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NEGOCIO PERFECTO DEL PRI Y SUS OBRAS FANTASMAS

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El Estado de México, y especialmente el municipio de Toluca, padecen una seria problemática en cuanto a obras inconclusas, tanto en el ámbito público como en el privado, misma que causa gran daño a la ciudadanía -pues frena el desarrollo social y económico-, además de que ocasiona grandes desfalcos al erario público, de ahí la importancia de implementar un “programa de terminación de obras al cien por ciento, pero también, que se responsabilice a quien tenga que responsabilizarse, sea quien sea”, subrayó Arturo Chavarría Sánchez.

“Tenemos que cambiar esa mentalidad de la gente; ya no debemos de ser cómplices de recibir obras inconclusas o dejarlas en el limbo, porque es dinero del pueblo, y el dinero del pueblo se cuida y se vigila, para darle buenos resultados, por un bienestar de todos”, subrayó el arquitecto y urbanista.

Chavarría Sánchez ha dando puntual seguimiento al tema, y su propuesta es darle resolución inmediata, exigiendo una rendición de cuentas de quienes, en su momento, han pasado por alto la normatividad para obtener recursos para obras públicas que, pese a anunciarse “con bombo y platillo”, después, como consecuencia de no cumplir con los requerimientos técnica, jurídica, administrativa y operativamente, quedan inconclusas.

“A veces por dar el golpe mediático ante la sociedad, dan el anuncio, hasta se confabulan los gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, y hasta senadores, para hacer un anuncio espectacular de que se va a hacer alguna obra de impacto regional o seccional. Se compran muchos espacios de publicidad para que la gente quede convencida, pero pasa el tiempo y resulta que no se cumplió con la liberación de los terrenos, no era lo que se planeaba, no contaban con los proyectos ejecutivos sustentables; la correcta planeación y programación de los presupuestos, y esto se traduce en una deficiente ejecución de la obra pública”, explicó.

Así ocurrió con las llamadas Ciudades Bicentenario, obra emblemática del ex gobernador Enrique Peña Nieto, la Unidad Deportiva en San Mateo Otzacatipan, impulsada en el periodo de María Elena Barrera como alcaldesa de Toluca, y con Martha Hilda González, el sistema de bicicletas públicas Huizi.

Otro de los casos más representativos en Toluca, es el del rastro municipal categoría TIF que se construyó en San Pablo Autopan y que, a la fecha, sigue sin operar. El proyecto se concibió en 2013 y debía entregarse en diciembre de 2015.

Chavarría Sánchez señaló como responsables del que ha resultado en un desfalco millonario al erario público del Estado de México, a quienes gestionaron los recursos para el proyecto y a quienes “solaparon” el incumplimiento de la norma: el auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México de 2009 a 2019, el priista Fernando Baz Ferreira; María Elena Barrera Tapia como senadora por el Verde Ecologista y Ana Lilia Herrera como senadora por el PRI, en el periodo 2012-2018; como diputados federales en el mismo periodo, Fernando Zamora Morales y Alberto Curi Naime, y de 2015 a 2018 Laura Mitzi Barrientos Cano y Martha Hilda González; como diputados locales (2012-2015) Enrique Mendoza Velázquez y Héctor Hernández Silva, (2015-2018) Raymundo Martínez Carbajal, hoy candidato a la alcaldía de Toluca, y Jorge Omar Velázquez Ruíz, todos del PRI.

Y como presidentes municipales Martha Hilda González (2013-2015), Braulio Álvarez Jasso (2015), y Fernando Zamora (2015-2018).

“El daño patrimonial que se le hace a los municipios es enorme y nadie dice nada, piensan que no iba a pasar nada, que se iban a cubrir las espaldas, pero debe haber responsabilidad”, enfatizó Chavarría Sánchez.

Lo mismo ocurre en el caso de las obras privadas, toda vez que “muchos hacen contrato de obra privada con el gobierno, por ejemplo, en conjuntos habitacionales, y no entregan todo lo que prometen; se quedan fraccionamientos inconclusos, sin escuelas, sin clínicas, sin vialidades, sin plantas de tratamiento, y no pasa nada”, explicó.

“Es muy difícil precisar a cuánto ascienden todos los adeudos que han hecho empresas constructoras o incluso los recursos que se van en “peleas pactadas”, pero alguien tiene que responder por los actos de corrupción en administraciones municipales del pasado”, subrayó.