PIDEN INTERVENGA EL GOBIERNO ESTATAL ANTE DESPOJO DE TIERRAS

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Integrantes de la Unión de Vecinos del Valle Asociación Civil (UVVAC), del municipio de Atizapán de Zaragoza, protestaron este martes en Toluca para solicitar la intervención del gobierno estatal para frenar el acoso de grupos de la delincuencia organizada que pretenden despojarlos de un predio y, a la vez, la regularización de dicho predio, según detalló José Francisco Lara Hernández, representante legal de la organización.

Lara Hernández detalló que desde el 10 de enero pasado, solicitaron audiencia con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez. “Nos metimos incluso a oficialía de parte para solicitar garantía de audiencia con el secretario de Gobierno. Nuestro problema es el asunto de la regularización de un predio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el cual en su momento hemos tenido siempre el acoso por parte de grupos de la delincuencia organizada para querer despojarnos de él”.

En particular señaló al grupo que se hace llamar “Los Julios”: “Ha sido el grupo que ha intentado desalojar a familias muy humildes y no nos hemos dejado; tenemos nuestras formas, no tenemos fuerza física como ellos, pero sí tenemos bastantes argumentos y fundamentos legales para mantener la posesión del predio”.

Refirió que desde 2016 la UVVAC tiene la posesión del predio, pero falta regularizarlo.

Y explicó: “Pedimos la coadyuvancia para la regularización plena de nuestro espacio, pero además, esto no es de ocasión, es un compromiso que el gobierno del Estado tiene con nuestra organización, ya que esto deriva de un compromiso y acuerdo de reubicación de tierras para nuestra organización, que fue desalojada violentamente el 2 de abril de 1997”.

En dicha fecha, narró, fueron desalojados violentamente por el gobierno (federal) panista en contubernio con el gobierno priista del Estado de México, “en particular de César Camacho Quiroz, y entonces en el gobierno municipal estaba Carlos Madrazo Limón como autoridad municipal”.

Señaló que posteriormente lograron un compromiso en septiembre de 1997 para la liberación de sus presos, a la vez que pactaron la reubicación en distintos lugares donde se pudiera, para dar solución a la demanda de tierra de su organización, compromiso que ahora exijan, cumpla el gobierno estatal.