Las grandes tecnológicas: los nuevos gobiernos

Una mañana, una persona intenta abrir la aplicación desde la que habla con su familia, vende sus servicios, conserva fotografías, acredita su trayectoria y participa en la conversación pública. La pantalla responde que su cuenta ha sido inhabilitada. No hay funcionario, ventanilla ni resolución comprensible; sólo un aviso, un formulario que no funciona y una decisión que parece definitiva. En unos segundos pierde el acceso a una parte de su identidad, su clientela y su memoria. Nadie le prohibió formalmente expresarse, pero la plaza en la que podía ser escuchada cerró sus puertas. Nadie clausuró su negocio, pero desapareció el canal por el que llegaban sus compradores. Nadie confiscó sus recuerdos, pero quedaron detrás de una contraseña que ya no abre. Ese destierro sin territorio permite comprender la profecía: las grandes tecnológicas no se han convertido jurídicamente en gobiernos, aunque administran espacios donde gobiernan aspectos decisivos de nuestra existencia.

Durante la modernidad imaginamos el poder como una pirámide reconocible. El Estado legislaba, ejecutaba y juzgaba dentro de un territorio; las empresas producían bienes y competían bajo sus reglas; la ciudadanía podía identificar a quién exigirle cuentas. La modernidad líquida descrita por Zygmunt Bauman deshizo buena parte de esas fronteras. El capital se desplaza, el trabajo se fragmenta, la identidad cambia y las instituciones permanecen ancladas a procedimientos más lentos que los problemas. En apariencia, el poder se descentralizó: cualquiera publica, vende, contrata, aprende o crea desde un teléfono. Sin embargo, esa dispersión de actividades produjo una concentración menos visible. Millones de personas actúan desde puntos distintos, pero lo hacen dentro de infraestructuras controladas por unos cuantos. La red distribuyó la voz y centralizó las condiciones para hablar. El Estado conservó la soberanía escrita; las plataformas adquirieron la capacidad cotidiana de admitir, ordenar, premiar, vigilar y excluir.

No se trata de afirmar que Meta, Google, Amazon, Apple, Microsoft, TikTok o X sean idénticas a un país. No cobran todos los impuestos, no expiden pasaportes ni poseen de manera general el monopolio legítimo de la fuerza. La comparación sirve para revelar funciones. Estas empresas diseñan normas comunitarias, sistemas de identidad, mercados, monedas virtuales, tribunales internos, mecanismos de vigilancia y sanciones. Determinan qué aparece primero, qué discurso pierde visibilidad, qué vendedor accede al mercado, qué aplicación entra al dispositivo y qué cuenta deja de existir. Sus decisiones atraviesan fronteras con mayor rapidez que una sentencia. Además, conocen a la población mediante datos que ningún gobierno democrático podría recolectar sin límites, justificación y controversia. Son poderes privados transnacionales: no sustituyen completamente al Estado, pero ocupan espacios que éste abandonó, desconoció o decidió entregarles.

La promesa original de internet era colaborativa. Una arquitectura abierta permitiría compartir conocimiento, descentralizar la creatividad y reducir intermediarios. Buena parte de esa promesa se cumplió: nunca había sido tan sencillo publicar, aprender, coordinar ayuda o crear una empresa. El problema apareció cuando la colaboración se convirtió en materia prima de modelos cerrados. Nosotros producimos las fotografías, rutas, reseñas, conversaciones, contactos y preferencias; la plataforma organiza ese trabajo colectivo, extrae patrones, vende publicidad, entrena sistemas y conserva el control del acceso. El usuario aporta el contenido y también la audiencia; el conductor aporta automóvil, combustible y riesgo; el repartidor aporta cuerpo, tiempo y herramienta; el pequeño vendedor aporta inventario y reputación. La empresa facilita la conexión, pero fija unilateralmente la comisión, la visibilidad y las condiciones de permanencia. No estamos ante una economía que dejó de funcionar, sino ante una economía que funciona extraordinariamente bien para capturar valor y distribuirlo de manera desigual.

Por eso reaparece la metáfora del nuevo feudalismo. En el régimen medieval, la tierra organizaba producción, protección y dependencia. En el orden digital, el territorio valioso es la infraestructura: nube, tienda de aplicaciones, red social, sistema operativo, modelo de inteligencia artificial y mercado de datos. No somos siervos en el sentido histórico, pero sí podemos convertirnos en habitantes de dominios donde no poseemos el suelo, no negociamos las reglas y perdemos nuestra inversión si somos expulsados. Construimos una casa con seguidores, reputación, archivos y relaciones sobre un terreno ajeno. Pagamos renta con dinero, atención, datos o subordinación algorítmica. El señor digital no necesita impedir que salgamos; basta con que abandonar su ecosistema implique perder comunidad, historial, herramientas y oportunidades. Los efectos de red transforman la libertad formal de migrar en una dependencia material difícil de romper.

La precarización laboral muestra con claridad esta transferencia. Las plataformas pueden ampliar oportunidades y flexibilizar horarios, pero también trasladan al trabajador el costo del vehículo, la conexión, el equipo, el tiempo de espera y la incertidumbre. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado en América Latina informalidad, ingresos inestables y falta de protección social en distintas modalidades de trabajo digital. El algoritmo asigna tareas, calcula reputación, modifica tarifas y desactiva cuentas sin comportarse oficialmente como jefe. La empresa conserva dirección económica, mientras discute la relación laboral. Así, la innovación no elimina la subordinación: la vuelve estadística, fragmentada y difícil de probar. La persona parece autónoma porque elige cuándo conectarse, aunque una calificación opaca, una demanda cambiante y la necesidad de ingresos determinan su margen real de decisión. La tecnología produce eficiencia; la arquitectura contractual decide quién se queda con ella.

Con los datos ocurre algo todavía más profundo. Cada búsqueda, desplazamiento, pausa, reacción y compra mejora la capacidad de predecir conductas. El valor no reside sólo en un dato aislado, sino en combinar millones para inferir deseos, riesgos y vulnerabilidades. Las personas reciben un servicio útil, pero rara vez participan en los beneficios acumulados que genera esa inteligencia colectiva. Tampoco conocen todas las inferencias construidas sobre ellas. El intercambio deja de parecer injusto porque no vemos lo que entregamos y porque el precio monetario puede ser cero. Sin embargo, la gratuidad no elimina la contraprestación: la desplaza hacia la atención, la privacidad y la posibilidad de ser modelados. Los datos personales no deben convertirse simplemente en mercancía repartible, porque expresan dignidad y autonomía; pero reconocer su dimensión económica permite advertir que una riqueza creada socialmente se privatiza sin transparencia suficiente.

La concentración ya es medible. Organismos internacionales han advertido que los efectos de red, el control de datos, los costos de cambiar de proveedor y la integración de servicios favorecen mercados donde el ganador se lleva casi todo. ONU Comercio y Desarrollo reportó que la participación conjunta de las cinco principales multinacionales digitales en las ventas del sector aumentó de manera considerable entre 2017 y 2025. La OCDE observa que la inteligencia artificial puede profundizar ventajas mediante cómputo, datos, distribución predeterminada y dependencia de ecosistemas existentes. Esto no significa que toda escala sea abusiva: una plataforma grande puede ofrecer seguridad, inversión y utilidad. Significa que el tamaño se convierte en poder normativo cuando nadie puede competir sin pasar por la infraestructura del competidor. Entonces el mercado deja de corregir al poder y empieza a reproducirlo.

La inteligencia artificial abre una segunda fase. La plataforma tradicional intermediaba entre personas; la IA aprende de sus obras, automatiza actividades y comienza a producir sustitutos. El peligro no es únicamente la precarización, entendida como empleo más inestable. Es la pauperización: pérdida sostenida de ingresos, capacidades, poder de negociación y posibilidad de participar en la riqueza futura. Un trabajador precarizado conserva una función bajo peores condiciones; una sociedad pauperizada puede quedar relegada a consumir sistemas que no controla, alimentar modelos con sus datos y competir contra productos derivados de su propio conocimiento. Quienes posean cómputo, energía, modelos y canales de distribución capturarán ganancias acumulativas. Quienes sólo tengan acceso a una interfaz recibirán comodidad, pero quizá pierdan el oficio, la autonomía y el ingreso con los que podrían elegir.

La brecha no se limita a ricos y pobres dentro de un país. Se extiende entre naciones que fabrican chips, alojan centros de datos y desarrollan modelos, y aquellas que entregan minerales, electricidad, agua, datos y mercados. UNCTAD ha mostrado la concentración de inversión digital y la participación mínima de regiones enteras en infraestructura estratégica. El Fondo Monetario Internacional advierte que la IA puede aumentar la desigualdad cuando complementa principalmente a trabajadores de altos ingresos. Una herramienta capaz de elevar la productividad no garantiza que sus beneficios lleguen a quienes desplaza. Sin políticas fiscales, laborales, educativas, competitivas y tecnológicas, la abundancia prometida puede coexistir con una mayoría menos segura. La paradoja no es que la economía falle: es que el crecimiento puede funcionar al mismo tiempo que empeora la distribución del poder para decidir quién merece sus frutos.

Mientras tanto, los gobiernos observan a la población mediante categorías que ya no describen su vida. Distinguen empleo y desempleo cuando millones sobreviven entre encargos; separan consumidor, trabajador y creador cuando una misma persona cumple los tres papeles en una plataforma; calculan productividad sin medir la extracción de atención, datos y tiempo. Al no comprender estas relaciones, regulan el último síntoma y dejan intacta la arquitectura. A veces celebran la inversión sin preguntar quién controla la infraestructura; otras veces prohíben una aplicación sin construir alternativas. La distancia se vuelve política: la persona obtiene respuesta instantánea de una empresa global, pero espera meses frente a una oficina pública. Entonces confunde eficacia con legitimidad y termina confiando al proveedor aquello que el gobierno ya no sabe garantizar.

Decir que los gobiernos no están al lado de la población no significa que cada servidor público actúe contra ella. Significa que muchas instituciones fueron diseñadas para un mundo donde poder, territorio y responsabilidad coincidían. Hoy una decisión automatizada se toma en otro país, se ejecuta en un teléfono mexicano y afecta trabajo, expresión e identidad en segundos. La autoridad local pregunta dónde está domiciliado el contrato; la empresa responde que sólo ofrece infraestructura; el usuario queda atrapado entre jurisdicciones. Ese vacío no es neutral. Beneficia a quien puede prolongar el litigio, fragmentar responsabilidades y cambiar condiciones unilateralmente. El cambio de paradigma exige regular funciones y efectos, no sólo domicilios o denominaciones corporativas; exige reconocer que ciertas infraestructuras privadas sostienen derechos y actividades de relevancia pública.

Aquí aparece la protección de datos personales como una puerta excepcional. Competencia económica, consumo, trabajo, telecomunicaciones y tributación son indispensables, pero suelen observar una parte del fenómeno. La legislación de datos atraviesa el modelo completo porque pregunta qué se recolecta, con qué finalidad, bajo qué base, durante cuánto tiempo, con quién se comparte y cómo puede la persona acceder, corregir, oponerse o exigir la supresión. En México, después de la desaparición del INAI, las competencias federales sobre particulares pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno conforme al nuevo marco de 2025. Esa adscripción plantea dudas de independencia, pero conserva procedimientos de protección, verificación y sanción. Por el momento, la autoridad de datos tiene una herramienta transversal que otras autoridades no poseen: puede entrar al corazón informacional del poder tecnológico y discutir la legitimidad del tratamiento que hace posible su negocio.

No debería ser la única defensa. Una autoridad de datos no puede resolver por sí sola salarios, monopolios, impuestos, moderación de contenidos o daños civiles. Pero puede obligar a abandonar la ficción de que suspender una cuenta sólo es terminar un servicio. Una cuenta integra identificadores, contactos, mensajes, fotografías, historial, perfiles inferidos y decisiones automatizadas. El derecho de acceso permite conocer información y lógica relevante; la oposición cuestiona tratamientos que lesionan derechos; la cancelación y la portabilidad disputan el control sobre la memoria digital; los principios de información, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad obligan a explicar. Desde ahí puede construirse coordinación con autoridades laborales, de competencia, consumo y telecomunicaciones. La gobernanza eficaz no necesita un regulador omnipotente, sino instituciones capaces de compartir evidencia sin diluir responsabilidades.

El reciente debate mexicano sobre Meta muestra la dimensión del cambio. En la queja 346/2026, un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito revocó el desechamiento de una demanda promovida tras la inhabilitación de una cuenta de Facebook. El criterio permitió que se examinara si Meta podía adquirir, en ese caso, carácter de autoridad equiparada para efectos del amparo, dada su potestad unilateral sobre una plaza digital relevante para la libertad de expresión. La resolución no decidió todavía el fondo ni convirtió automáticamente a toda tecnológica en autoridad. Abrió la puerta. En otro asunto, un juez concedió una suspensión provisional para restablecer cuentas mientras continuaba el juicio. Ambas decisiones iniciales revelan una necesidad: el derecho busca una categoría para un poder que produce consecuencias públicas desde una relación formalmente privada.

La discusión jurídica tiene dos rutas. La primera exige una función estatal directa o delegada, porque el artículo 5 de la Ley de Amparo condiciona la autoridad particular a funciones determinadas por una norma general. Desde esa lectura, las condiciones de servicio no bastan: Meta ejerce poder contractual, no una atribución conferida por el Estado. La segunda observa que las plataformas administran de facto la plaza pública, crean reglas generales, las ejecutan y resuelven controversias en una relación de supra a subordinación. El debate no admite simplificaciones. Reconocer la eficacia horizontal de los derechos entre particulares no convierte a cualquiera en autoridad; pero exigir una delegación formal puede dejar sin tutela precisamente los poderes que crecieron porque el Estado evitó nombrarlos. La pregunta es si la función pública nace sólo de una ley o también de la centralidad material que el propio orden jurídico toleró y aprovechó.

Los gobiernos se benefician de estas plataformas. Difunden políticas, contratan publicidad, reciben denuncias, monitorean conversación y trasladan servicios hacia identidades creadas por empresas. Durante emergencias, una red social puede informar más rápido que la infraestructura oficial. Cuando el Estado utiliza esa plaza para comunicarse y permite que se vuelva indispensable para comercio, trabajo y participación, no puede fingir que todo lo que ocurre dentro pertenece a un club privado. Quizá no exista una delegación expresa, pero sí una dependencia funcional construida mediante omisiones, contratos y prácticas públicas. Esto no resuelve por sí mismo la procedencia del amparo; demuestra por qué el problema ya no cabe cómodamente en la división entre Estado y mercado. Si la autoridad aprovecha la infraestructura, debe asumir responsabilidad por asegurar vías de reclamación, interoperabilidad y continuidad de derechos.

La respuesta tampoco consiste en nacionalizar redes ni ordenar que todo contenido permanezca. Este reconocimiento tampoco concede inmunidad a los usuarios ni convierte la libertad de expresión en licencia para dañar. Impone algo más elemental: que quien organiza una comunidad de millones de personas no pueda ejercer simultáneamente como legislador, policía, juez y beneficiario sin controles externos, contradicción, evidencia verificable y una instancia independiente capaz de reparar el abuso. Las plataformas deben moderar fraude, violencia, explotación y campañas coordinadas; una plaza sin reglas también expulsa a quienes sufren abuso. El punto es sujetar ese poder a debido proceso: reglas comprensibles, notificación específica, evidencia accesible, revisión humana, proporcionalidad, oportunidad de defensa y remedios efectivos. Una suspensión puede ser necesaria, pero no debe ser secreta ni irreversible por defecto. La cuenta no es únicamente propiedad de la empresa ni enteramente del usuario; es una relación compleja construida con infraestructura privada, datos personales, trabajo social y efectos públicos. Regularla exige reconocer esa composición, no escoger una ficción conveniente.

Frente al poder tecnológico, apostar exclusivamente por la tecnocracia sería repetir el error. Un comité de especialistas puede medir riesgos, diseñar estándares y auditar modelos, pero no decidir por la sociedad qué valores deben protegerse o qué desigualdad resulta aceptable. La tecnocracia confunde conocimiento experto con legitimidad y transforma conflictos políticos en problemas de optimización. Si un algoritmo distribuye mejor recursos según una métrica injusta, sólo perfecciona la injusticia. Si una autoridad automatiza decisiones sin escuchar experiencias, aumenta velocidad y distancia. Necesitamos técnica dentro de la democracia, no democracia sustituida por técnica. La población no es un conjunto de usuarios que debe adaptarse a un sistema eficiente; es el origen de los derechos y la razón por la que la eficiencia tiene sentido.

El nuevo paradigma debe reconstruir capacidad pública sin destruir innovación. Esto implica infraestructura digital soberana e interoperable; portabilidad real; competencia; derechos laborales adaptados al control algorítmico; tributación que siga el valor donde se produce; evaluación de impactos; transparencia de sistemas; recursos rápidos frente a exclusiones; y autoridades de datos con independencia, presupuesto y facultades técnicas. También exige que las personas participen en el beneficio colectivo de la información y la automatización mediante educación, servicios públicos, tiempo liberado y mejores condiciones de vida. No se trata de repartir dinero por cada clic, sino de impedir que la riqueza común termine convertida exclusivamente en renta privada. Si los datos y la inteligencia social alimentan modelos, sus frutos deben regresar a la sociedad.

Volvamos a la persona de la primera escena. Para la plataforma, su desaparición fue una fila en una base de datos. Para el Estado, quizá un conflicto contractual. Para ella, fue pérdida de voz, trabajo, comunidad y memoria. Allí se descubre el verdadero poder: no en proclamarse gobierno, sino en poder modificar la vida de alguien sin explicación suficiente y obligarlo a buscar una categoría jurídica que todavía no existe. Las grandes tecnológicas son los nuevos gobiernos no porque hayan reemplazado banderas y constituciones, sino porque regulan territorios funcionales donde transcurre la ciudadanía contemporánea. Si conservan los beneficios de lo público y de las personas, también deben soportar obligaciones proporcionales: derechos, límites, transparencia, responsabilidad y control.

La profecía no concluye que el Estado haya muerto. Concluye que llegó tarde a reconocer dónde se ejerce el poder. Su tarea no es competir por conocer más datos que las plataformas, sino reconstruir legitimidad, proteger a la población y distribuir las ganancias de la transformación. Las autoridades de datos ofrecen hoy la vía más inmediata para abrir los sistemas y devolver control a las personas, pero deben articularse con jueces, legisladores y reguladores económicos y laborales. El amparo contra la cancelación de cuentas anuncia una discusión que apenas comienza: cuándo un poder privado adquiere efectos públicos y qué remedio merece quien queda subordinado a él. La siguiente profecía llevará la provocación al extremo tecnocrático: si las máquinas administraran mejor las reglas, ni el derecho ni los abogados necesitarían existir. Precisamente por eso debemos recordar que el derecho no nació para optimizar sistemas, sino para limitar poder y hacer posible la libertad. Hasta la próxima.