+ Los dueños de grúas disputan el botín económico a balazos en conocido hotel de Tlalnepantla; El pacífico municipio de Ocuilan, es escenario de artero ataque con tintes políticos; Laura sigue en espera
La frase:
La forma de sanar la sociedad de la violencia y de la falta de amor es reemplazando la pirámide de dominación con el círculo de la igualdad y el respeto.
MANITONQUAT
El Estado de México vive uno de sus días más violentos
Este jueves fue un día particularmente violento en el Estado de México, a pesar de que las autoridades estatales continúan reuniéndose todos los días, muy tempranito, para tomar cafecito con rosquillas, saludarse y, al parecer, comentar las noticias matutinas que regularmente nada tienen qué ver con nuestra entidad, pero ellos aseguran que así resuelven la situación cada vez más crítica en esta materia.
Primero, en Tlalnepantla, en el hotel Lancaster Crowne Plaza en el que regularmente el municipio lleva a cabo actividades públicas, hubo un ataque armado cuando se realizaba una reunión entre empresarios, a la cual precisamente llegó el presidente municipal de esa localidad, Raciel Pérez Cruz, quien, según él, no alcanzó a entrar al salón donde se realizaba el evento, pues ya se encontró a su paso que el sitio había sido asegurado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Hay quienes aseguran que el ataque iba dirigido precisamente a Raciel Pérez Cruz, pero él, evidentemente, lo negó y aseguró que nada sabía sobre las causas, que eso lo tendrá que determinar la autoridad ministerial, que él únicamente llegó al sitio precisamente a invitación de los empresarios y que su propósito era pronunciar ahí un mensaje, en el marco de la reunión,
El resultado de ese incidente fue de dos personas sin vida, aún no está muy claro ni la identidad de los fallecidos ni el de él o los responsables, lo único que se especula es que los primeros, quienes perdieron la vida, son empresarios dedicados a las grúas, al arrastre de vehículos, y precisamente ahí está el meollo del asunto.
Es caso es que en las últimas semanas Tlalnepantla ha sido escenario de un conflicto entre diferentes empresas que se dedican precisamente al arrastre de vehículos descompuestos, accidentados o que simplemente tienen que ser trasladados de un lado a otro por diversas razones. Sin embargo, entre ellos, los gruyeros, existe una pugna por el control del negocio, todos quieren ser los únicos que ofrezcan éste, y por supuesto que se queden con el negocio, con el dinero que éste genera.
No sé si alguien de quienes nos hacen el favor de leer alguna vez haya tenido la necesidad de realizar alguna maniobra que implique la participación de una grúa, pero se trata de un servicio caro que se cobra por kilómetro de distancia recorrida y por el tipo de auto que se arrastra, entre más reciente sea el modelo y más caro el vehículo el arrastre resulta más caro, y al final del día eso es un gran negocio.
En municipios grandes y con una dinámica de movilidad tan alta como Tlalnepantla estamos hablando de un negocio que genera miles de millones de pesos, y obviamente ninguno de los propietarios está dispuesto a que otro le gane el dinero, por eso cada vez que se requiere un servicio de este tipo llegan hasta tres o cuatro empresas a realizar el arrastre.
El que decide quién se queda con ese negocio es el usuario, pero también lo es la autoridad municipal y local que tiene la obligación de atender accidentes automovilísticos en vías primarias y secundarias. Las primarias las atiende la policía estatal y las secundarias la policía municipal, ambas a través de sus divisiones de Tránsito.
Y ese es el lío, pues todos buscan que el municipio asigne los servicios a determinada compañía, y esa es la manzana de la discordia, pues todos presionan a la autoridad local para que sea a ellos a quienes se les permita realizar los arrastres. Se supone que la autoridad local está tratando de repartir los servicios, pero nadie está conforme, y no lo está porque, por ejemplo, en Tlalnepantla, la anterior autoridad municipal tenía ya sus favoritos con lo que tenía amarrado el negocio.
Así es, en tiempos de Marco Antonio Rodríguez, quien ahora es el dirigente del PRI en la Ciudad de México, había solamente dos empresas las que atendían las necesidades de arrastre en el municipio. Obviamente no lo hacían de forma gratuita ni por buenas personas, pues, se supone, esas empresas aportaban una parte de sus ganancias al ex alcalde, pero con el cambio de gobierno se les acabó el negocio, se les acabó el cliente, y se quedaron sin esos ingresos.
Hoy la disputa por el arrastre de vehículos se está convirtiendo en un problema de seguridad, pues ya en semanas anteriores se han registrado enfrentamientos entre los que operan las grúas, entre ellos mismos, resultando por lo menos dos personas sin vidas previo a la balacera de este jueves en la entrada del Hotel Lancaster.
Pero ese no fue el único incidente del día, pues en otra localidad, en Ocuilan de Arteaga, localidad que limita con el estado de Morelos, las cosas no transcurrieron mejor, por el contrario, fue peor, porque ahí la víctima fue Alejo Cedillo Cedillo, quien era regidor del municipio. A él, personas armadas y vestidas de civil lo interceptaron cuando iba entrando a la presidencia municipal a cumplir con sus funciones públicas y simplemente le vaciaron las armas de fuego.
Supuestamente Cedillo Cedillo iba acompañado del Secretario del Ayuntamiento de Ocuilan, quien también resultó herido por impactos de arma de fuego.
El regidor acribillado militaba en el partido Movimiento Ciudadano, lo que agrega un ingrediente más, éste de carácter político, pues hay que recordar que desde las campañas proselitistas previo a las elecciones del 2 de junio, los militantes de Movimiento Ciudadano se han visto inmersos en actos violentos los cuales, en su oportunidad, provocaron que algunos retiraran sus candidaturas por miedo a perder la vida.
Pero dicen nuestras autoridades estatales que en el Estado de México no pasa nada, que no hay violencia, que se están atacando las causas sociales, que los incidentes como estos son aislados, que no es una constante y que es un fenómeno que ya se atiende y que se controlará en el corto plazo.
Pero eso sólo lo creen ellos y ellas, pues la realidad es que el grado de violencia en el Estado de México cada día está peor, pero lo malo es que la sociedad poco a poco se está acostumbrando a brincar el muerto. Es decir, antes nos sorprendían este tipo de cosas, quizá porque no eran tan frecuentes, pero ahora realmente suceden todos los días, lo mismo en el sur que en el norte, en el Valle de México, en el poniente o en el Valle de Toluca. Da igual, en todos lados ocurren estos incidentes a los que por ningún motivo deberíamos de acostumbrarnos y deberían ser motivo de indignación ante la inacción en la que está cayendo la autoridad.
Académica universitaria insiste en que la dejen hacer campaña por la Rectoría, pero nadie le hace caso
Laura Benhuema, aspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México sigue en su lucha por obtener una respuesta de la Comisión Especial Electoral que le autorice realizar campaña y promover su propuesta para los próximos cuatro años de gobierno de la institución.
Mediante un video difundido en sus cuentas en redes sociales, Laura Benhumea dio a conocer que la casa de estudios fue nuevamente notificada este jueves de la suspensión definitiva, con carácter resarcitorio, y que fue conminada por el juez que conoce de esa causa para que le entregue de inmediato el registro como aspirante a rectora.
Por ello, exigió al rector Carlos Eduardo Barrera Díaz y a todos los integrantes de la Comisión Especial Electoral que le otorguen la constancia de procedencia que le acredite como aspirante registrada para contender por la Rectoría.
También pidió que se implementen las medidas necesarias para poder acudir y presentar su propuesta en los mismos espacios universitarios que antes ya visitaron las otras cinco candidatas, las cuales sí están registradas, así como acceder a los mismos medios de comunicación en los que se han abierto espacios para la promoción de las candidatas.
Evidentemente no ha habido respuesta y la universidad sigue guardando silencio tanto a las demandas de Laura Benhumea como a los recursos legales promovidos por el cuerpo de abogados que le apoya, lo que podría convertirse en un conflicto legal que definitivamente trascienda y trastoque el proceso de elección que se lleva a cabo en la universidad.
Por su parte, las cuatro candidatas que escribieron, firmaron y difundieron una carta en la que aseguran que no ha habido condiciones de igualdad para el desarrollo de las campañas, señalaron, ahora cada una por separado, que la elección no es justa ni equitativa, e insistieron que sólo una candidata, Eréndira Fierro, está teniendo el apoyo institucional tanto para sus actividades en los planteles universitarios como en medios impresos y electrónicos de comunicación. ¿En qué acabará esta contienda?