LEY PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO: BANCO DE ALIMENTOS
México es un país de abundancia. Y por lo tanto resulta sorprendente que haya muchos de nuestros compatriotas que no reciban alimento suficiente. Así hoy, la población en situación de hambre de nuestro país suma casi 25 millones de personas. Esto se debe a muchos factores, entre los que destacan el desperdicio de comida. Pero debemos y podemos cambiar.
El hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana, por tal motivo en días pasados durante la sesión de Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal, finalmente se aprobó la propuesta legislativa denominada “Ley para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de México, (Banco de Alimentos)” impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello.
Esta iniciativa impulsa al Estado de México y reconoce el derecho a una alimentación adecuada de todos sus habitantes en donde se debe garantizar el derecho constitucional a la alimentación para los sectores de la población que, por diferentes causas, no pueden satisfacer esa necesidad básica, prevenir del desperdicio de alimentos, así fomentar su rescate y recuperación.
Sin embargo en nuestro país, la cantidad de alimentos desperdiciados genera 36 millones de toneladas de C02, lo que equivaldría a las emisiones anuales de 16 millones de vehículos, y por esta misma causa se estima la pérdida de 40 mil millones de litros de agua. En contraste, se ha logrado alcanzar el millón de hectáreas sembradas destinadas para generar alimentos orgánicos, cifra que ha permitido que México se mantenga en el séptimo sitio como productor de agroalimentos a nivel mundial y el cuarto en América, de acuerdo con cifras de 2017 dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Aunado a esto mercados, centrales de abasto y cadenas comerciales, desperdician hasta un 70 por ciento de comida en buenas condiciones. Los alimentos que podrían ser destinados a sectores vulnerables, quedan entre la basura, sin que se pueda aprovechar. Así mismo a los empresarios además de desperdiciar el alimento les cuesta tirarlo, por lo que ahora se buscará no solamente que puedan contar con el incentivo correspondiente, sino que tengan la posibilidad de donarlo.
Por tal motivo el Estado está obligado a proveer de las condiciones óptimas para que toda persona pueda acceder a una alimentación sana, garantizando la disponibilidad de los alimentos. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la alimentación de forma explícita en su artículo cuarto, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”
El derecho a la alimentación se amplía para proteger a un sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad, obligando a la federación, los estados y municipios a desarrollar mecanismos para apoyar la nutrición de los indígenas y familias migrantes mediante programas de alimentación, con especial atención a la población infantil. Si bien en el último reporte presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se observa una reducción en los niveles de carencia por acceso a la alimentación, llegando a 2016 a 20.1 por ciento de la población, en el mismo año la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo era de 21.4 millones , es decir, que se trata de personas que están en riesgo de morir de hambre por no tener un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
Para lograr revertir esta situación se deben promover medidas tendientes a evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación, a efecto de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a aquellos sectores de la población que por diferentes causas no pueden satisfacer esa necesidad básica, así como aminorar las afectaciones ambientales por la producción de alimentos que no sean consumidos.
Sin duda vamos a ver un parteaguas en la entidad con este tipo de iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario del PVEM; sobre todo porque ya era necesario que el gobierno cuente con sus Bancos de Alimentos, en donde debería de ser obligación de cada uno de los municipios del estado tener al menos un Banco.
En conclusión, la construcción participativa de políticas públicas, normas técnicas y leyes, es fundamental para mejorar la gobernanza de los países hacia la prevención y reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Además facilita una respuesta global no exclusiva del Edomex a una problemática compartida por todos los países. Avanzar en la construcción de una visión compartida y estrategias de acción municipal, estatal, nacional y global. Así mismo Armoniza conceptos y definiciones para un mejor entendimiento entre los actores involucrados. También identifica los puntos críticos comunes en cada fase del ciclo de vida de los alimentos Identificar a los actores y sus niveles de responsabilidad. Finalmente articula esfuerzos y genera estrategias locales, regionales y globales para la gestión de políticas que contribuyan en la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza.