro de la composición del poder conforme al modelo democrático liberal.

Para el investigador, el debate político se está convirtiendo en un debate jurídico, y si bien el Poder Ejecutivo es un poder legítimo, vive una etapa no democrática con tendencias dictatoriales, que como ominoso presagio señala el probable futuro inmediato que tendrá la carrera judicial cuando se quiere someter a votación la responsabilidad de los togados.

En su turno, Eduardo Blanco Rodríguez, profesor de la Facultad de Derecho, expuso los aspectos centrales de una propuesta de iniciativa por un municipio con atribuciones plenas en el federalismo moderno.