+ Propaganda, Manipulación y la Anulación de la Ley de Publicidad

La frase:

La palabra chayote proviene del náhuatl hitzayotli, que significa: calabaza espinosa.

A PROPÓSITO DE LA LEY

Propaganda, Manipulación y la Anulación de la Ley de Publicidad

Tradicionalmente en México, la Ley de Comunicación Social ha servido para promover ilegalmente a los funcionarios públicos, para manipular, y ascender en las posiciones de la político nacional durante casi 80 años de gobiernos priistas y 12 de gobiernos panistas, por lo que era un clamor generalizado reformar dicha ley para evitar los abusos, lo cual llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la denominada Ley Chayote, impugnada desde la izquierda mexicana como oposición, pero conservada por ellos mismos al asumir el poder presidencial, para controlar la información, promover ideología, partido y personajes afines, pero además para atacar, amenazar y perseguir a los adversarios políticos y críticos.

No en balde el especialista en Derecho Constitucional, Miguel Carbonell, afirma: No entiendo el afán de muchos políticos del actual régimen que parecen estar buscando a diario una excusa para proponer alguna ocurrencia que roza los límites de la inconstitucionalidad e incluso de la mera racionalidad. Podría pensarse que hay mucho por cambiar y mucho por mejorar en México, lo cual sin duda es cierto, pero no quiere decir que los cambios tengan que estar en manos de pirómanos que pretenden incendiar el país para decir que lo transformaron. Las cosas pueden y deben conducirse de forma diferente.

Aconseja Carbonell que la mejor ruta para hacer frente a nuestros problemas, está claramente escrita en la Constitución; ahí está el mejor plan programático que se ha escrito en la historia moderna de México, totalmente comprensible para quien se tome la molestia de leerla e interpretarla de buena fe.

Y tiene toda la razón, pues el artículo 134 constitucional contiene una limitación respecto del contenido de los mensajes de propaganda gubernamental, pues establece que ésta no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público y de que la misma deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, además de que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los estén destinados.

Es más, el propio articulado constitucional determina que: todos los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Es por eso que el organismo social internacional Artículo 19, advierte que la publicidad oficial usada como mecanismo de “premio y castigo” a las líneas editoriales de los medios de comunicación es un obstáculo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la construcción de una democracia constitucional.

El Congreso federal tiene la obligación de cumplir con el mandato de la Suprema Corte para reformar la Ley de Comunicación Social y evitar los abusos de poder que contiene la llamada Ley Chayote, pero decidió no hacerlo para que se siga abusando de esa aplicación ventajosa para quien ostenta el poder.

Y es que se trata de una evidente y total falta de voluntad por cumplir con la ley, pues ya no es un tema de agenda política, ajustada a los vaivenes del contexto y los intereses políticos de los partidos; es un tema de Estado de Derecho puro y duro: el Congreso, que se supone es un poder garante de la Constitución, desdeña las obligaciones en materia de derechos humanos que ésta le impone.

Pero en el centro está la posibilidad de configurar relaciones sanas, transparentes, inclusivas y equitativas con los medios. Que no se despilfarre el dinero para promocionar partidos y gobernantes en medios de comunicación y tampoco se usen esos recursos para amordazar al periodismo independiente y crítico.

Sin embargo, en el incumplimiento de este mandato, observamos también el choque de poderes en México, pues si un Poder, el Judicial, ordena a otro, el Ejecutivo o Legislativo, restituir en sus derechos a una persona o una colectividad, no sólo entraña reparación del derecho violado con el actuar de la autoridad, sino el respeto al control horizontal entre instituciones del Estado. Se trata, a final de cuentas, de pesos y contrapesos que al parecer no son muy bien vistos en el contexto actual, pero una cosa es que no gusten los contrapesos institucionales y otra, muy grave, es que no los respeten, pues la única responsabilidad de una eventual crisis entre poderes es de quienes decidieron incumplir con la sentencia dictada por la Corte, para acabar con la discrecionalidad en el gasto de comunicación social y su uso para censurar.

Las tendencias agudizadas ahora para premiar o castigar, refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social debe ser abrogada, ante la urgente necesidad de dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia para que, en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos, y que coloque en el centro a la sociedad.

Preocupan, empero, las constantes afirmaciones del presidente de la República en sus conferencias mañaneras, denotando que no tiene la mínima intención de regular la publicidad oficial, y que prefiere que subsista una legislación que avala las malas prácticas que propician los abusos de poder y debilitan las prácticas democráticas.

Lo grave de todo, a final de cuentas, es que tenemos a un presidente de la República que, como opositor, tenía las mejores intenciones libertarias y democráticas, pero como mandatario ejerciendo el poder, está dispuesto a violentar cualquier ley con tal de seguir concentrando el poder, las decisiones y el presupuesto en la figura presidencial, y además preservarlo para su movimiento político, ¿no le parece a usted, estimado lector?