PRESERVAR EL DERECHO A LA PROTESTA PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR

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Todas las crisis ponen a prueba los pactos sobre los que construimos nuestras sociedades. La crisis de la COVID-19 en la que estamos inmersos no está siendo diferente en este aspecto y, aspiraciones anteriormente indiscutibles como la sanidad universal o la igualdad social, están siendo cuestionadas por algunos discursos políticos y algunas prácticas institucionales.

Esto mismo sucede con respecto a las garantías democráticas que algunos gobiernos del mundo han aprovechado para erosionar, empleando una estrategia política conocida como “doctrina del shock”. Las dinámicas de vigilancia tecnológica y militarización urbana, de represión de voces críticas o de restricción de libertades han encontrado en la gestión de esta crisis sanitaria un vehículo de expansión para fortalecer la progresiva concentración de poder en muchos lugares de la geografía global.

En el caso puntual de México en  días recientes tras la represión a una protesta en contra de los feminicidios mediante detonaciones de arma de fuego, realizada en Cancún, es preciso decir que estas acciones policiales son violatorias a los derechos humanos, además alertamos que este sometimiento policial ha sido una constante en otras entidades del país.

Estos hechos no pueden volver a ocurrir en ninguna entidad ante las manifestaciones de mujeres que exigen justicia por otras mujeres y por querer una vida libre de violencia o de la comunidad LGBT e incluso de los defensores de la tierra y del medio ambiente, así como de los periodistas.

Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, o el acceso a la información, brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los gobiernos actúen en su mejor interés. No solo cuando enfrentan una crisis de salud pública como la que estamos viviendo, sino también para abordar la crisis climática y ecológica, que suponen el mayor desafío de nuestro tiempo.

Cabe señalar que este 2020 ha sido el año en el que la represión policial se ha presentado en diversas manifestaciones mediante encapsulamientos prolongados, detonaciones de gas lacrimógeno y petardos.

Finalmente es responsabilidad de la Comisión de los Derechos Humanos y del Estado actuar de forma determinante para proteger y promover la calidad de nuestra democracia, como uno de los pilares sobre los que se debe asentar una nación que pretenda liderar un futuro mejor para las y los ciudadanos.