PROTESTAN ABOGADOS EN JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE TOLUCA EN CONTRA DE CERTIFICACIONES

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Abogados litigantes se manifestaron frente a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Poder Judicial del Estado de México, debido a que se les está exigiendo cubrir una serie de certificaciones que ofrece el Poder Judicial del Estado de México, con costo de 20 mil pesos cada una, al considerar que se trata de un negocio: “No nos negamos a la actualización ni a la certificación, pero el TSJEM no tiene que ser la escuela”, señaló uno de los manifestantes.

Los abogados lamentaron que desde el año pasado comenzó a circular el oficio 86/2023 en el que se les notifica sobre las capacitaciones “voluntarias” a las que estaría sujeto todo y toda litigante adscrito a algún colegio o barra de abogados que tenga convenio con el Poder Judicial Del Estado De México (PJEM).

En el escrito se destaca que el Plan Estratégico 2020-2025 del Poder Judicial del Estado, en su eje rector II “Calidad e Innovación en los Procesos judiciales”, establece como una de sus estrategias, la «Capacitación técnica y Ética» y entre sus líneas de acción, el «Desarrollar planes de formación y capacitación sistémicos, integrales y especializados».

Es decir, se busca implementar el «Programa de Capacitación Técnica Especializada» al sector privado, con un diplomado se podrá realizar en las materias penal, familiar, laboral, civil, y mercantil.

“Ahora nos están diciendo que es un diplomado de alto nivel, pero es una certificación. Sabemos nosotros que eso es ilegal, la Escuela Judicial no tiene las facultades para poder certificar a nadie, esa es una función de carácter federal a través de la Secretaría de Educación Pública”, mencionó Carlos Alberto López Olivera abogado particular.

Con mantas, se hizo un bloqueo en la zona de hospitales y juzgados de Toluca; abogados privados se manifestaron en contra de la imposición de las certificaciones del PJEM.

Destacaron que no están en contra de las actualizaciones académicas, pues así lo requiere su trabajo; sin embargo, están en contra de que sean obligatorias y temen se trate de una maniobra para sacar recursos del sector privado de manera ilegal.

Los litigantes expusieron que tienen el precedente de una certificación del PGJEM en materia penal para justicia enfocada en menores infractores, si bien, en su momento fue voluntaria, lamentaron que, quien no la tiene, no puede litigar en favor de un menor.

Por ello, ahora que las certificaciones se lanzan para el resto de materias, temen que pase lo mismo y pierdan su derecho a ejercer su licencia como abogados.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, las certificaciones son una vía de actualización, por lo que no son obligatorias, además de que lanzaron un llamado a que, quien no quiera tomarlas, permita que sí lo haga quien busca estar actualizado en las materias correspondientes.