OBRA PÚBLICA Y “HUACHICOLEO” DEL AGUA INICIATIVAS DE GERARDO PLIEGO

Durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXII legislatura del Estado de México, el diputado Gerardo Pliego Santana impulsará dos importantes iniciativas de ley, una que buscará que los recursos de los ciudadanos sean aplicados de manera correcta en la obra pública y que las obras sean garantizadas por un periodo de hasta 3 a 5 años por las empresas que las ejecutan, y la segunda, para combatir el “huachicoleo” del agua.

OBRA PÚBLICA

En lo que respecta a la iniciativa que tiene que ver con la obra pública, el diputado por el distrito 34 de Toluca explicó que busca garantizar la calidad de las obras, y hacer responsables a las empresas que las realizan o inclusive a los funcionarios que las supervisan, cuando estas presenten daño por una mala ejecución o uso de materiales se mala calidad.

“Actualmente toda la red de carreteras está destruida, muchas de las calles que se han pavimentado, por ejemplo, en Toluca, en menos de un año están totalmente destruidas, esto se debe a la mala calidad de los materiales”, dijo el legislador por Morena, quien dijo que, de momento, la Ley contempla que los contratistas tienen que dar dos fianzas de garantía: una por el anticipo y otra por vicios ocultos.

“La garantía por vicios ocultos es nada más de un año, entonces cualquier constructor después de un año no tiene ninguna obligación de reparar la obra. La iniciativa que voy a estar impulsando, es que se amplíe la póliza de garantía por vicios ocultos de ser posible de 3 a 5 años”, y es que tal como está la ley actualmente, constructor y funcionario “se eximen», y no hay quién se haga responsable, por ejemplo, por una pavimentación que presenta deterioro después de un año de realizarse.

“Estamos revisando que, por ejemplo, la misma dependencia gubernamental que contrata la obra obligue de forma inmediata, si no responde la empresa constructora, a que la afianzadora haga efectiva la garantía, o en su caso, puede ser, que la dependencia gubernamental contrate a otra empresa, con cargo a la afianzadora, y también ligar la responsabilidad para que el funcionario público, principalmente en este caso los encargados de la supervisión de la obra pública, sea también responsabilidad de ellos, en un término”, pues por ejemplo,  dijo “alguien como supervisor dice “en lugar de 10 cm de la carpeta métele 7, no pasa nada, al fin que en un año ya nadie tiene ninguna responsabilidad’. Entonces, también ligar la responsabilidad a quien supervisa o es encargado de supervisar la obra”.

La iniciativa contemplaría mecanismos para obligar a las empresas a subsanar las obras y sanciones para funcionarios que autoricen obras de mala calidad.  “Se trata de que los recursos públicos de los ciudadanos sean aplicados de manera correcta y que las obras sean garantizadas por un periodo mayor al que hoy tenemos, que es de apenas un año”, subrayó.

Pliego Santana dijo que para impulsar esta iniciativa cuenta con el respaldo de diputados y diputadas que han sido presidentes municipales, que reconocen esta problemática en la obra pública y la necesidad de legislar para combatirla.

“HUACHICOLEO» DEL AGUA

La segunda iniciativa que estará impulsando Gerardo Pliego busca el combate al “huachicoleo” del agua, una problemática que considera “grave» y que aqueja no solo a municipios del Valle de sino de todo el Estado de México, donde empresas buscan lucrar con la necesidad se las familias ante la escasez del agua. “En muchos lados hacen pozos clandestinos para la extracción del agua y la venden, o muchas veces hasta la extraen de la misma red pública, con pipas y la distribuyen. Entonces es evitar ese “huachicoleo” o ese robo del agua que en muchos lados se está dando”.

Señaló que, por ejemplo, en Toluca, ciudadanos lo han abordado para comentarle que hay predios de donde salen y salen pipas para vender el agua. “Debido a la escasez, hay un mercado negro del agua, es decir, la población necesita el agua y ahora sí, la compra a alto costo. Quienes la están vendiendo deben de tener la autorización correcta, sin que se la roben a través de pozos clandestinos o extracción de la misma red”.

Y es que los ciudadanos llegan a pagar entre 800 y 1000 pesos, e incluso más, por una pipa de agua de 5 mil litros aproximadamente, dependiendo la zona.

“No se trata de que no la tengan o de que no existan esas empresas que suministran el agua, se trata de que estén regularizadas, porque es muy fácil que de manera clandestina perfora su pozo y vende el agua, mientras que el municipio no tiene la autorización de la Comisión Nacional del Agua para extraer un mayor volumen de agua”, explicó.

Reconoció que, en el caso de Toluca, especialmente en la zona norte, hay familias que cuentan con un pozo artesanal, con los cuales no habría problema, pues son “para suministro exclusivo de una familia, ahí no se considera que es ilegal, mientras que no lucren con la extracción ilegal del agua”.

Pliego Santana explicó que la autorización a estas empresas sería a través de los organismos de Agua y Saneamiento de cada municipio.