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CUESTIONA FERNANDO REYES DE CANACO, EL MÍNIMO Y LA INFORMALIDAD

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La problemática del comercio informal, la seguridad en municipios del Valle de Toluca y los efectos de las recientes reformas laborales han abierto un amplio debate sobre el rumbo de la economía local y las condiciones reales de bienestar de las familias mexicanas.

Fernando Reyes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) del Valle de Toluca, reconoce que el fenómeno de la informalidad ya no es un problema aislado, sino una situación generalizada que afecta a municipios como Metepec y otros de la zona conurbada. Aunque se han implementado operativos constantes para retirar puestos irregulares, se admite que estas acciones han resultado insuficientes, ya que los vendedores regresan apenas minutos después de que las autoridades se retiran, generando un ciclo de reincidencia que comienza a normalizarse socialmente.

Desde esta perspectiva, se ha señalado que el fondo del problema no es únicamente operativo, sino legislativo. Se requiere, asegura, una reforma estructural que permita atacar las causas de la informalidad, en lugar de limitarse a operativos temporales.

La propuesta apunta a fortalecer mecanismos que incentiven el comercio formal, no a través de la sanción, sino mediante beneficios reales como acceso a la seguridad social, apoyos al sector productivo y una simplificación de los trámites para obtener permisos y licencias de funcionamiento, los cuales actualmente son considerados excesivamente complejos.

Este debate se cruza con otro tema central, que es el aumento al salario mínimo y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque se reconoce que el salario mínimo ha tenido incrementos históricos, con crecimientos acumulados cercanos al 150% en los últimos seis años, también se cuestiona si este aumento se ha reflejado en una mejor calidad de vida para las familias. La duda principal gira en torno a si los ingresos actuales permiten cubrir realmente una canasta básica completa.

Según los testimonios recogidos, declaró, muchos empresarios advierten que estos incrementos, si no vienen acompañados de estímulos y productividad, terminan siendo trasladados al consumidor final mediante el aumento de precios. Algunas empresas con políticas de responsabilidad social han absorbido parte de estos costos para evitar afectar a los clientes, pero se reconoce que la mayoría de los pequeños y medianos negocios no cuenta con esa capacidad financiera.

La posible implementación de la jornada laboral de 40 horas —prevista de manera gradual y con proyección de entrada en vigor total hacia 2027— también genera preocupación entre sectores productivos. Se advierte que reducir el tiempo laboral podría obligar a las empresas a contratar más personal o a recurrir al pago de horas extras, lo que representa una carga económica adicional para negocios que ya operan con márgenes limitados.

Sectores como el restaurantero podrían verse particularmente impactados, dijo. También señaló que, en el caso de los meseros, gran parte de sus ingresos proviene de las propinas y no del sueldo base. Reducir los turnos en los horarios de mayor afluencia —como comidas y cenas— podría afectar directamente su ingreso real, perjudicando a los propios trabajadores.

En este contexto, también planteó dudas sobre otras decisiones administrativas, como la suspensión de operaciones de algunos centros de distribución (CEDIS), aunque reconoció desconocimiento sobre los motivos específicos de estas medidas. No obstante, advirtió que la pérdida de empleos y la disminución de ingresos tiene efectos directos en el ahorro, los fondos de retiro y la estabilidad económica de los trabajadores.

Finalmente, aunque reconoció que las reformas laborales y los incrementos salariales parten de una intención positiva, subrayó que las condiciones de infraestructura, productividad y desarrollo económico del país aún son distintas a las de otros países donde estas políticas han tenido éxito.

Por ello, hizo un llamado a que estas transformaciones se acompañen de políticas públicas integrales que eviten efectos contraproducentes tanto para los trabajadores como para los empleadores.