Organismos garantes y gobernanza digital
Los organismos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales son relativamente recientes, y si bien en las diversas democracias modernas éstos empezaron a surgir de manera alternada en diversos sistemas jurídicos han ido convergiendo hacia entidades con atribuciones cada vez más robustas en cada uno de sus ámbitos, y, en el caso de México ha llamado la atención la propuesta de concentrar en un solo organismo garante nacional, la rectoría en torno al acceso a la información y la protección de datos personales para el sector público, y convenientemente la adopción de la función de la protección de datos personales en posesión de los particulares, lo cual, más que una disposición de austeridad o economía, se ha insertado como una decisión estratégica de gran calado que hoy no sólo permite valorar su mantenimiento como una atribución inherente al INAI, sino que empieza a generar inquietud en otras latitudes como el caso mexicano logra sortear y resolver por especialidad dicha materia, desde una perspectiva asociada con la libertad de expresión.
En ese orden de ideas, dichas instituciones se han insertado como engranes autónomos en una nueva dinámica del constitucionalismo contemporáneo como motores del desarrollo de las regiones y de una modernidad humanista, constructoras de una sociedad pensante y empoderada y de gobiernos cada vez más cercanos y abiertos que logran coincidir en las soluciones de los problemas públicos a través de las diversas herramientas que la transparencia y el gobierno de datos, proporcionan para el bienestar; todo como parte de un nuevo esquema de gobernanza en el que las libertades buscan su máxima expresión en aras de las felicidad y la realización de la ciudadanía.
Así también, el fortalecimiento del esquema de rendición de cuentas que manda el último párrafo del apartado A, del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha dado paso a un nuevo nivel de colaboración e integración entre autoridades a nivel nacional puesto que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es hoy, quizá juntamente con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los exponentes más destacados de la articulación de un federalismo técnico, que ha sido la apuesta en la evolución del federalismo mexicano, inicialmente limitado al ámbito político, para dar paso a un enfoque multisistémico que permita involucrar a todas y todos los actores en las acciones concretas para aportar soluciones y respuestas para el bien común.
Como puede advertirse, a su vez, este esquema de gobernanza empieza a ser flexible y resiliente frente a las nuevas inquietudes y formas de interacción de la ciudadanía que a través del uso de la tecnología tiene la capacidad material de hacer presente su representatividad en tantos medios, incluyendo las redes sociales, y que ha encontrado en los teléfonos inteligentes y en el internet sus nuevas herramientas de lucha y supervivencia.
Y es así que, tal como en su momento tuve la oportunidad de compartir mi visión al comentar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, advierto que el vector sigue, pero estas entidades adquieren cada vez más relevancia para un adecuado desarrollo de los mercados y servicios digitales, entre los cuales, en el ámbito digital seguramente se seguirán impulsando grandes avances en su cumplimiento y en la cooperación.
¿Pero qué sucede en el ámbito local? Precisamente parte de la estructura que ha llamado la atención del modelo mexicano lo encontramos a través de los órganos garantes de transparencia locales, que están llamados a ir más allá de una simple función regulatoria y dar plena vigencia a las exigencias sociales como verdaderos habilitadores de las y los ciudadanos digitales, como esas entidades que a través de su reconocimiento y autonomía constitucional están llamados a defender el derecho a saber y participar de las personas, como semilleros de personas con mente libre, que propongan y resuelvan en esta época en la que todos y todas estamos en la red y necesitamos de los demás, en esta globalización en la que la tecnología nos ha acercado y en el que se debe evitar que nos vuelva distante; en un horizonte en el que debemos tener la certeza de que no seremos condenados no sólo por nuestras opiniones, sino por nuestros aspectos más íntimos, todo que hoy queda registrado en la red.
En ese sentido, las bases de la evolución digital se encuentran en los gobiernos locales que son los principales exponentes del Pacto Federal y que deben actuar y resolver en lo local, teniendo presente lo nacional y lo global, como ciudadanía digital del mundo, posiblemente un nuevo mundo, marcado por lo digital, que permita defender a la ciudadanía y a su vez, atraer inversiones a partir de la infraestructura necesaria para la el aprovechamiento a nivel local de las ventajas de los sensores y la automatización a través de la domótica e inmótica, la transformación industrial a través de los análisis de datos y el impulso de la robótica, la modernización de la administración a través de la coadyuvancia en el registro, justicia y transparencia a través del blockchain, servicios públicos y turísticos mucho más atractivos a través del incentivo de ciudades inteligencia, realidad virtual y realidad aumentada; todo desde el ámbito de los servicios que corresponden al Estado y los municipios como los verdaderos catalizadores de una evolución de la sociedad mexiquense, mexicanas y mexicanos por patria y provincia. Ello, sin tomar en cuenta todavía todo lo que la experiencia local puede sumar al ámbito nacional, para el bien de todas y todos, a fin de que en el marco de una economía digital las y los mexiquense puedan verse beneficiados de esta nueva dinámica tangible de interactuar con las y los demás.
Hasta la próxima.