Pide Coparmex a gobierno federal garantizar seguridad y combatir extorsión

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Ante el crecimiento de la comisión del delito de extorsión, que afecta la operación de las empresas asentadas en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal proteger la inversión y preservar los empleos formales a través de fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y combatir a los grupos que realizan este delito.

Y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2015 a 2025, el número anual de víctimas pasó de seis mil 223 a 11 mil 081.

A través de un comunicado, Coparmex informó que, a nivel estatal, se muestran fallas estructurales en la contención del delito, y destacan que el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz concentraron 65.2 por ciento de los casos, pero además en 20 de las 32 entidades se ha registrado un aumento anual de este delito.

Entre las entidades que tuvieron un mayor repunte se encuentran Tlaxcala con un aumento de hasta mil 300%, Chiapas con 364.3%, Ciudad de México con 264.4%, Nayarit con 171.4%, Yucatán con 100% y Puebla con 84.4%. En tanto, en las regiones fronterizas también se percibe una trayectoria ascendente, siendo la frontera sur la que registra el mayor crecimiento.

De acuerdo con DataCoparmex, el 46.8% de las empresas fueron víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos. En este rubro, 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2% de las denuncias, el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que genera desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.

La Coparmex reconoció la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, pero consideró que es indispensable que los gobiernos estatales constituyan unidades especializadas dentro de sus fiscalías, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.

Asimismo, piden que se coloque a la extorsión como una prioridad nacional de política pública, en la que también se combata con inteligencia a los grupos que operan bajo la ley, y asegurar que las empresas operen sin coerción.