+¿Tiene algo de malo que el alcalde de Toluca se tome 15 días?; La historia de Ayotzinapa, una verdad a medias o una completa mentira que no se ha acabado de contar al pueblo de México
La frase:
Que nunca más disfruten la comodidad de nuestro silencio.
PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA
AYOTZINAPA Y EL PUEBLO DE MÉXICO
Este viernes se conmemorará un aniversario más de la trágica noche del 26 de septiembre del 2014, y con ello se cumplirán once años de búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a quienes tres gobiernos, uno del PRI, y dos de Morena, no han sido capaces de entregar a sus familiares, al menos con vida, como desde entonces se demandó en plazas públicas y calles al grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos.
La noche de Ayotzinapa fue un evento trágico que marcó la historia reciente de México. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala, Guerrero, para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, los autobuses que transportaban a los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y federales, lo que llevó a una serie de enfrentamientos violentos. Durante la noche, 43 estudiantes fueron secuestrados y desaparecieron, mientras que otros fueron asesinados o dejados en estado de coma.
La investigación ha revelado que los estudiantes fueron detenidos por miembros del Cártel de la Sierra, y su destino sigue siendo un misterio.
Es decir, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, no han sido capaces de entregar con vida a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y, como van las cosas, ese objetivo no se cumplirá ni este viernes ni ningún otro día del futuro cercano.
Lo peor de caso es que, a la fecha, en realidad no existe certeza de lo que ocurrió ese día en las horas posteriores a la presunta desaparición, que muchos otros consideran como el inicio de otros crímenes encaminados a desaparecer del mapa a esos jóvenes, quienes tampoco eran en realidad el mejor ejemplo de legalidad y de buen comportamiento, pero que no por ello debieron haber sido objetivo de criminales, de soldados o de autoridades municipales y estatales como para borrar todo rastro de su existencia.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido en tres tiempos diferentes consideraciones casi contradictorias sobre lo que ahí ocurrió y cómo alguien hizo todo lo posible por desaparecerlos, pero aquí haremos un intento más por aportar elementos a la negra historia que sigue vigente y pendiente para el Estado Mexicano.
Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para tomar autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Sin embargo, los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal Guerreros Unidos, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense.
A raíz de esta lamentable tragedia, el 18 de noviembre de 2014 surgió el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos; además de investigar y sancionar a los responsables, a la par de otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.
Aunado a ello, el 9 de septiembre de 2016, el CIDH anunció la primera fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409/14, otorgada con relación a los estudiantes desaparecidos. El propósito era dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el (GIEI) en sus dos informes.
Dos años más tarde, el 28 de noviembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Informe Final del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial).
El documento establecía una serie de desafíos: una investigación fragmentada, incompleta y sombría; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada a los responsables, ya fuera por acción u omisión. Igualmente se indicaron la falta de avance en la investigación oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo, en las investigaciones sobre la actuación de un funcionario de la Procuraduría General de la república (PGR) que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales, y la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas.
Por otro lado, el 28 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves 15 VG/2018, donde señaló que los acontecimientos ocurridos representaron un agravio para todos los mexicanos.
La privación de la vida de 6 personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes indigna a la sociedad entera y especialmente a las familias de las víctimas.
Asimismo, dentro de dicha recomendación se acreditó las violaciones a los derechos humanos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, integridad personal y a la vida.
Por su parte, la Secretaría de Salud, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Salud del Estado de Guerrero, elaboraron el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos que regirán la Planeación, Ejecución y Evaluación de Medidas de Asistencia, Atención y posibles Reparaciones a Víctimas en el Caso iguala y/o caso Ayotzinapa, mismo que fue firmado el 7 de marzo de 2019.
Aunado a ello, el 1 de julio del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a las autoridades involucradas a que todas sus actuaciones se realicen garantizando el absoluto respeto a los derechos humanos, desea que estas investigaciones permitan esclarecer el paradero de estos jóvenes y ofrezca a los padres, familiares y a toda la sociedad agraviada resultados confiables que le permitan a la Fiscalía recuperar su credibilidad”, lo cual, a la fecha, sigue sin ocurrir.
Después, el 21 de marzo de 2021 la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reunió́ en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con familiares y representantes de los 43 desaparecidos, para hacer un balance de resultados de los puntos encontrados en el expediente del caso, escuchándose las peticiones y demandas de las madres y padres, víctimas de los hechos ocurridos, quienes determinaron necesario, en cuanto a la Recomendación 15VG/2018, dar seguimiento a los puntos de la recomendación que coadyuven al paradero de los normalistas, dejando sin efecto los puntos recomendatorios que no lo hagan.
El 18 de agosto de 2022, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió con los familiares de los estudiantes. Luego, dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Comentó además que durante el proceso 26 personas, la mayoría integrantes de Guerreros Unidos fueron ejecutadas, por lo cual se descarta valiosa información en la investigación, conforme a la tradición mexicana de que los muertos no hablan.
Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y dificultar la administración de justicia en el caso. Karam se convirtió en el primer ex procurador en ser detenido por las autoridades federales, a quien, por cierto, sigue sin acreditarse su responsabilidad y lo único que ha ocurrido en un deterioro integral de su salud, lo cual nuevamente renueva la posibilidad de que se vaya a la tumba con algún vicio de certeza en las investigaciones que él y sus allegados llevaron a cabo.
Hay que recordar que Karam fue el autor de la llamada verdad histórica, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se afirmó que los jóvenes fueron asesinados y cremados por integrantes de Guerreros Unidos en el basurero del municipio de Cocula. Sin embargo, gracias a la información proporcionada de Angela Intriago, integrante del (GIEI), señaló que se encontraron irregularidades durante la investigación, entre ellas alteración de pruebas y ocultamiento de los responsables de este crimen de lesa humanidad.
¿Cuál fue la razón de esta infame acción? Aparentemente ocultar los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades federales, estatales y municipales.
Igualmente, el representante del Ejecutivo indicó que insistirán en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien apareció en un video torturando a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, posible líder de Guerreros Unidos para que confesara que su organización fue responsable de homicidio y cremación de los normalistas.
Por su parte, el 20 de agosto del presente año, la CNDH emitió un pronunciamiento donde refrenda su solidaridad con las madres y padres de los normalistas, además de que confía en la impartición de justicia en el caso.
Los crímenes de lesa humanidad como la tortura y desaparición forzada y su castigo resultan fundamentales para la construcción de un estado de derecho ya que, tortura y desaparición forzada Derechos violentados privación de la libertad, homicidio y la participación.
Total, la verdad histórica sigue latente entre tanto documento y las repetidas y fallidas investigaciones judiciales, y lo único cierto es que siguen faltando 43 normalistas, que no hay conclusiones sensatas que expliquen el paradero de los jóvenes desaparecidos, y que nadie ha sido capaz de presentar una nueva prueba que aporte al relajo en el que se ha convertido este show que ha sido más mediático que realista y que sigue sin aportar un ápice de certeza a este cuento construido quizá por alguien para desviar la atención de otros asuntos nacionales más apegados a la realidad.
Los once años de este negro capítulo en la historia nacional se cumplirán sin que nada cambie de fondo, solo con promesas de algún día dar a conocer una versas diferente y más apegada a los hechos, así es que cualquier aportación que se pueda hacer a esta narrativa quizás contribuya por lo menos a aliviar la zozobra en la que los familiares de esos 43 jóvenes han vivido este tiempo y, por lo que se ve, seguirán viviendo quienes todavía los extrañan en sus hogares.
¿Tiene algo de malo que el alcalde se tome 15 días?
Luego de que se diera a conocer oficialmente que el presidente municipal de Toluca había solicitado, y obtenido, un permiso de hasta 15 días para ausentarse del cargo, las especulaciones en redes sociales se pusieron a todo lo que dan, luego, los rumores y conjeturas se trasladaron a otras vías de comunicación.
Lo menos que se dijo es que al responsable del gobierno municipal de la capital mexiquense ya le había gustado viajar, y que después de estar a finales del año anterior en la costa griega ya le habían dado su tarjeta de viajero frecuente. Los catastrofistas relacionaron esta salida del gobierno municipal con un asunto grave de salud. En fin, la argumentación es lo de menos.
Aquí lo importante realmente es cómo se manejan este tipo de informaciones. Es decir, realmente casi a nadie le importa si a Ricardo Moreno Bastida le dieron ganas de irse a Disneyland de vacaciones, muy su gusto, y esperemos que sea muy su dinero, pero lo que en realidad llena de cochambre la mente de los votantes que confiaron en él en las pasadas elecciones municipales es ¿por qué no se dicen las cosas como son?
También sería de humanos si en realidad el alcalde de Toluca tiene que tomarse un tiempo para ir a cualquier parte a realizarse algún tratamiento médico o si sale del país para ir a realizar algún trámite personal que requiera forzosamente su presencia personal.
Lo malo es que no se digan las cosas tal cual son, con apertura, con transparencia, y se dé lugar a todo tipo de especulaciones, desde las más apegadas a la realidad hasta las más locas y voladas de la realidad.
Quienes depositaron su confianza en Ricardo Moreno Bastida para que se haga cargo del gobierno municipal por un periodo de tres años tienen derecho a saber hasta cuando el señor alcalde va al baño, pues es algo que tiene relevancia para algunos. Para otros, simplemente les tiene sin el menor cuidado, porque, a final de cuentas, se trata de un ser humano común y corriente, y el hecho de que algunos lo pretendan convertir en sujeto de importancia, pues no debería magnificarse en realidad, lo único en lo que se debe coincidir con los “futurólogos” y expertos en la “rumorología” es que la verdad evita versiones tendenciosas y hasta inapropiadas. La verdad nos hará libres, dicen.