La especulación de activos virtuales en los juzgados, el caso Kullverg
Los activos virtuales son archivos virtuales de datos que se encuentras respaldados por la blockchain (cadena de bloques) que permiten guardar valores monetarios como es el caso de criptomonedas, not fungiable tokens (fichas no fungibles) o para el metaverso. El valor de dichos activos no se encuentra respaldado por ninguna fuente de valor convencional o por algún banco central (salvo por el caso de El Salvador), por lo que su valor varía dependiente del mercado, es decir de la oferta y la demanda, por ejemplo, si muchas personas quieren comprar Bitcoins, su valor va a crecer puesto que creció la demanda de dicha moneda.
En este sentido, para las autoridades civiles, los activos virtuales tienen la calidad de bienes muebles, esto dado que, al no ser como tal, monedas reconocidas, se trata de un bien que podemos comprar en internet, como cualquier software, por lo cual, pueden ser objeto de un gravamen, por ejemplo, un embargo, ser decomisadas o la extinción de dominio. Por tanto, las autoridades deben ser sumamente cuidadosas cuando lleguen a establecer dichos gravámenes, dado que como su valor varia, el quitárselas a los ciudadanos puede redundar en perdidas o ganancias para el mismo Estado.
Tal fue el caso de Tove Kullberg, una fiscal de origen Sueco que estaba enjuiciando a una persona y que para tal efecto, le retuvieron bitcoins que había conseguido por el delito de narcotráfico, sin embargo, entre el decomiso y la sentencia, el valor del bitcoin cambio, por lo que el imputado tenía que pagar como reparación del daño únicamente el valor de 3 bitcoins, siendo que el gobierno sueco tendría que regresarle 33 bitcoins más, en este entendido, el gobierno sueco termino debiéndole muchísimo dinero al imputado.
En este entendido, si la autoridad ya vendió los Bitcoins, esto implica serios cuestionamientos de si tendría que regresarle el valor actual de los mismos o si tendría que regresar el valor de venta, por lo que se requiere de normatividad especial para poder afrontar una situación de dicha naturaleza, por tanto, es indispensable que las autoridades en comparación con la situación de Suecia, inicien mejores prácticas legislativas que eviten perdidas de esta naturaleza para el Estado.
Es importante enfatizar que figuras de esta naturaleza sobran en nuestro sistema jurídico, como la garantía (aplicable en muchos procesos), el embargo, la extinción de dominio, el decomiso, y que de sus implicaciones jurídicas se puede desprender que al regresar sus bienes al ciudadano pueda quedarle a deber por los movimientos en los precios de los mismos activos.