NO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS

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Contradiciendo su promesa de campaña de “regresar el Ejército a sus cuarteles”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su intención de que la Guardia Nacional “dependa completamente” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este sábado, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que da el control a la Sedena de la Guardia Nacional y la turnó al Senado de la república. Motivo por la cual varias asociaciones civiles han convocado el día de ayer a una marcha con veladoras por todas las victimas de paz, para exigir seguridad sin guerra.

La situación es que Cuarta Transformación se está convirtiendo en la Cuarta Militarización, aunque López Obrador y sus seguidores afirmen lo contrario, resultaron más calderonistas que Calderón, tan criticado por el presidente respecto a estos temas. En palabras de Denise Dresser “La peor traición de AMLO/Morena es la militarización permanente de la Guardia Nacional.”

Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, creado por el CIDE, las Fuerzas Armadas hoy controlan más de 246 actividades que estaban antes en manos de civiles, aunque no tengan la preparación, la experiencia o la capacidad para llevarlas al cabo. Será su legado más perdurable, más autoritario, y más tóxico para el país.

Problemáticas tan notorias como que AMLO ha subcontratado franjas importantes del gobierno a una fuerza que no está obligada a rendir cuentas y no puede ser sancionada por la población si incurre en actos de corrupción o viola los derechos humanos o se alía con el crimen organizado.

La militarización no mejorará la situación de inseguridad y criminalidad que asola al país. Esa ha sido la estrategia instrumentada desde 2007 por el ya cuestionado Felipe Calderón, y los efectos han empeorado.

En este sentido se acaban los discursos de AMLO y Morena que no podrán argumentar de manera legítima que promueven la paz y la tranquilidad, cuando recurrirán a las casacas, los rifles y los tanques para obtenerla.

Ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en un caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas. El plan propuesto por el presidente no cumple con estos requisitos.

Debemos tener presente que la violencia y la capacidad operativa de los grupos criminales persiste en México esencialmente porque el país no ha consolidado un sistema de investigación penal confiable, capaz y con recursos suficientes, que esclarezca y sancione los delitos y que pueda investigar fenómenos criminales complejos.

Las instituciones de seguridad y de justicia operan, sobre todo en los estados, en condiciones a veces de franca precariedad, con problemas arraigados de falta de capacidad, pero también frecuentemente de corrupción. Eso contribuye a que la abrumadora mayoría de delitos cometidos contra la población queden impunes. La militarización NO es la solución.

Los mexicanos hoy necesitamos de los legisladores y de los promotores de justicia para hacer valer nuestra constitución en uno de los temas más trascendentes para la promoción del Estado de Derecho  y los  Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos.