¿Representa el Trabajo Infantil Violación de Derechos Humanos?
Para Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM, el trabajo infantil es, además de una anomalía del modelo económico, una aberración desde la perspectiva de los derechos humanos, pues representa una presión y un trato injustificado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2022. En los tabulados que presenta hay dos indicadores, el de la condición de ocupación de las y los menores de 18 años, en la que se encontraban, entre octubre y diciembre de 2022, un total de 2.33 millones, de los cuales, 1.61 millones son varones y 721,456, mujeres.
El segundo indicador es el que se denomina como “Medición Amplia”, la cual debería interpretarse de acuerdo con los estándares constitucionales y convencionales, y con base en ello, tomarla como la base para el diseño de políticas y programas públicos para avanzar hacia la erradicación de esta inaceptable realidad. Tomando como referencia esta medición, el dato es de 3.73 millones de niñas y niños en situación de trabajo infantil, de los cuales, 2.24 millones son varones y 1.48 millones son mujeres.
Más datos preocupantes de los tabulados que da a conocer el Inegi: de los 28.43 millones de niñas y niños menores de 18 años que se estimaron a finales del 2022 en todo el país, se contabilizó un total de 7.5 millones con alguna beca para estudiar; cifra mayor a las de los años 2019 y 2017, pero similar a la registrada en términos absolutos entre octubre y diciembre de 2015. Esto permite confrontar la retórica oficial en la que se dice que “como nunca” se están otorgando becas a este grupo de población.
No debe dejarse de lado que, según la ENSANUT, 2022, más de la mitad de las niñas y niños viven alguna forma de maltrato o disciplina violenta en sus hogares; y que el número de carpetas de investigación por delitos sexuales, por corrupción y tráfico de menores, así como de incumplimiento de obligaciones familiares -todos ellos sistematizados y publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-, han tenido incrementos significativos en los últimos cinco años.
Una lectura integral de estas informaciones conduce necesariamente a una conclusión dolorosa: México es un país que, como política de Estado, ha decidido dejar al margen a la niñez; y en esa medida, puede sostenerse que somos un Estado deficitario, pues hemos sido incapaces, desde que está en vigor la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño en 1991 en nuestro país, y posteriormente a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, de construir un país apropiado para la niñez.
Debe decirse con toda claridad. En México, el principio del Interés Superior de la Niñez se incumple de manera cotidiana; y el derecho de prioridad, es decir, de estar considerados siempre primero en todo aquello que les concierne; y a no permitir que ninguna niña o niño se quede atrás, simplemente está anulado en el sistema de decisiones del Estado mexicano. Y todo ello exige una profunda reforma institucional, pero más aún, una revolución en la mentalidad de las personas para incorporar, en todo lo que se hace desde el ámbito público y privado, la perspectiva de los derechos de la niñez.
*Licenciado y Maestro en Periodismo
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